La lucha contra la impunidad en El Salvador sufrió otro revés con una reciente decisión judicial que prohíbe procesar a quienes ordenaron la masacre del 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA).
En una polémica decisión, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia aprobó el pasado 29 de octubre una casación presentada por la defensa de varios generales, señalados como autores intelectuales de la matanza de seis jesuitas y dos asistentes en plena casa pastoral.
La medida trascendió horas antes de una audiencia de seguimiento sobre la Ley de Reconciliación Nacional aprobada por los diputados y vetada por el presidente Nayib Bukele, y que varias organizaciones de derechos humanos rechazan por considerarla una amnistía solapada.
A la abogada salvadoreña Leonor Arteaga, de la Fundación para el Debido Proceso, el fallo le indignó, pero tampoco la sorprendió mucho: en definitiva, como lamentaba san Oscar Arnulfo Romero, la justicia en El Salvador es como la serpiente, que solo muerde al descalzo.
"Esta decisión se suma a una larga cadena de resoluciones que amparan a los responsables de estos crímenes; es una pieza más en el ajedrez de la complicidad del sistema judicial salvadoreño para obstaculizar todos los intentos de justicia", comentó Arteaga a Sputnik.
La también integrante de la Comisión Nacional de Personas Adultas Desparecidas en el Conflicto Armado agregó que la medida viola lo estipulado por la Sala de lo Constitucional al derogar en 2016 la Ley de Amnistía aprobada en 1993 como requisito para acabar la guerra.
"La Sala advirtió en su resolución que las ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado constituyen crímenes de lesa humanidad y por ende no aplica la prescripción, y pueden ser perseguidos", enfatizó la jurista.
Sin embargo, la Sala de lo Penal estimó que el caso prescribió, y por ende, no podía ser reabierto, pese a que en septiembre pasado un tribunal de España condenó a 133 años de cárcel al excoronel Inocente Montano, por su papel en la cadena de mando que condujo a la matanza de la UCA.
Farol en la calle, oscuridad en la casa
"Es una vergüenza que El Salvador no juzgue en su propio sistema estos crímenes graves", lamentó Arteaga, respecto al proceso iniciado en 2017 contra los exmilitares de alto rango Juan Orlando Cepeda, Francisco Elena Fuentes y Rafael Humberto Larios.
Años atrás, el pleno de la Corte Suprema de Justicia se opuso a que los acusados fueran extraditados a España, con el argumento de que podrían ser juzgados en El Salvador.
"Sin embargo, ahora cierran filas y se aferran a una impunidad que ya no tiene lugar en El Salvador", denunció la jurista, para quien los argumentos de la Sala de lo Penal constituyen "una bofetada a las víctimas del conflicto".
La experta enfatizó que los obstáculos a la justicia "no son jurídicos, sino políticos", atentan contra el derecho internacional y contravienen incluso resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los crímenes de guerra y lesa humanidad.
Pocas esperanzas para la justicia
La casación blinda a los imputados y afianza el interés de sectores influyentes de pasar página al capítulo del conflicto armado que desangró a El Salvador entre 1980 y 1992, y que dejó unas 75.000 muertes, según una Comisión de la Verdad enviada por las Naciones Unidas.
Las reacciones en la sociedad civil no se hicieron esperar, con duras recriminaciones contra los magistrados José Roberto Argueta y Juan Manuel Bolaños, cuyos votos definieron el cierre del caso.
El exombudsman salvadoreño David Morales, principal litigante en el proceso para esclarecer la masacre ejecutada por militares en El Mozote y cantones aledaños en 1981, emplazó a Argueta y a Bolaño a responder por proteger a violadores de los derechos humanos.
"A un sobreseimiento corrupto de los acusados de matar a los jesuitas, le sucede ahora una confirmación de la validez del acto corrupto del pasado en la Sala de lo Penal", lamentó a su vez el padre José María Tojeira, exrector de la UCA y titular de su Instituto de Derechos Humanos.
En su editorial del 2 de noviembre, dicha entidad calificó de "corrupta" la sentencia que ratificó el sobreseimiento dado a los acusados en 2000, en desacato de la sentencia de inconstitucionalidad sobre la Ley de Amnistía, de obligado cumplimiento.
"Solo cabe decir que la sentencia de la Sala de lo Penal es corrupta y que los magistrados que la firman han caído en el prevaricato", recalcó la UCA, abanderada en la lucha por darle a las víctimas su añorada verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
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