El 5 de octubre de 2020 el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales anuló una sentencia de julio de un tribunal inferior que negaba al gobierno venezolano el acceso a 31 toneladas métricas de oro almacenadas en el Banco de Londres.
Nadie niega que este oro pertenece al gobierno de Venezuela, sin embargo, el Banco se negó a permitir al gobierno del presidente de Venezuela Nicolás Maduro acceder al oro: siguiendo el ejemplo del Ministerio de Exteriores británico, el Banco afirmaba que el actual presidente de Venezuela era Juan Guaidó.
A diferencia del presidente Maduro, Guaidó no ha ganado unas elecciones presidenciales ni está en la línea de sucesión para convertirse en presidente en ninguna circunstancia. Guaidó fue ungido por Estados Unidos, no por el pueblo venezolano. Tanto el Ministerio de Exteriores británico como los tribunales inferiores estuvieron de acuerdo con Washington, mientras que el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales basó su decisión en los hechos y la lógica.
La conclusión principal del Tribunal de Apelación es que aunque el Ministerio de Exteriores británico ha afirmado no reconocer el gobierno del presidente Maduro, sigue gestionando asuntos diplomáticos con representantes de este gobierno. La embajadora Rocío Del Valle Maneiro González presentó sus credenciales a la reina de Inglaterra en 2015 y durante estos cinco años ha representado al gobierno del presidente Maduro en Reino Unido.
El actual embajador británico en Venezuela, Andrew Soper, presentó sus credenciales al presidente Maduro el 5 de febrero de 2018 y sigue ejerciendo su cargo en Caracas. Estas relaciones diplomáticas básicas indicaron al Tribunal de Apelación que a ojos del gobierno británico el presidente Maduro “ejerce de hecho algunos o todos los poderes del presidente de Venezuela.”
La abogada de Guaidó, Vanessa Neumann, afirmó que el gobierno de Venezuela quería los 1.950 millones de dólares (según la cotización actual del oro) para poder “financiarse ilícitamente”, pero el abogado del gobierno de Venezuela, Sarosh Zaiwalla, argumentó que el gobierno iba a utilizar esos fondos para romper la cadena de infección del covid-19 y proporcionar ayuda a una población afectada por las sanciones unilaterales estadounidenses y por los trastornos provocados por la pandemia.
El Banco Central Venezuela afirmó que desea vender el oro para contar con fondos para pagar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUN) y para permitir al PNUD ayudar al gobierno a responder a la pandemia. Guaidó, el gobierno británico y Washington han rechazado incluso este canal de ayuda a través del PNUD y la única razón probable de ello es que deseen castigar al pueblo venezolano en medio de esta pandemia.
Dinero a cambio de medicamentos
El Instituto Tricontinental de Investigación Social y el Instituto Simón Bolívar han estudiado el impacto social de estas duras sanciones que impuso el gobierno estadounidenses en 2017. Las conclusiones de ambos institutos son que las sanciones primarias y secundarias han privado al pueblo venezolano de los medios para realizar un comercio básico: vender su petróleo y comprar alimentos, medicamentos y material educativo (las sanciones primarias impiden directamente que los ciudadanos y las empresas del país sancionador tengan tratos con el país sancionado; las sanciones secundarias impiden que una tercera parte, ya sea un país o una empresa, comerciar con el país sancionado).
Decenas de miles de personas han muerto en Venezuela de muertes evitables debido a la prohibición de comerciar con medicamentos y equipamientos necesarios, lo que ha puesto en dificultades al ya frágil sistema durante la pandemia.
Es escandaloso que se permita que estas sanciones unilaterales estadounidenses y su objetivo de provocar un cambio de régimen en Venezuela establezcan cómo puede Venezuela luchar contra el virus y la enfermedad. La Cuarta Convención de Ginebra (1949) estipula “están prohibidos los castigos colectivos”.
¿Qué quiere comprar el gobierno venezolano con los 1.950 millones de dólares que se entregarían al PNUD? Según las investigaciones del Instituto Tricontinental de Investigación Social y el Instituto Simón Bolívar, la idea es que el grueso de los fondos (600 millones) se destinen a comprar medicamentos para 400.000 personas hospitalizadas, medicamentos obstétricos para 550.000 mujeres embarazadas y medicamentos para las 243 farmacias comunitarias. Además, se planea destinar 450 millones de dólares a suministros médicos desechables para 400.000 operaciones, a 245 centros de salud y a 3.000 marcapasos.
Por último, se ha planeado destinar 250.000 dólares al suministro de reactivos para laboratorios (para hematología y serología) y a piezas de repuesto de diversos tipos de equipamientos médicos (incluidos los de radioterapia). Así es como al gobierno venezolano, en connivencia con el PNUD, le gustaría “financiarse ilícitamente”.
En mayo tres relatores especiales de la ONU escribieron que en Venezuela “los hospitales informan de una escasez de suministros médicos, de equipos de protección y de medicamentos”. Estos son exactamente los materiales que están en la lista de compras que el gobierno venezolano querría comprar con lo obtenido por la venta de las 31 toneladas métricas de oro.
Estos tres expertos, Olivier De Schutter (pobreza extrema y derechos humanos), Léo Heller (agua y saneamiento) y Kombou Boly Barry (educación) afirmaron que “especialmente a la luz de la pandemia del coronavirus, Estados Unidos debería levantar inmediatamente las sanciones globales, que están teniendo un grave impacto sobre los derechos humanos del pueblo venezolano”.
La investigación independiente del Instituto Tricontinental de Investigación Social y del Instituto Simón Bolívar coincide con la opinión de estos expertos de la ONU: las sanciones impuestas por Estados Unidos han repercutido negativamente en la capacidad del pueblo venezolano para prosperar y ejercer sus derechos humanos. Se deben levantar estas sanciones unilaterales.
De no ser así, creemos que se deben vender las 31 toneladas métricas de oro de Venezuela depositadas en el Banco de Londres, se debe entregar al PNUD el dinero obtenido y se debe enviar urgentemente a Venezuela los suministros médicos. Cualquier otra cosa es un crimen contra el pueblo venezolano.
Globetrotter ha producido este artículo.
Vijay Prashad es un historiador, editor y periodista indio. Es escritor y corresponsal jefe de Globetrotter, un proyecto del Independent Media Institute. Es director de LeftWord Books y de Tricontinental: Institute for Social Research. Ha escrito más de veinte libros, entre los que se incluyen The Darker Nations: A People’s History of the Third World (The New Press, 2007), The Poorer Nations: A Possible History of the Global South (Verso, 2013), The Death of the Nation and the Future of the Arab Revolution (University of California Press, 2016) y Red Star Over the Third World (LeftWord, 2017). Escribe regularmente para Frontline, The Hindu, Newsclick, AlterNet y BirGün.
Carmen Navas Reyes es directora ejecutiva del Instituto Simón Bolívar de Caracas, Venezuela.
https://rebelion.org/el-oro-robado-del-tesoro-de-venezuela-paraliza-su-capacidad-para-luchar-contra-el-covid-19/
