Un informante clave en el caso que tiene abierto EEUU contra el ministro de Petróleo de Venezuela, Tareck El Aissami, ha sido acusado de mentirle a las autoridades norteamericanas. Esto podría confirmar las declaraciones del Gobierno venezolano de que los casos se están construyendo con base en acusaciones inventadas para lograr un cambio en el poder.
El caso involucra millones de dólares que fueron transportados en aviones privados, en violación de las sanciones impuestas por Estados Unidos, de acuerdo con un reportaje realizado por la agencia The Associated Press.
El giro podría dañar el caso contra el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, a quien Estados Unidos considera como uno de los intermediarios del gobierno más corruptos de Venezuela.
También se produce luego de que se dieron a conocer revelaciones en otro caso de violación a las sanciones estadounidenses, en el que un juez federal vilipendió a la misma unidad de fiscales de Manhattan que tienen en la mira a El Aissami, por retener información exculpatoria sobre un empresario iraní que es visto como la conexión en las crecientes relaciones entre la República Islámica y Venezuela.
Alejandro Marín, piloto y empresario nacido en Venezuela, fue arrestado el 19 de septiembre en Miami bajo tres cargos de haber realizado conscientemente declaraciones falsas a los agentes federales de Estados Unidos, de acuerdo con documentos entregados a los tribunales.
Sin embargo, acusa a Marín de mentir sobre el equivalente a 140.000 dólares que desaparecieron de un paquete de 1,3 millones de euros en efectivo que él transportó en un avión privado a Estados Unidos en julio de 2018 bajo órdenes de las autoridades federales.
Marín, de 46 años, opera un negocio de vuelos chárter en el aeropuerto ejecutivo de Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, Florida. Fue registrado como fuente confidencial para ayudar a investigar al entonces vicepresidente (ahora ministro de Petróleo) El Aissami y a su supuesto testaferro, el empresario Samark López, de acuerdo con una persona familiarizada con el caso que habló bajo condición de anonimato para discutir la pesquisa en curso.
La Administración Trump etiquetó a los dos hombres como narcotraficantes en 2017, incautándoles cientos de millones de dólares de cuentas bancarias en Estados Unidos, así como dos yates, un avión privado y una residencia en Miami. De acuerdo con el Gobierno norteamericano, todo fue resultado de las ganancias ilícitas de los envíos de cocaína a los cárteles mexicanos que estuvieron coordinados al más alto nivel del gobierno y ejército venezolanos.
Posteriormente, los acusó de haber violado esas mismas sanciones luego de que supuestamente utilizaron compañías chárter con sede en Estados Unidos para organizar vuelos privados en aeronaves registradas como estadounidenses hacia Rusia, Turquía y Venezuela durante la campaña presidencial de Maduro de 2018, que la oposición acusó de fraudulenta.
De acuerdo con la orden de arresto, aproximadamente 140.000 dólares del dinero que se le debe al Gobierno estadounidense fueron retirados de los paquetes que Marín ayudó a transportar bajo instrucción de un asociado extranjero identificado como Individuo 1. Los investigadores dieron órdenes a Marín para que tratara de recuperar el dinero faltante.
Luego de que dos transferencias electrónicas fueron rechazadas, el dinero fue depositado finalmente meses más tarde a una compañía controlada por Marín, algo que él nunca dijo a los investigadores. Aproximadamente 90.000 dólares procedían de una organización afiliada a un equipo de fútbol no identificado, asociado con el Individuo 1, de acuerdo con el testimonio del agente especial Timothy McCann, de la oficina de investigaciones.
Dos años después, en agosto pasado, agentes federales preguntaron a Marín sobre los fondos que desaparecieron del paquete llamado Marin. En una serie de llamadas con los fiscales estadounidenses y en una reunión posterior en Manhattan, el piloto reiteró que no recuperó nada del dinero perdido.
Sin embargo, el 28 de agosto cambió su versión y dijo que después de consultarlo con su contador, recordó que había recibido 130.000 dólares por parte del Individuo 1, con una parte de ese dinero procedente de la organización asociada con el club de fútbol.
McCann no mencionó el nombre del equipo en su testimonio.
En 2015, El Aissami, quien es gran fanático del fútbol, fue añadido a la plantilla de un club de la primera división de la liga venezolana del estado de Aragua, el cual gobernó de 2012 a 2017. Una portavoz del club no hizo comentarios al respecto.
De momento no está claro qué impacto, si es que hay alguno, tendrán las nuevas revelaciones sobre el caso contra El Aissami y otros tres acusados que actualmente se encuentran bajo custodia de las autoridades federales de Estados Unidos. Solo uno de ellos, Víctor Mones, quien es propietario de la compañía registrada en Florida American Charter Services, se ha declarado culpable.
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