Amnistía Internacional lo advirtió el 13 de julio: “Los gobiernos deben rendir cuentas por las muertes del personal sanitario y de los trabajadores y trabajadoras esenciales a los que no protegieron de la COVID-19”.
Esta afirmación se basa en una investigación llevada a cabo en 79 países en los que han sido reportadas 3,000 muertes de médicos a causa de la pandemia.
En Centroamérica, con una tasa de letalidad total del 2.7 % , El Salvador tiene una tasa de letalidad de médicos de 9 %. Esta tasa de letalidad se calcula dividiendo el número de médicos fallecidos por COVID-19 (26 hasta el 15 de julio) entre el total de muertes reportadas por el Gobierno (286 hasta esa misma fecha).
El resto de países de la región tienen tasas de letalidad en médicos de 0 % en Guatemala; 2 % en Honduras y 5% en Costa Rica, donde hasta el 16 de junio se reportaba la muerte de dos médicos, uno en ejercicio y otro jubilado. Nicaragua no ha sido incluida en este análisis debido a que el Gobierno de Daniel Ortega reporta a la OMS cifras mucho menores a las que reporta el Observatorio Ciudadano COVID-19.
Rodolfo Canizalez, del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales, considera que las cifras de letalidad pueden ser diferentes, pues duda de la veracidad de las cifras oficiales de fallecidos por COVID-19. “Ahora bien, tener como valor absoluto 26 médicos fallecidos es inadmisible y en principio es el resultado de la falta de equipos de protección en la atención de pacientes enfermos por COVID-19”.
José Gonzalo Batres Baires, médico intensivista que ha luchado contra la pandemia en Alemania, considera que “el porcentaje de médicos fallecidos por COVID-19 es sin duda alarmante”. Él cree que se debe discutir si el número absoluto de galenos fallecidos (26) “corresponde con el comportamiento de la pandemia o no”.
“Para esto hay que considerar varios factores (modificables y no modificables). Un ejemplo de factor no modificable es el llamado “subregistro” porque es imposible hacer un cribado para toda la población y además se escapan pacientes que pasan como asintomáticos. Esto conduce a un sesgo en la estadística”, explica Batres Baires.
Entre los factores que él llama “modificables” están que se provea a los médicos con suficiente y adecuado equipo de protección personal (EPP). “Una vez se tiene el EPP, el personal de primera línea debe seguir un minucioso protocolo de bioseguridad antes, durante y después de entrar en contacto con potenciales focos de infección (hospitales, centros de salud, centros con aglomeraciones, etc.).
En el caso concreto de los hospitales, deben organizarse equipos de trabajo que puedan ser aislados si entran en contacto con un paciente positivo. Los grupos de turno deben estar armados de tal manera que si algún compañero de trabajo da positivo, el resto debe entrar en cuarentena hasta comprobar que no es portador del virus. Así se logra romper la cadena de contagio”, explica el intensivista.
Canizález coincide en que la falta de equipo adecuado para protegerse del contagio es la principal causa de la alta letalidad del COVID-19 entre los médicos, “así como la falta de medidas básicas, como el distanciamiento físico, entre el médico y su paciente”.
Pacientes, que según Canizález, carecen de “una conciencia clara de su responsabilidad para evitar ser agentes de contagio”.
El epidemiólogo José Adán Montes considera que además del número de médicos fallecidos es necesario conocer sus edades, el área hospitalaria en la que trabajaban (consulta externa, triage gripario, cuidados intermedios, cuidados críticos, anestesiología), pues el nivel de exposición que tienen los médicos en distintas áreas de trabajo “es importante”.
“Sabemos que a mayor edad es mayor el riesgo, que si hay enfermedad no transmisible concomitante aumenta el riesgo y otro factor de peso es el contar con el Equipo de Protección Personal adecuado, y bien utilizado. Es decir cumplir estrictamente el protocolo al momento de retirarse el equipo contaminado”, añade el epidemiólogo.
Además del control y protección del “recurso humano” de primera línea, Batres Baires explica que existen otras variables que deberían controlarse para descifrar si el porcentaje de médicos muertos en El Salvador es efectivamente mayor al de otros países.
“Por la información conocida y las denuncias hechas por el personal de salud, en nuestro país ha habido restricciones en el suministro del equipo en cantidad y calidad suficiente, y en muchos casos el personal ha denunciado el hecho de tener que comprar equipo de su bolsillo”, aseguró.
El doctor Montes considera que otro factor “es la improvisación de los hospitales para atender casos COVID-19 moderados, graves y críticos”. Desde su punto de vista, se ha dado “un proceso de ensayo – error”, con graves restricciones de planificación, adecuación, equipamiento, dotación de personal, implementación de las medidas de bioseguridad, capacitación del personal, supervisión y utilización de la información para implementar las acciones correctivas. “Un camino tortuoso que inició con el show del Hospital Saldaña en marzo y no se ve concluido con el show del Hospital El Salvador”, concluye.
Canizalez insiste en que, sin saberlo, los pacientes también han contribuido a la alta letalidad del virus entre los médicos. Al respecto, asegura que “hay reporte de médicos que enfermaron y murieron por el contacto con pacientes no hospitalarios sino de pacientes con contagio comunitario que pudieron no comunicar a su médico que padecían la enfermedad y eso fue contagio directo al médico que los trataba”.
Por otro lado, incluso en los hospitales, los médicos atienden pacientes con síntomas pero a los que no se les hace la prueba que confirme que tienen el virus. Algunos especialistas aseguran que en la UCI COVID del Hospital Rosales, con capacidad para 60 pacientes, la mayoría han sido ingresados sin una prueba que confirme que son positivos.
Esto permite que haya un falso registro de casos. Según Canizalez, los pacientes ingresados con problemas respiratorios o neumonías atípicas, pero que no se les hizo la prueba, no son contabilizados como pacientes COVID. Pero si se recuperan, tenga prueba o no, sí “son contabilizados como pacientes COVID”.
