Hoy en Argentina se ha conformado una triple alianza entre los grandes exportadores de grano y aceite, los 10 principales bancos privados que operan en estas pampas y, los fondos de cobertura poseedores de títulos de deuda argentinos. El campo de batalla es la depreciación de la moneda.
Los exportadores quieren más pesos por cada dólar que obtienen por vender productos argentinos en el mundo, si no, no venden, y no quieren que haya una empresa estatal en la producción, acopio y comercio de granos y aceites, por lo que van a hacer lo imposible para impedirlo.
Los bancos son socios necesarios de los primeros, al financiar esas operaciones y como instrumentadores con su documentación (Letras de Cambio, Carta de Créditos, etc.) y administran la conversión de divisas a pesos y viceversa y por su imprescindible intervención para comprar dólares al Banco Central y fugarlos.
Y los acreedores externos quieren quebrar la resistencia del gobierno plasmada en la propuesta de pago con un período de gracia de tres años (no abonar intereses ni capital hasta mayo de 2023) y después una tasa de interés del 0,5% anual a fin de que el país vuelva a crecer y así pueda cumplir con dichas obligaciones.
Si el valor de la moneda se deprecia no solamente sale más cara la deuda, sino que el gobierno, debilitado, debería aceptar las condiciones impuestas por sus acreedores.
La obligada intervención de la empresa Vicentin SAIC debe leerse en el marco de una pandemia que aísla a los habitantes, limita severamente el trabajo y la producción y obliga a los Estados (nacional, provinciales y municipales) a extremar los recursos para hacer frente al virus y asistir a la población. Finalmente y no como tema menor, con un sector de sectores medios que no entiende nada de nada, pero aceptan las mentiras de los grandes medios y de los Vicentin como si fueran verdad.
Sacando fuerza de debilidad, apoyándose incluso en la legislación vigente escrita por la dictadura de Videla, como la Ley 21.499, que contempla en el régimen de expropiaciones una “justa” indemnización y que “se pagará en dinero efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor”, el gobierno de Alberto Fernández anunció la intervención de la firma Vicentin SAIC y la remisión de un proyecto de ley de expropiación.
Un país cuyos sectores de mayores ingresos pueden comprar y fugar 86.200 millones de dólares en cuatro años (un cuarto del PIB anual argentino) no es un país pobre (sí injusto) y demuestra que esos sectores tienen altas tasas de ganancia y por ende capacidad de ahorro.
El problema es que ese ahorro en gran parte lo administran los fondos de cobertura que tienen fuerte participación en los títulos de deuda externa en moneda y en jurisdicción extranjera. Una comunidad de intereses en la que Black Rock (que es el fondo más grande por los activos financieros que administra) posee oficialmente el 6% del capital accionario de Glencore.
Y Glencore, que es una empresa multinacional con sede en Ginebra (Suiza) y que posee el 50% de la explotación de oro y cobre en Bajo la Alumbrera (Catamarca), que es socia en la firma Renova SA con plantas de biodiesel y glicerina en San Lorenzo y molienda de soja en Timbúes, con Vicentin SA del Paraguay.
Sabemos que los mecanismos más usuales para fugar capitales fueron siempre la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones y los auto préstamos (aparecen tomando deuda cuando en realidad parte o todo el crédito tiene origen en dólares que lo supuestos deudores fugaron y depositaron en esas instituciones que aparecen como acreedoras).
El caso Vicentin
Es el caso del Grupo Vicentin. De otro modo no se explica cómo su nave insignia, que factura por año el equivalente a unos 3.000 millones de dólares y que conforma un grupo económico con Algodonera Avellaneda SA, Industrias Frigoríficas Friar SA, Oleaginosas San Lorenzo SA, Vicentin Paraguay SA, Vicentin Europa, Vicentin Brasil, Vicentin SAIC sucursal Uruguay y Bodegas Vicentin, entre otras empresas.
Y, además es socia de la firma Renova SA junto a Oleaginosa Moreno SA —perteneciente a la multinacional Glencore— y Molinos Río de la Plata de Pérez Companc para producir biodiésel, que preside la terminal Puerto de Rosario a través de Gustavo Nardelli quien, junto a Alberto Padoan (que fue Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario) [1], serían los principales dueños del grupo, todos negocios y operaciones fuertemente rentables.
Sin embargo presenta una deuda que según el concurso abierto en que cada acreedor debió verificar el monto que les adeudan, suma a febrero de este año, en pesos y en divisas $ 100.300.000.000 (cien mil trescientos millones de pesos), equivalentes a unos 1.580 millones de dólares (se toma el tipo de cambio de la verificación de deuda de $ 63,40).
La empresa dejó de pagar sus obligaciones el 4 de diciembre de 2019, pero un día antes seguía recibiendo granos de terceros para acopiar, moler, exportar, transformar en aceite, etc., sin pagarlos, en un sistema impuesto que primero cobra la empresa y luego paga a sus proveedores.
El 10 de febrero de 2020 Vicentin SAIC presentó su concurso preventivo y posteriormente presentó una propuesta de pago que era una licuación de la deuda que no fue aceptada por los acreedores reales, incluido el Estado nacional por obligaciones aduaneras, impositivas y previsionales.
En base a las cifras analizadas, el gobierno tomó la decisión de intervenir la empresa para evitar aún una mayor concentración de un mercado fuertemente dominado por empresas extranjeras (Cargill; Cofco; Bunge Ceval; Louis Dreyfus; Glencore; etc). De esta manera, el Poder Ejecutivo busca controlar y evitar el incremento de la deuda de la compañía y al mismo tiempo ingresar en un sector que, en los últimos meses y debido a las restricciones en el mercado cambiario, incrementó la especulación financiera.
A las pruebas nos remitimos: la Sociedad Rural Argentina reconoce que en los primeros cinco meses del año se exportaron 64.500.000 toneladas, 9.600.000 toneladas más que en igual lapso del año pasado, y sin embargo la liquidación de las exportaciones es un 18% menor que en igual lapso del año 2019 [2].
Obviamente, por un lado retienen exportaciones y por otra parte las que realizaron tardan lo indecible para liquidarlas, especulando con la suba del valor del dólar. La intervención de Vicentin SA haría que aparezcan dichas ventas y dichos ingresos al país. Así, el Gobierno no solo podría tener injerencia en los precios de los alimentos, sino en término de liquidación de divisas necesarias para diagramar un plan económico, que es lo que la triple alianza trata de impedir.
Como dijo en la conferencia de prensa del lunes 8 de junio el presidente Alberto Fernández, al anunciar la intervención: “Es una empresa líder en el mercado agropecuario argentino. El objetivo es que siga funcionando y que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar con sus empleos (7.000 trabajadores directos) y que los 2.600 productores puedan seguir contando con una empresa para venderle lo que producen y que la Argentina siga teniendo un pie en un operador de esta envergadura”.
Por ejemplo, a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) le fue verificada una acreencia por casi cinco mil millones de pesos (unos 77.500.000 dólares), pero su Presidente, Claudio Soumoulon asegura que se le adeudan no menos de 90 millones de dólares.
Aparecieron 2.638 productores que dicen haber entregado granos al grupo económico, y no les pagaron. Incluso se queja de lo mismo la señora Vicentin de Rodríguez, y otros parientes también dicen que la firma Vicentin SAIC les debe plata por no pagarles dicha provisión.
El abogado de la Ciudad de Santa Fe, Mariano Moyano, que fue contratado por acreedores extranjeros del grupo Vicentin, afirma que existe una empresa -Nacadie Comercial SA- en Uruguay que le compra la producción de granos, harinas y aceites a Vicentin Uruguay SA, que esa firma le vende a su vez a Nacadie Comercial SA en Panamá y que existe una tercera Nacadie Comercial SA en la Argentina.
Cuando nos fijamos en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, efectivamente la firma existe y tiene domicilio fiscal en Boulevard Hipólito Yrigoyen 298 de la Ciudad de Reconquista (Departamento de General Obligado – Provincia de Santa Fe), que es el domicilio legal de Industrias Frigoríficas Friar SA, firma del grupo Vicentin, presidida por Cristian Padoan.
Para dilucidar todo esto, el gobierno tomó la decisión de intervenir la empresa y el Juez, Fabián Lorenzini, quién antes de ser juez fue asesor legal del Banco Nación Argentina en la Sucursal Reconquista, resolvió el viernes 19 de junio 2020 que continúe administrando la empresa la familia Vicentin. En ese juzgado se realizó la certificación de la deuda de Vicentin SAIC, en Reconquista.
Este grupo que supo tener un origen familiar en sus inicios en 1929 como algodonera en Avellaneda en el norte santafesino, termina en una red de sedes y sociedades vinculadas que operan en actividades sumamente rentables (que incluye empresas offshore) y, sin embargo, incurre en convocatoria de acreedores.
Su desarrollo exponencial con la dictadura militar queda demostrado en el mismo juzgado de Reconquista donde se tramita su concurso preventivo, que es donde Oscar Raúl Zarza, Efrén Venturini, Heraldo Salvador Sánchez y Adelqui Ramón Gavirondo presentaron la denuncia contra la familia Vicentin de que 22 obreros, entre ellos los 14 delegados de sección, fueron secuestrados entre enero y noviembre de 1976.
Muchos de ellos en la misma fábrica, señalados por el jefe de personal, en autos de la patota cuya nafta pagaba la patronal, con telegramas de despido coordinados con la Aeronáutica mientras estaban desaparecidos. Las fiscalías federales de Santa Fe y Reconquista están investigando la responsabilidad de Vicentin en la represión de los trabajadores y su complicidad e instigación de delitos de lesa humanidad.
Independientemente del futuro de la empresa, debe tener una intervención estatal nacional y provincial que estudie la problemática del grupo, que audite todas las operaciones y certifique los ingresos y egresos, la situación de proveedores y trabajadores y, la deuda con el fisco.
No es que el Estado se apropie de una empresa, es exactamente al revés, ellos los dueños, siempre usaron al Estado para endosarle sus deudas al pueblo argentino.
Notas
[1] El actual Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Daniel Nasini, aseguró que «hay muchísima desilusión» por el desenlace de la firma y que sus dueños faltaron su palabra.»Diversificaron mucho las inversiones en otros negocios. Tal vez sea mal manejo de la empresa, para no pensar mal y que hubo fuga”.
[2] Según informa CIARA-CEC el monto total liquidado en los primeros cinco meses del año asciende a 6.963.259.090 dólares un 18% menos que en igual lapso del año pasado.
Horacio Rovelli. Licenciado en Economía, profesor de Política Económica y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica. Analista senior asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
