La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Acnudh) entregó las conclusiones de visita a Chile, asegurando que se registró "un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos".
"De la información recopilada por la Acnudh, hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se han producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos", consigna el informe.
La oficina que encabeza Michelle Bachellet también constató casos de "violencia sexual" y "torturas" a detenidos.
El uso de la fuerza letal
Además, el documento denuncia que las fuerzas de seguridad del Gobierno de Chile utilizaron "fuerza letal con armas de fuego" en dos situaciones en las que su uso no era inevitable para proteger la vida.
"En dos de los casos documentados por la Acnudh aparece que se utilizó fuerza letal con armas de fuego donde no era estrictamente inevitable para proteger la vida", consigna el documento.
La Acnudh señala también que la policía chilena hizo uso de su armamento no letal de manera inadecuada e indiscriminada en contra de manifestantes, contraviniendo principios internacionales.
"La Acnudh considera que el número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara [aproximadamente 350] muestra que hay razones fundadas para creer que las 'armas menos letales' se han utilizado de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de lesiones", destaca el documento.
El organismo de la ONU acusó a Carabineros de Chile (policía militarizada) de un uso indiscriminado de escopetas antidisturbios, que usualmente disparan balines de goma no letales pero que en las últimas protestas, según un estudio de la Universidad de Chile, fueron cargadas con proyectiles que contenían varios metales, e incluso plomo.
"La escopeta antidisturbios se ha usado en manifestaciones pacíficas y fuera del contexto de enfrentamientos, resultando un gran número de personas heridas, incluso transeúntes, y personas que no cometieron actos violentos sino que se manifestaban pacíficamente", señaló Acnudh.
También, el organismo hizo referencia a los gases lacrimógenos utilizados para dispersar manifestaciones no violentas, de manera indiscriminada, afirmando que incluso fue usado cerca de varios hospitales.
El informe tiene un apartado especial para abordar el gran número de personas con lesiones oculares debido al actuar policial, consignando que 345 de ellas han debido ser atendidas o intervenidas por traumas oculares, y ejemplificó con el caso del Gustavo Gatica, un estudiante de 21 años que recibió perdigones en ambos ojos y quedó ciego.
Agresión policial sin distinguir entre manifestantes pacíficos y violentos
Carabineros de Chile ejerció represión contra manifestantes durante la crisis social sin hacer distinción si eran pacíficos o violentos, concluyó la Acnudh.
"Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficamente, utilizó fuerza no letal cuando la manifestación fue pacífica, con el objetivo aparente de dispersar la manifestación o evitar que los participantes llegaran al punto de reunión", afirmó la Oficina de la ONU.
Debido al actuar de la Policía en manifestaciones pacíficas, la ONU recomendó a Chile "asegurar que las personas puedan, durante las manifestaciones, ejercer sus derechos de reunión pacífica y a la expresión, sin restricciones ni riesgos innecesarios y desproporcionados para su integridad física y otros derechos humanos".
Además, pidió que se adopten "medidas para asegurar que el derecho penal no se utilice de ninguna manera para restringir a quienes ejercen sus derechos a reunirse pacífica y libremente, las autoridades deben abstenerse de dichos que puedan, de alguna forma, criminalizar la protesta".
Represalias contra periodistas y activistas
Asimismo, según el documento, periodistas y defensores de los derechos humanos de Chile sufrieron restricciones y represalias durante el periodo de protestas callejeras.
"Las personas defensoras de los derechos humanos, incluido el personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos, periodistas y los trabajadores de la salud han sufrido restricciones a su trabajo, así como represalias por el desempeño de sus funciones", consigna el informe.
El organismo de la ONU reservó un apartado especial en su informe para referirse a estos casos registrados durante la crisis, asegurando que "el personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile [INDH] ha estado sujeto a restricciones en su trabajo de monitoreo, y en algunos casos, informó represalias por parte de las fuerzas de seguridad".
"La Policía golpeó a un camarógrafo del INDH mientras caminaba de regreso a casa después de una manifestación el 25 de octubre en Santiago, aunque se identificó dos veces como personal del INDH, fue golpeado con bastones en la cabeza, las manos y las nalgas", detalló.
Asimismo, informó sobre la situación de la directora de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, quien recibió amenazas de muerte el mismo día que ese organismo publicó sus conclusiones sobre la situación en el país.
La Oficina de Bachelet documentó casos de dos trabajadores de medios de comunicación que resultaron heridos mientras realizaban sus funciones, un fotógrafo del Diario Concepción que resultó herido de disparos con armas antidisturbios mientras trabajaba, y un camarógrafo de canal de televisión Mega que mientras trabajaba, recibió un perdigón que le hizo perder la vista en su ojo.
Por último, explicó que la represión también fue ejercida contra otros grupos de ayuda como voluntarios de la salud, gente que ejercía ayuda de primeros auxilios e incluso, contra Bomberos que fueron detenidos por ayudar a manifestantes heridos.
El informe fue realizado por un grupo de expertos de la Acnudh llegó el 30 de octubre a Chile y recorrió las regiones de Antofagasta (norte), Coquimbo (norte), Valparaíso (centro), Metropolitana (centro), Maule (centro sur), Biobío (centro sur) y la Araucanía (sur), reuniéndose con autoridades locales, con activistas, ministros, manifestantes, víctimas, policías, autoridades locales y otros actores sociales.
El 14 de octubre en Chile iniciaron las manifestaciones contra un alza de 30 pesos (menos de un dólar) en el precio del pasaje del Metro de Santiago, que días más tarde fue anulada por el presidente Piñera.
Las protestas no amainaron, y empezaron a abarcar otros reclamos sociales, tomado un cariz mucho más intenso, que incluyó incendios, destrucción de varias estaciones de metro y decenas de manifestaciones en diversos lugares de Chile con marchas y cacerolazos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile recibió denuncias por violaciones a los derechos humanos a raíz del actuar de la Policía y militares, acusando torturas, abusos de poder, golpes y detenciones arbitrarias.
La Fiscalía Nacional investiga la muerte de 26 personas, cinco de ellas a manos de las Fuerzas Armadas y la Policía.
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