Canning House y el Grupo Parlamentario de Todos los Partidos (APPG) para Venezuela invitaron a Luis Almagro, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Dra.Tamara Sujú, abogada de derechos humanos, a una charla para hablar sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela el pasado martes 5 de noviembre en Londres.
El evento fue presidido por la Baronesa Gloria Hooper, una abogada y miembro de por vida de la Casa de los Lores por el partido Conservador, y Beatriz Pessoa de Araujo, socio corporativo de Baker McKenzie’s, una firma internacional de abogados y la presidenta de los fideicomisarios de Canning House.
Los patrocinadores del evento fueron BancTrust & Co, una compañía de inversiones venezolana, y la Sociedad Británica Venezolana y Cámara de Comercio del Reino Unido. La charla, por invitación personal, tuvo un nutrido público donde se encontraban algunos embajadores de países latinoamericanos, miembros del parlamento británico, miembros corporativos de Canning House, venezolanos residenciados en el Reino Unido y un grupo de periodistas. Entre los asistentes también se encontraba la pseudo ‘embajadora’ del autoproclamado ‘presidente interino’ venezolano Juan Guaidó.
El evento hubiera pasado desapercibido si no hubiera ocurrido el ataque físico y verbal que recibí mientras intentaba clarificar algunos aspectos de la narrativa de la OEA sobre Venezuela, y hacer preguntas en la sección de preguntas y respuestas del evento, después de las presentaciones de Almagro y Sujú.
Una investigación llevada a cabo desde Caracas y Londres sugiere objetivos en el campo financiero y de networking de este evento por encima del propósito de vilipendiar al gobierno venezolano en relación a su récord de derechos humanos con medias verdades, información fuera de contexto, exageraciones y, en algunos casos, mentiras.
Almagro & Sujú: un doble acto contra Venezuela
La lectura que Almagro hizo de su reporte no llevó más de veinte minutos. Fueron 20 minutos de un ataque sin parar contra el gobierno venezolano. Almagro enumeró los informes contra Venezuela y afirmó que en ese país es posible que se hayan cometido “crímenes contra la humanidad”, de acuerdo a un grupo de “expertos internacionales independientes”.
También mencionó programas como el “Plan Patria Segura”, impulsado por el presidente Nicolás Maduro en 2013 “con el objetivo central (de) establecer (…) un sistema de protección, patrullaje, comunicación nacional de todo el pueblo de Venezuela”, según palabras del propio Maduro.
De acuerdo con Almagro el “Plan Patria Segura” es parte de “las tácticas cada vez más organizadas y agresivas para ejercer control sobre el país” por parte de Maduro. El Secretario General de la OEA también se refirió al “Plan Zamora”, activado durante las protestas de 2017, como un plan que “llevó a Venezuela a un teatro de operaciones militares, donde cualquier persona crítica o en oposición al gobierno fue atacada como un enemigo interno”.
En realidad este plan, según el mayor general venezolano retirado, Cliver Alcalá, es "un plan estratégico y operacional que activa la defensa de la nación en caso de amenazas al orden interno que puedan significar conmoción social y política o ruptura del orden institucional". Nicolás Maduro activó el Plan Zamora ante los planes de golpe de Estado que aseguraba estaban en desarrollo contra Venezuela en 2017.
Almagro olvidó mencionar que en realidad fueron las protestas de la oposición de 2017 las que introdujeron en Venezuela un teatro de operaciones militares, con ataques con armas y explosivos dirigidos a fuerzas de seguridad y pueblo en general, la quema de edificios gubernamentales como clínicas, bibliotecas y universidades y la quema viva de personas.
Unas 23 personas fueron quemadas vivas por opositores en sus marchas cuando éstos sospechaban que las personas podrían ser simpatizantes del gobierno, y cientos quedaron con las secuelas por intento de quema u otra violencia física provocada por miembros de la oposición, en algunos casos paramilitares pagados, como se evidencia en este reporte reporte de Red 58.
Almagro habló de la Ley Contra el Odio, promulgada en Venezuela en 2017 para hacer frente a actos criminales como quema de personas, y la calificó como un arma del gobierno de Maduro contra cualquier persona lo critique. En realidad esta ley, que cuenta con un respaldo mayoritario de la gente, busca castigar severamente a quienes cometan estos crímenes nunca vistos antes en Venezuela.
De hecho, la percepción de la gente, según lo que observé durante mis visitas en agosto de 2018 y 2019, es que el gobierno ha sido débil en atacar de raíz estos crímenes de odio, que fueron una estrategia de la oposición venezolana similar a la usada en Ucrania y Nicaragua en años recientes para tumbar el gobierno legítimo en esos países y amedrentar a los partidarios de estos gobiernos.
Almagro concluyó su presentación diciendo “anhelo que hagan más y que el parlamento lo apruebe rápidamente (una legislación especial contra Venezuela). Necesitamos más sanciones..” y “las sanciones no están matando al pueblo venezolano, la dictadura de Maduro está matando al pueblo venezolano.”
El recuento de la Dra Tamara Sujú es un ejemplo clásico de repetición excesiva de palabras y argumentos para crear una hiperrealidad, es decir, una interpretación descompensada o desajustada de la realidad, que se admite como verosímil, y que llega a sustituir a la realidad en la que se basó.
En el discurso de Suju, la realidad y la ficción se tejen para presentar un país que no puedo reconocer, a pesar de haber viajado más de 10 mil kilómetros en agosto de 2018 y 2019 y hablar con al menos 800 personas (algunas de ellas entrevistas filmadas) para mi documental.
Durante 20 minutos Sujú mencionó 43 veces sinónimos de la palabra ‘tortura’ y 28 veces de la palabra “detenidos” y se embarcó en un recuento donde la hyperbole y las medias verdades reinaron. Pareciera que el gobierno de Maduro está dedicado las 24 horas del día a asesinar, torturar y detener a la gente. Sujú incluso mencionó con detalles un caso de tortura a una mujer en 2007, seis años antes de la llegada de Maduro al poder.
El gobierno venezolano promulgó en 2013 una Ley contra la tortura, el trato cruel, inhumano o degradante, donde algunas de las sanciones son más altas que las de un homicidio. Uno se pregunta por qué un gobierno empeñado en "torturar a las personas" creará un marco legal para castigar esos mismos crímenes de una manera tan severa.
Lo interesante de la intervención de Sujú es que los casos que menciona no se pueden negar. De hecho, podríamos tomar casos emblemáticos de abusos de derechos humanos en Colombia o México, por poner sólo dos ejemplos, y crear un expediente más abultado. Lo que llama la atención es la intención de este expediente contra el gobierno venezolano para caracterizarlo como una dictadura asesina y represora.
Entre los casos que menciona la también Directora Ejecutiva del Observatorio de Derechos Humanos del Instituto Casla, se encuentra el de Rufo Chacón, de 16 años, a quien el pasado 2 de julio le dispararon en el rostro. En este caso de abuso el Fiscal General, Willian Saab, actuó rápidamente y se detuvieron a los culpables, que terminaron siendo policías adscritos a la gobernación de Lady Gómez, miembro del partido de oposición Acción Democrática, pero el culpable es Maduro.
Otro ejemplo es cuando Sujú menciona que en los cinco meses de protesta del 2017 unas 25 personas perdieron un ojo o dos, y que este era un patrón de represión sistemático del gobierno de Maduro. En contraste, en Chile en los primeros 6 días de protesta hubo 140 casos de personas atacadas en los ojos y la cifra ya ronda más de 230.
Entonces, si en Venezuela esto fue un “patrón sistemático de represión” ¿qué podemos decir del caso chileno? Los casos que Sujú mencionó en detalle, son muchas veces puestos fuera de contexto, y las cifras que dio de detenidos y torturados no pueden ser confirmadas o verificadas.
Sujú, también coordinadora internacional de la ONG Foro Penal Venezolano, siempre ha tenido una posición favorable con respecto al impacto de las “guarimbas" (protestas opositoras) en los derechos fundamentales de la población civil, y tiene años con su narrativa sesgada contra el gobierno venezolano y su recuento selectivo con respecto a lo que ha ocurrido en Venezuela en los últimos años.
Por otra parte, según denuncias aparecidas en el diario “El Impulso” el abogado Alonso Medina Roa, ex miembro y fundador de Foro Penal Venezolano, aseguró que su expulsión de la ONG se produjo en febrero del 2018, porque días atrás había pedido información sobre un financiamiento que Foro Penal venía recibiendo, el cual jamás había sido reportado. Roa afirmó que "nunca ha habido reporte alguno del ingreso de un bolívar o de un dólar.
Jamás, desde que se creó". Y remató: "Nunca se ha presentado una información financiera, a pesar de que el Foro tiene un tesorero". Según Roa, esa organización no tiene una caja chica destinataria de financiamiento externo, ya que supuestamente los abogados de la organización hacen los gastos necesarios a su propio riesgo.
Sin embargo, según el portal de Misión Verdad, Foro Penal Venezolano contó en sus inicios con ayuda de Freedom House, institución estadounidense que se encarga de formar a personal y organizaciones no gubernamentales a cumplir técnicamente con las misiones propuestas por el mismo gobierno de los Estados Unidos.
Encima de eso, hay denuncias publicadas en la prensa venezolana donde familiares de presos dicen que Foro Penal les ha pedido que paguen en dólares por sus servicios de asesoría y representación.
El objetivo mercantil de este evento
BancTrust & Co se presentaba en su sitio de web hasta hace poco como un “banco boutique de inversiones” dedicado al mercado latinoamericano. Sus oficinas principales están en Caracas y poseen oficinas en Argentina, Estados Unidos y el Reino Unido, aunque según La Tabla “sus únicas operaciones reales parecen estar en Venezuela. Y su presencia física en Florida, Buenos Aires y Londres no ofrece certezas. De hecho, la mayor parte de los datos que suministran publicitariamente no pueden ser verificados o son abiertamente contradictorios.”
Este “banco”, que no tiene sucursales como tal y es más bien un grupo de servicios financieros, fue el que patrocinó este evento con Almagro junto con la Sociedad Británica Venezolana y Cámara de Comercio, cuya presidenta honoraria es la Dr Vanessa Neumann, la representante del ‘gobierno interino’ de Juan Guaidó en el Reino Unido.
Información en La Tabla indica que la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) de Venezuela y la Superintendencia de Bancos (Sudeban) detectaron movimientos inusuales relacionados con los delitos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo en transacciones de Banctrust en Caracas.
La Tabla explica que los hallazgos son parte de una investigación que involucra a "operadores financieros" de Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional que desde enero impulsa una ilegal "presidencia paralela". Sudeban, el regulador bancario, bloqueó el martes 12 de noviembre un total de 15 cuentas de personas que habrían colaborado con el manejo de fondos para la “presidencia interina.”
Mientras el miércoles 13 lo hizo con 12 cuentas, 5 de las cuales son de personas jurídicas o compañías que son parte del grupo Banctrust y las otras 7 de los directivos del conglomerado financiero dirigido por Carlos Fuenmayor Quintero, quien lo fundó oficialmente en 2010.
Un tuit de La Tabla indica la paradoja de que BancTrust & Co continúa la colocación de títulos de renta fija emitidos por tres clientes por más de 20 mil millones de Bolívares Soberanos, mientras impulsa en Londres una visión apocalíptica de Venezuela donde el terror a las torturas, detenciones y asesinatos por parte del gobierno son “una política sistemática”.
A esto se agrega la información confirmada por La Tabla (https://twitter.com/ latablablog/status/1195777046552752128) de que Carlos Ricardo Fuenmayor, CEO de BancTrust & Co está sancionado con 15 meses de suspensión en el negocio bursátil de EEUU por violar normas de registro. La sanción expira en agosto de 2020.
“Fuenmayor fue sancionado con una multa de 20 mil dólares por haber actuado como representante y director de valores de la firma Dakota Securities International, entre 2013 y 2015, sin estar registrado y autorizado para ejercer ninguna de las dos posiciones”, afirma La Tabla.
“Las actuaciones de Carlos Fuenmayor en Venezuela con operaciones de títulos públicos o de PDVSA en 2007 (y posteriormente) han sido opacas tal como se evidencia de procesos judiciales en EEUU.”, de acuerdo con La Tabla.
Otro dato llamativo según La Tabla “es que el ingreso de Banctrust & Co como miembro corporativo de Canning House fue en septiembre, apenas semanas antes del evento con Almagro. Esto evidencia que su interés estaba vinculado específicamente con usar el foro de Canning House para atacar a Venezuela.” Y agregaríamos que BancTrust & Co posiblemente quería establecer conexiones con el gobierno y las empresas del Reino Unido para futuras operaciones financieras cuando el objetivo de salir del gobierno de Maduro se logre gracias a la campaña que Almagro y Sujú impulsan en el mundo.
Según La Tabla BancTrust & Co está posiblemente tratando de aprovechar las ventajas que están dando unas licencias en las sanciones contra Venezuela. Hay un conjunto de licencias aprobadas en agosto por el gobierno de Trump (Licencias 3F, 9E y 5 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EEUU) para permitir la transferencia de títulos de deuda del gobierno o de PDVSA, la compañía petrolera venezolana, a ciudadanos no estadounidenses.
El negocio para BancTrust & Co seria vender a inversionistas europeos estos títulos de deuda a precios muy bajos, esperando que en un futuro, cuando la economía Venezolana se estabilice o ‘la OEA saque a Maduro del poder’, éstos cuesten más. De paso, con estas transacciones BancTrust & Co estaría limpiando su expediente, ya que en el pasado hizo negocios con el gobierno venezolano, por ejemplo, cuando en 2017 BT Capital Market, compañía parte de BancTrust & Co, fue contratada por PDVSA para organizar conferencias telefónicas del ministro de Finanzas, Simón Zerpa, con acreedores e inversores, según lo informó en su oportunidad el servicio IFR y la agencia Reuters.
BancTrust & Co usó su cuenta de Twitter para negar que su institución esté asociada a actividades ilícitas y trató de crear un hilo sin éxito. Su sitio de web está inactivo. Llamadas a su sede en Londres no fueron atendidas. Desde Caracas nos cuentan que están tratando de censurar la información presentada en artículos como éste.
https://la-tabla.blogspot.com/2019/11/la-oea-de-almagro-los-ddhh-se-cotizan_18.html
