Lo que ocurre en el último período de violencia en el Norte del Cauca es consecuencia de que el llamado Cartel de Sinaloa se decidió a utilizar de frente a las llamadas “disidencias de las Farc” y a otros grupos armados ilegales que actúan en la región, para aterrorizar a la población y derrotar al movimiento indígena que le declaró desde hace varios años la guerra al narcotráfico y a la minería ilegal.
En el período anterior a la desmovilización del grueso de las Farc no se había visto un nivel de violencia como el que actualmente se ha desencadenado.
A pesar de que la guerrilla fariana actuaba como la “policía rural” de los narcos, su discurso y posición política le impedían realizar las masacres que ahora las “disidencias” están realizando bajo la orientación y financiación de los narcos mexicanos, que son sanguinarios y no respetan ni se paran ante nadie ni nada.
La masacre de Tacueyó realizada ayer es su última acción.
Asesinaron a la Gobernadora del Cabildo, Cristina Bautista, a 4 integrantes de la Guardia Indígena, dejaron heridos otros 5 comuneros y aterrorizada a la población de esa vereda, corregimiento y región. Pero la seguidilla de atentados y asesinatos lleva varios meses.
La anterior fue la masacre de la candidata a la Alcaldía de Suárez, Karina García, su familia y sus guardaespaldas, pero vienen cayendo decenas de dirigentes indígenas y campesinos que se destacaban por su lucha y resistencia ante los poderes externos que quieren someterlos a su voluntad e intereses.
Los carteles mexicanos no son nuevos en Colombia.
Actúan como intermediarios entre los narcotraficantes colombianos y el mercado estadounidense desde los tiempos en que los grandes capos de Colombia se dividieron y enfrentaron entre ellos (Cartel de Medellín y Cartel de Cali), y los pequeños jefes que surgieron en las regiones (Pereira, Tuluá, Cartago, Tumaco, Buenaventura, Urabá, Catatumbo, etc.) decidieron dejarle el gran negocio de “saltar el charco” (pasar la droga a EE.UU.) a sus socios mexicanos para tratar de esquivar la extradición y no exponerse tanto.
Por ello se conformaron solo con las ganancias de la producción y participar de un porcentaje del negocio y tráfico global.
Para los grandes terratenientes dueños de los ingenios azucareros, los políticos de derecha enemigos de los indígenas y para muchos mandos del ejército oficial, que seguramente reciben incentivos por dejar que el negocio de la droga florezca en Colombia, la confluencia de intereses entre el Cartel de Sinaloa y otros carteles mexicanos, no es ningún problema.
Voltean a mirar para otro lado y se regocijan con la campaña de exterminio indígena y popular que se desarrolla ante los ojos de todos los colombianos, que anestesiados con el dinero del narcotráfico que irriga todos los negocios y llega a los bancos y supermercados de las grandes ciudades, también nos hacemos los locos creyendo que esa matanza se va a quedar en las montañas del Cauca.
Pronto Santander de Quilichao, Popayán o Cali, se convertirán en las nuevas Culiacán de Colombia, y el Cauca, Nariño y Valle, serán el Sinaloa de este país.
Entonces, ya será muy tarde para reaccionar y los gobiernos tendrán que hacer lo que ya hace el presidente López Obrador en México, o sea, a nombre de la paz y la reconciliación dejar que los grandes capos gobiernen ciudades y regiones con ejércitos de mafias armadas hasta los dientes.
Está visto y comprobado que mientras exista la política de prohibición de la droga (cocaína, heroína, opio, marihuana, etc.), es decir, mientras no se acabe el incentivo artificial que hace que ese negocio sea tan rentable, nuestros pueblos se van a ver sometidos por más altos niveles de violencia, corrupción, delincuencia organizada, y connivencia estatal, que es utilizada a la vez, como estrategia política y económica para mantener a la población atemorizada y controlada.
¡Y los narcos y los bancos, hacen la fiesta!
Popayán, 30 de octubre de 2019
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