Una ofensiva en dos tiempos, a ser desarrollada antes y después de las elecciones del 20 de octubre, forma parte de la estrategia de desestabilización que el bloque de oposición despliega contra Evo Morales y la continuidad del Proceso de Cambio.
La ofensiva general, en dos tiempos, contra el Proceso de Cambio y la continuidad de Evo Morales en la presidencia del Estado Plurinacional ha ingresado en su recta final, a dos semanas de que en Bolivia se celebren las elecciones generales de este 20 de octubre y que adquieren un valor geopolítico de gran importancia por el efecto que vaya a tener una semana después en Argentina y Uruguay.
No hay que ser brujos para detectar que esta dura arremetida de la derecha boliviana, respaldada desde fuera del país por Estados Unidos y de políticos bolivianos que se encuentran prófugos de la justicia, forma parte de la nueva estrategia general de desestabilización que se desarrolla contra Evo Morales desde el 21 de febrero de 2016, cuando una inédita forma de conspiración político-mediática logró impedir que en un referéndum diera visto bueno a la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado que habilitaría al líder indígena para las elecciones de este año.
El resultado de ese referéndum -en la que tuvo una activa participación la embajada de Estados Unidos, cuyo encargado de Negocios se reunió con Carlos Valverde, quien hizo detonar el llamado “caso Zapata”-, cargó de excesivo optimismo a la oposición y le hizo ignorar la relación de fuerzas real en el país, que de todas maneras seguía siendo favorable en términos generales al Proceso de Cambio.
Convencidos de que Morales estaba debilitado, en las dos siguientes semanas a ese acto electoral, los pedidos de renuncia del presidente del Estado Plurinacional no cesaron, aunque estaban focalizados en reducidos grupos de opinadores con cobertura mediática y dirigentes políticos con escasa representación.
El debate de alta intensidad sobre la legitimidad de Evo Morales después del referéndum del 21 de febrero subió de tono en septiembre de 2017, cuando un grupo de diputados y senadores del MAS presentó un Recurso Abstracto de Inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para habilitar a Evo Morales para las elecciones de 2019, sobre la base de derecho preferente establecido en la CPE y en la Convención Americana.
El 28 de noviembre de ese mismo año, una sentencia constitucional dio curso favorable al recurso constitucional.
La carta empleada por el gobierno y el MAS, de otras cuatro que tenía a mano para lograr el mismo resultado (renuncia de Evo tres meses antes de las elecciones, convocatoria a dos tipos de referéndum y el llamado a una nueva Asamblea Constituyente), dejó desubicada a la oposición por unas semanas, que solo atinó a volver a la queja como método de oposición.
Pero luego este bloque de oposición (partidos de derecha, medios de comunicación, jerarquía católica, algunos empresarios, dirigentes cívicos y plataformas ciudadanas) dio paso a una nueva escalada de su ofensiva.
Tres son los frentes desde donde la oposición llevó adelante esta nueva fase de la estrategia anti-Evo: el internacional, el político-conspirativo interno y el mediático nacional.
En el plano internacional la oposición recurrió a tres tipos de actores: primero, organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En ninguno de los dos tuvo éxito debido a la legalidad de la sentencia constitucional que habilitó a Morales, la constatación de que en Bolivia había disensos en democracia y a la existencia de jurisprudencia internacional, como la de Oscar Arias, quien fue habilitado para ir a la reelección en Costa Rica.
El segundo actor fue Estados Unidos, a través del Departamento de Estado y el Senado estadounidense que, cada uno por separado, emitieron declaraciones en las que le pedían a Morales respetar el resultado del 21 de febrero y le instaba –el primero- a no presentarse en las elecciones. El tercero, organismos privados de derechos humanos con vínculos con la derecha continental, analistas y medios de comunicación internacional.
En el orden interno, no obstante, la visión común de organizarse y apuntar juntos los misiles contra Morales, la derecha nunca pudo superar su división y la competencia entre las plataformas ciudadanas reproducía el mismo malestar.
Esta fragmentación se hizo evidente aún antes de que se promulgara la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y se acentuó apenas se lanzó la convocatoria a las elecciones primarias para enero de este año. El resultado, ocho partidos de oposición registraron sus candidatos para las primarias.
Lo que sí, en el plano interno, las protestas de las plataformas devenían en violencia contra militantes del MAS o contra sedes del Tribunal Supremo Electoral en La Paz y Santa Cruz.
El tercer frente es el mediático. Si bien no existe nada que pueda probar sobre la existencia de un mecanismo de coordinación a nivel de medios de comunicación, es evidente que medios y periodistas claramente opositores, además de columnistas y analistas, coincidían en golpear al presidente Evo Morales con el tema del 21F, la corrupción y el narcotráfico.
¿Desde dónde se articulaba a la tradicionalmente fragmentada oposición boliviana?
La pregunta no es difícil de responder. Solo Estados Unidos –desde dentro y desde fuera- tiene la capacidad de juntar a “moros y cristianos” tras el objetivo de arremeter contra Evo Morales.
Si bien se ha cuidado mucho de que el actual Encargado de Negocios, Bruce Williamson, no sea descubierto “con las manos en la masa”, como ocurrió con el embajador Philip Golberg en 2008 –por lo que fue expulsado ese año-, el alto diplomático estadounidense ha mantenido reuniones con Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Rubén Costas.
Ni qué decir de la ardua actividad de funcionarios estadounidenses y bolivianos que trabajan para ese país.
La recta final, en dos tiempos
El bloque opositor no ha podido impedir que Evo Morales se presente en las elecciones y que se ponga a la cabeza en las encuestas de intención de voto. Ni siquiera en encuestas manejadas por fracciones opositoras se ha podido evitar que el líder indígena aparezca primero.
Pero, mientras esa tendencia se profundizaba, dejando mal parado al ex vicepresidente del gonismo y presidente de octubre de 2003 a junio de 2005, Carlos Mesa, un hecho natural se presentó de manera inesperada, afectó el crecimiento electoral del candidato oficialista y eventualmente lo hizo retroceder unos puntos.
Los incendios en la Chiquitanía le dieron a la oposición una forma efectiva para sensibilizar a sectores de la población y crear la imagen distorsionada de que Evo Morales es el mayor depredador de la historia de Bolivia.
En ese contexto, lo hemos señalado en un anterior artículo publicado el domingo 15 de septiembre ( Oposición incendia la democracia en Bolivia ), es que el bloque opositor aprovecha el tema de los incendios para generar una plataforma de conflictos, como los protagonizados por el Comité Pro Santa Cruz -que en su cabildo de este 4 de octubre levantó las banderas del federalismo y de la desobediencia civil si Evo Morales triunfa producto de un supuesto fraude electoral-, por el Colegio Médico –que se opone al acceso de la gente a la salud y lleva más de 30 días en paro indefinido-, por los cívicos de Potosí –que piden mayor regalía por la explotación del litio, a pesar de que recién se está en los pasos iniciales de esta histórica reivindicación-, por un sector de los indígenas de las tierras bajas –que en una marcha hacia La Paz exigen que se levante el decreto de ampliación de la frontera agrícola-, y por un sector de los cocaleros de Los Yungas de La Paz, que siguen cuestionando la Ley General de la Coca.
Pues bien, calculado o no, la estrategia general para desestabilizar a Evo Morales ha ingresado en su recta final y esa ofensiva tiene dos tiempos: antes y después de las elecciones del 20 de octubre.
En la etapa de antes de las elecciones, el objetivo es impedir que Evo Morales sea reelecto en primera vuelta el 20 de octubre (ya que una segunda vuelta le sería mucho más difícil, porque no decir imposible).
Aquí hay tres grupos de actores con motivaciones y objetivos tácticos distintos.
Por un lado, hay una oposición de línea dura, cuyos principales dirigentes están fuera del país (Carlos Sánchez Berzaín, Manfred Reyes Villa, Branko Marinkovic y otros), que se opone a Morales, pero también a los candidatos de la oposición “por ser funcionales” al gobierno al presentarse a las elecciones. Aunque no lo dicen, se inclinan por generar hechos que obliguen a suspender las elecciones.
El segundo grupo está conformado algunos activistas, políticos y cívicos conducidos por Jorge Tuto Quiroga y Luis Fernando Camacho del Comité Pro Santa Cruz que, si bien son partidarios de apoyar a Mesa antes que a Ortiz, tienen por principal apuesta trabajar, dentro y fuera del país, para deslegitimar la figura de Evo Morales para antes y después de las elecciones. Una de sus cartas, hasta ahora fracasada, es que se presente una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para pedir una opinión consultiva sobre si la reelección indefinida es o no un derecho humano.
A pesar de sus esfuerzos y de anuncios cargados de sensacionalismo, ni Jair Bolsonaro ni Iván Duque se han prestado a ese proyecto, debido a problemas internos que arrastran en sus países.
El tercer grupo, es de los candidatos que se presentan en las elecciones. Esta línea de “meterle gasolina” a los conflictos sociales desarrollados por gremios, sindicatos y cívicos contra Morales, para que les beneficie electoralmente, los enfrenta entre sí y debilita el efecto que buscan.
Pero, como decimos más arriba, esta ofensiva tiene un segundo tiempo con variantes. Una en caso de que haya segunda vuelta y la otra de que Evo Morales sea electo para un cuarto mandato.
En caso de que haya segunda vuelta, tampoco es fácil para la oposición. Ya Oscar Ortiz ha anunciado de que no votaría ni por Morales ni por Mesa, ya que son dos proyectos que tienen vasos comunicantes y con los que su organización política tiene discrepancias de fondo.
La posición no es alocada, ni improvisada, pues forma parte de la convicción –no equivocada parcialmente-, de que los demócratas serán la carta alternativa de la oposición en las elecciones de 2024.
En caso de que en la segunda vuelta Mesa se imponga a Morales, es evidente que ese gobierno la tendrá muy difícil al tener las cámaras de diputados y senadores con mayoría a favor del MAS y movimientos sociales en las calles para defender las conquistas de estos 13 años.
En el escenario de que Evo Morales sea reelecto para un cuarto mandato, una de las resoluciones del cabildo cruceño ya es un adelanto de lo que el gobierno de izquierda deberá enfrentar: el ataque nacional e internacional montado sobre la idea del fraude electoral.
Esto implica la apuesta de la oposición para que hacia Bolivia se aplique casi la misma receta desplegada contra Nicolás Maduro de Venezuela y Daniel Ortega de Nicaragua, a los que además de criticarlos con el estigma de “dictadores” se los considera gobiernos ilegítimos y por lo tanto merecedores de que en su contra se materialice con todo su rigor la Carta Democrática Interamericana.
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