La junta directiva de la empresa periodística El Nuevo Diario, propiedad del grupo financiero Banpro Promérica, decidió suspender definitivamente su actividad comercial y de comunicación intempestivamente, para evitar una acusación penal contra su imprenta ARDISA, a la cual le fueron incautados esta semana material de propaganda anti gubernamental contratada por FUNIDES. Bobinas de papel y tinta aún tenía el rotativo en sus bodegas para continuar.
La decisión fue para salirle al paso a una acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación.
La decisión fue para salirle al paso a una acción penal por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Esta semana, la Policía Nacional retuvo un vehículo propiedad de la imprenta ARDISA del grupo El Nuevo Diario y Diario Metro encontrando que transportaban material impreso de propaganda para montar una campaña contra el gobierno, que viola algunos artículos del Código Penal por hacer llamados a la violencia y apología del delito, y además viola la Ley de Asociaciones porque eso no está dentro del rol y estatutos de FUNIDES, llamar a acciones contra el orden constitucional, exponiéndose a que su personería jurídica sea cancelada, y expuestos ante una acusación penal.
Pero su junta directiva, convocada de urgencia, decidió evitarse cualquier afectación posterior a la incautación del material ilegal que mandó a hacer FUNIDES y decidieron súbitamente dar por cerrada la empresa, liquidar sus inventarios y bienes, y prescindir de todos sus trabajadores… En su comunicado El Nuevo Diario no responsabiliza al gobierno por el cierre, aduce "dificultades económicas, técnicas y logísticas que hacen insostenible su funcionamiento".
Informe Pastrán
