Pasadas más de tres décadas de “guerra contra las drogas” promovidas por el Gobierno de EE. UU. los métodos implementados no han solucionado el problema.
Existe una gran contradicción entre los dichos y los hechos sobre el narcotráfico entre Estados Unidos (EE. UU.) y Colombia.
El 29 de marzo de 2019 Donald Trump planteó que el presidente colombiano, Iván Duque, es un “buen tipo”, aunque “no ha hecho nada por nosotros”[1].
Aseguró que han ingresado más drogas ilícitas desde Colombia a EE. UU., hecho que reprochó con el escueto estilo que lo caracteriza.
Ante el caso, la diplomacia colombiana guardó un silencio obediente, demostrando que su política nacional se debe ajustar a las necesidades de la potencia del Norte.
Hace algunos días, Trump emitió un memorando presidencial sobre los países productores de drogas ilícitas y el tráfico ilegal de estas sustancias.
En el documento se felicita a la Administración de Iván Duque por haber alcanzado niveles récord en la reducción del cultivo de coca y producción de cocaína heredados de su predecesor, además de impulsar el reinicio de la erradicación mediante aspersión aérea.
Afirma que EE. UU. continuará coordinando estrechamente con Colombia y “otros socios con ideas afines” en el hemisferio para “restaurar la democracia en Venezuela”.
El documento añade que “con el fin de la dictadura de Maduro plagada de elementos criminales, EE. UU. podrá trabajar mucho mejor con Venezuela para detener el flujo de drogas que salen de América del Sur.”[2]
Lo cierto es que la perpetuación de los esquemas de “guerra contra las drogas” en Colombia imposibilita una implementación efectiva de los Acuerdos de Paz, al tiempo que fortalece el tradicional rol de Colombia como irradiador de la seguridad hemisférica estadounidense en América Latina y el Caribe.
Guerra contra las drogas reloaded
Durante el gobierno de Duque se han hecho más visibles los cambios en la política antinarcóticos hacia Colombia realizados por la Administración Trump[3].
Si bien la discusión sobre la aspersión aérea de glifosato para fumigar los cultivos de uso ilícito se inició en el Congreso durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, el actual Gobierno uribista ha insistido en la priorización de éste método, aunque el mismo afecte cultivos de alimentos e impacte gravemente en la salud de las personas.
Otro mecanismo promovido por el oficialismo es el incremento de los Grupos Móviles de Erradicación Manual (GME), que se sobreponen al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) contenido en los Acuerdos de Paz.
Durante una visita a EE. UU. en febrero, Duque dijo que Colombia había logrado un récord en la erradicación forzada alcanzando 40.000 hectáreas en seis meses, lo que implicó un incremento en el gasto público de 21 mil millones a 100 mil millones de pesos (aproximadamente de 7 millones a 33 millones de dólares).[4]
No obstante, según UNODC la producción, especialmente de cocaína, ha ido en alza, pues si bien las hectáreas cultivadas disminuyeron entre 2017 y 2018 de 171.000 a 169.000, se estima que el rendimiento fue mayor en el último año, pasando de 1.058 tm. a 1.120 tm.[5].
Programas antinarcóticos
La orientación del Gobierno de Colombia se corrobora en la modificación hecha el pasado 27 de mayo al “Convenio general para ayuda económica, técnica y afín”[6]con EE. UU., cuyo objetivo es incorporar nuevos programas que contemplan asistencia técnica, equipos, planificación, capacitación, apoyo logístico y operacional por cinco años.
Estos programas están orientados a reducir el cultivo de coca y la producción de clorhidrato de cocaína al 50 por ciento de los niveles de 2017 para finales del 2023.
A estos se suman los programas actualmente en curso:
Apoyo a la aviación de la Policía Nacional de Colombia
Cooperación para la seguridad internacional
Fortalecimiento institucional y reforma del sector judicial
Lucha contra los delitos financieros y el lavado de activos
Reforma penitenciaria y carcelaria
Reducción de la demanda de drogas
Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) de la DEA
Programa de iniciativa andina (AIP) de la DEA
Para 2019, EE. UU. proyectó una ayuda en defensa y seguridad para Colombia de casi 231 millones de dólares compuesta por tres programas:
A lo anterior se suman los aportes de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a los Objetivos de Desarrollo (OD) contenidos en una nueva enmienda al acuerdo firmado con Colombia en 2015.
Por ejemplo, en el caso del OD “Presencia efectiva de las instituciones y Procesos democráticos en áreas focalizadas”, el flujo aumentó de 125 millones de dólares en mayo de 2018 a 165 millones en julio de 2019, es decir, casi el equivalente al INCLE.[8]
¿En qué se están invirtiendo esos 495.660 millones de pesos mientras el Gobierno despliega su presencia en los territorios a través de la Fuerza Pública, en lugar de financiar las instituciones para la implementación del Acuerdo de Paz?.
Venta de armas y profundización de la militarización
En este contexto, hay que mencionar que la venta de armas de EE. UU. a Colombia superó los 100 millones de dólares en 2016 y 77 millones en 2017[9] (el total del Plan Colombia fue de 14 mil millones).
Según el Comando Sur, “la lucha contra el tráfico ilegal de drogas se realiza para salvaguardar la seguridad nacional, y esta lucha es apoyada por programas de asistencia de seguridad ejecutados por el Ejército estadounidense por medio del Comando de Asistencia de Seguridad”.
El último ejemplo de este flujo es la transferencia de 60 helicópteros modelo TH-67 Training Bell realizada a inicios de agosto por un valor de más de 1,5 millones de dólares.[10]
Lo alarmante de ésta política es la tendencia a militarizar la Policía, dar atribuciones a las Fuerzas Armadas en seguridad interior y a la “securitización” de problemas sociales que pueden abordarse desde otro enfoque.
Asimismo, la criminalización de consumidores y pequeños productores sirve para solapar prácticas contrainsurgentes y activar instrumentos de represión con el fin garantizar la acumulación capital sin poner fin al narcotráfico.
La dimensión interna: boicot a los Acuerdos de Paz
La actual política antidrogas de EE. UU. en Colombia dificulta la implementación de los Acuerdos de Paz. Durante los Diálogos de Paz desarrollados en La Habana, la política de erradicación forzada y aspersión aérea con glifosato se redujo gradualmente.
Uno de los factores que influyeron fue la inclusión del “problema de las drogas ilícitas[11]” (punto 4) dentro de la agenda de negociaciones, que se articulaba a una Reforma Rural Integral (RRI) y un Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito.
El Gobierno de Santos decidió suspender las fumigaciones[12] tras reconocer el fracaso de dicha política y sus efectos en las comunidades rurales, punto de partida para avanzar en la sustitución gradual y voluntaria de los cultivadores de coca, marihuana y amapola.
Según la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de EE. UU. (ONDCP)[13], Colombia disminuyó de 209.000 a 208.000[14] las hectáreas cultivadas en 2018, no obstante, entre 2013 y 2016 el aumento fue de 128.500 hectáreas, aproximadamente.
El Gobierno de Iván Duque ha recurrido a estas cifras para justificar la remilitarización de diversas áreas rurales donde hubo repliegue de la Fuerza Pública durante el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), tomando como hipótesis que algunas zonas, como Norte de Santander, Cauca y Bolívar, no se acogieron al PNIS, según documenta la Fundación Ideas para la Paz[15].
Es de destacar que para el Gobierno colombiano las áreas que concentran la mayor cantidad de cultivos y, por ende, estiman una mayor producción de cocaína, se encuentran en la categoría “Zonas de manejo especial”, donde se incluyen: Resguardos indígenas, Tierras de las comunidades negras y Parques Nacionales Naturales.
Según el citado informe del SIMCI, dicha concentración abarca 295.000 ha. y proyectan una producción de cocaína del 30 % nacional, que coinciden con los siguientes departamentos: Cauca[16], Nariño, Putumayo, Caquetá, Antioquia y Norte de Santander.
Llama la atención que en dichas zonas se articulan tres aspectos relevantes: militarización, presencia paramilitar y asesinato de líderes y lideresas sociales, como lo demuestra el informe de seguimiento multipartidista a la implementación del Acuerdo de Paz[17].
Hacia afuera: garantizar la seguridad (estadounidense)
El Plan Colombia ha sido punta de lanza para los lineamientos de seguridad hemisférica estadounidense en el siglo XXI.
En años recientes, Colombia pasó de ser considerado “Estado fallido” a exportador de seguridad con dos especialidades: contrainsurgencia y antidrogas. Por lo menos desde 2009, EE. UU. financió a la Fuerza Pública colombiana para impartir capacitaciones sobre operaciones especiales y antinarcóticos en Centroamérica, México, Paraguay y Perú, entre otros.
En 2012, con el “Plan de Acción sobre Cooperación en Seguridad Regional” Santos y Barack Obama acordaron ampliar la cooperación para coordinar la asistencia militar y policial a terceros países, y en 2013 Colombia solicitó la incorporación como socio global de la OTAN, otorgada en 2018.
Colombia se mantiene como foco irradiador de la seguridad hemisférica estadounidense en la región. Prueba de ello es el Programa de Cooperación para la Seguridad Internacional, recientemente renovado, que brinda capacitación en temas de seguridad a terceros países.
Ya durante el Gobierno de Santos se había extendido la cooperación regional en administración de justicia[18] para implementar el modelo de juicio oral reformado durante la primera fase del Plan Colombia.
El rol de Colombia en la ofensiva contra Venezuela es la principal muestra del “logro” de décadas de alineamiento a los dictámenes de Washington. Vale recordar que, en 2010, un grupo de especialistas realizó una Misión de Política Exterior con el fin de evaluar el desarrollo de la diplomacia durante los dos períodos de gobierno de Álvaro Uribe Vélez y formular una hoja de ruta para su sucesor, Juan Manuel Santos.
En el documento se recomendó, con respecto a Venezuela, “que se respete el derecho de ese país a la autodeterminación y Colombia no intervenga en sus asuntos internos”[19]. La recomendación venía a colación por la actitud de Uribe ante situaciones de tensión binacional; la última de ellas: la firma de un acuerdo militar entre Colombia y EE. UU. que autorizaba al segundo a utilizar siete de sus bases militares[20].
Pasadas más de tres décadas de “guerra contra las drogas” promovidas por el Gobierno estadounidense, es imposible sostener que la interdicción, la criminalización de cultivadores y consumidores, la fumigación con glifosato o la erradicación forzada hayan dado cualquier solución al problema de las drogas ilícitas. Sin embargo, el Gobierno de Colombia no da muestras de pretender una política soberana y, menos aun, liderar en el escenario internacional una visión alternativa a las presiones del Norte.
[1] https://www.semana.com/opinion/articulo/posicion-de-duque-a-senalamientos-de-trump–columna-de-jeremy-mcdermott/608055
[2] https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-presidential-determination-major-drug-transit-major-illicit-drug-producing-countries-fiscal-year-2020/
[3]https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/trump-pide-incrementar-ayuda-antidrogas-para-el-colombia-en-2020-336322
[4] https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2019/190329-Comunicado-de-prensa-del-Ministerio-de-Relaciones-Exteriores.aspx
[5] https://www.unodc.org/documents/colombia/2019/Agosto/Informe_de_Monitoreo_de_Territorios_Afectador_por_Cultivos_Ilicitos_en_Colombia_2018_.pdf
[6] http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/sitepages/menu.aspx Enmienda N°. 38 al Anexo al Convenio General para Ayuda Económica, Técnica y Afín entre el Gobierno de los EE. UU. y el Gobierno de Colombia, firmado el 30 de agosto de 2004. Bogotá: 27 de mayo de 2019
[8] http://apw.cancilleria.gov.co/tratados/sitepages/menu.aspx Enmienda N°. 12 al Acuerdo de Donación de Objetivos de Desarrollo de junio de 2015, entre el Gobierno de los Estados Unidos a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los EE. UU. (USAID) y el Gobierno de la República de Colombia. Bogotá: 29 de julio de 2019.
[9] https://securityassistance.org/pt-br/data/country/arms/country/2014/2019//South%20America//all?language=pt-br
[10]https://www.southcom.mil/Media/News/Article/1925847/us-sends-60-training-helicopters-to-colombia/
[11] http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Documentos%20compartidos/24-11-2016NuevoAcuerdoFinal.pdf
[12] Las fumigaciones se iniciaron en Colombia durante el Gobierno de Julio César Turbay en 1980, tras la firma del Tratado de Asistencia Mutua con EE. UU., a través del cual recibió financiamiento y capacitación para la lucha contra las drogas. El agente químico utilizado para las fumigaciones ha sido RoundUp Ultra, un producto de la empresa Monsanto.
[13] El método y la tecnología empleada por éste organismo difiere de la UNODC, y calcula un área cultivada mayor que el organismo de Naciones Unidas.
[16] https://www.elespectador.com/noticias/nacional/cauca/militarizacion-en-el-cauca-la-discusion-de-fondo-tras-el-ataque-la-guardia-indigena-articulo-876200
[18] http://www.ministeriodejusticia.gov.py/index.php/noticias/intercambio-de-experiencias-para-el-modelo-nacional-de-rehabilitaci%C3%B3n-y-reinsercion-social-entre-paraguay-y-colombia
[19] https://www.semana.com/nacion/relaciones-exteriores/articulo/lo-propone-mision-politica-exterior/115586-3
[20] https://lasillavacia.com/sites/default/files/media/docs/5109/acuerdo_ee-uu-colombia_comentado.pdf
https://www.celag.org/guerra-infinita-eeuu-y-las-drogas-en-colombia/
