Si miras a distancia los cerros de la provincia chilena de Petorca, ves parcelas fértiles y áridas que parecieran haber sido intercaladas al azar. Sin embargo, si miras de cerca te das cuenta de que allí nada es fortuito: lo verde son plantaciones de paltos y cítricos, y lo marrón, tierras secas. Por ningún lado se ve agua. Sputnik te cuenta por qué.
Imagínate que hoy llegas a tu casa y abres el grifo esperando que salga agua para beber, lavarte las manos, regar las plantas o cocinar, pero no sale ni una gota.
Al rato te enteras que tampoco a tu vecino, ni a la señora que vive en la otra punta de la ciudad. El lugar donde creciste, cultivaste tu propia comida y criaste a tus hijos se acaba de secar completamente: no hay agua en los ríos ni arroyos de tu provincia.
Imagínate que el Gobierno ofrezca solucionar el problema que afecta a casi medio millón de personas llevando agua en camiones cisterna a ciertos puntos de la ciudad, y que a partir de ese momento, adultos mayores y jóvenes (cuando no niños) tengan que caminar metros o kilómetros para buscar 50 litros de agua (lo que entra en un tacho de pintura).
Imagínate que esa cantidad debe rendir para todos los quehaceres domésticos y la higiene personal.
Imagínate estar en esa situación y ver, por la ventana de tu casa, un verde entremedio de tanto marrón: árboles robustos entremedio de la sequía, piscinas repletas de agua entremedio del peregrinaje y la impotencia.
Así viven desde al menos ocho años 400.000 personas que habitan las zonas aledañas a las plantaciones de aguacate que están a 220 kilómetros al norte de Santiago, en la provincia de Petorca, región de Valparaíso, en Chile.
"Cambió algo tan simple como lavar ropa. Las mujeres, que hace unos 10 años podían lavar en lavadoras eléctricas, hoy vuelven a lavar a mano porque ya no sale agua por las llaves, en el fondo sale aire nomás.
A la gente le ha cambiado la vida", dijo a Sputnik Lorena Donaire, miembro del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima) de Chile.
Históricamente Petorca fue una provincia ligada a la minería, aunque ahora su principal actividad económica es la agricultura que se desarrolla en torno a los valles de los dos principales ríos de la provincia, Petorca y La Ligua. Antiguamente la zona se destacaba por el cultivo de trigo, legumbres, papas y cítricos, hoy por la producción de aguacates.
La provincia de Petorca es la segunda con mayor cultivo de aguacates del país. Según cifras de Modatima, entre 2016 y 2017 la Asociación Gremial de Agricultores de la Provincia de Petorca, que reúne a la mayoría de los empresarios de la zona, exportó 25 millones de toneladas del fruto; en palabras de Donaire: "utilizó 9.650 millones de litros de agua".
En la década de 1990, con el retorno de la democracia al país, políticos y empresarios comenzaron a comprar las laderas de los cerros, eliminaron los bosques nativos, instalaron sus industrias agrícolas y desviaron cauces naturales o directamente robaron agua de los acuíferos para regar sus plantaciones.
Hoy se riegan con agua extraída de las napas subterráneas de los dos principales ríos, que superficialmente se secaron hace 10 años y solamente tienen agua unos pocos días durante el invierno. El Río Petorca fue declarado agotado en 1997 y el Río Ligua entró en la misma condición en 2004. El descenso del agua de las napas subterráneas es sostenido.
"Ya desde 1995 comenzamos a ver la debacle de la escasez hídrica", recordó Donaire.
En ese entonces el Gobierno aún no repartía agua en camiones cisterna, ni se veía diariamente morir animales. Actualmente, casi una década después de que los habitantes tengan que acarrear su propia agua en un balde, la debacle se está viendo en la tierra seca, en los animales muertos, pero también en los cuerpos de las mujeres que por los sacrificios que deben hacer para conseguir agua, han sufrido prolapsos.
"Es muy compleja la vida acá. No es lo mismo que yo lo cuente a que uno lo viva. La gente todos los días ve morir a sus animales, las tierras secas, se enferma, y por otro lado, al agroindustrial con todos sus predios llenos de paltas verdes y los cerros plantados", señaló Donaire. La situación es tan crítica que "una familia completa se está bañando con la misma agua diariamente", advirtió.
Algunos senadores, el Colegio Médico de Valparaíso, Modatima y crianceros y agricultores de la provincia de Aconcagua están pidiendo al Gobierno que declare a la provincia de Petorca "zona de catástrofe".
Sin embargo, el pasado 16 de agosto, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, descartó la posibilidad de decretar zonas de catástrofe por la sequía; actualmente 17 comunas de las regiones de Coquimbo y Valparaíso se encuentran en "emergencia agrícola" por escasez hídrica; la ayuda la recibirán sólo quienes están inscriptos en los programas del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).
¿Por qué no hay agua?
Los empresarios agrupados en el Comité de Paltas de Chile alegan que la escasez de agua en la región de Valparaíso es consecuencia de la "extensa sequía producida por el cambio climático y la deuda histórica de infraestructura pública de regulación del recurso hídrico".
Chile es reconocido internacionalmente por ser uno de los países más afectados por el cambio climático. Además, las zonas centro y sur del país arrastran desde hace decenios una tendencia a la disminución de las precipitaciones de hasta un 7% por década en algunos puntos.
Sin embargo, Modatima asegura que la sequía —y la desigualdad que la falta de agua ha generado— es producto de la ausencia de normas de ordenamiento territorial que regulen los cultivos según las capacidades de recarga y flujo de agua en las cuencas.
También de la mercantilización de las aguas, que tiene como protagonistas a las agrícolas de la zona y al Estado, que ha hecho la vista gorda sobre el asunto y no ha cambiado la legislación que regula los usos y derechos de las aguas.
Chile tiene un modelo de aguas único en el mundo. En agosto de 1981, durante la dictadura de Augusto Pinochet, se aprobó el Código de Aguas, que en su artículo 5 establece que el recurso es un "bien nacional de uso público", pero que su "derecho de aprovechamiento" es privado.
La normativa se basa en la idea de que el acceso al agua es un bien económico, y como tal, la forma más eficiente de gestionar su asignación es a través del mercado, precios y los derechos de propiedad privada. En otras palabras, los "dueños" del agua serán quienes decidan a quién otorgarla, cómo utilizarla, y quienes gocen de sus réditos.
El Código de Aguas chileno es considerado un "ejemplo paradigmático de reforma del libre mercado" en el mundo. Establece la protección al derecho de propiedad privada "más fuerte en el mundo", sin posibilidad de que el Gobierno interfiera con mecanismos regulatorios, escribió el ingeniero agrónomo chileno Eduardo Baeza Gómez en el informe que presentó sobre el tema ante el Congreso Nacional en abril de 2018.
¿Cómo se consigue el agua?
Los derechos privados sobre el agua pueden ser adquiridos a través de una "acción administrativa" de la Dirección General de Aguas (DGA) o comprados a través del mercado del agua. No obstante, en muchas partes del país el mercado "se encuentra totalmente –o casi totalmente– asignado a usuarios privados", sin existir ninguna asignación histórica de agua para, por ejemplo, el medio ambiente, según Baeza Gómez.
"En esa mercantilización de las aguas, todos los que podían inscribían [ante la DGA] su pozo, los litros de agua por segundo.
Lo hacían sin miramientos. (...) Finalmente las aguas se empezaron a entregar gratuitamente y a perpetuidad", describió Donaire.
En los años 90 se generó un sobreotorgamiento de derechos de los ríos Petorca y La Ligua que agotó sus aguas superficiales. Según un estudio de 2018 de la Fundación Chile, en el caso de La Ligua, los derechos de agua se sobreotorgaron un 29%; el río Petorca se encuentra en estrés porque se otorgaron casi el 90% de los derechos de agua disponibles.
La investigadora Paola Bolados, del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, publicó un artículo en el que indica que en la década del 2000 las compañías agroexportadoras iniciaron una "guerra por las fuentes subterráneas", que también sobreexplotaron y acapararon sus derechos de uso.
"Este modelo beneficia a unos sectores de la población en desmedro de los otros, los más pequeños. (...) Como no hay agua, las comunidades comenzaron a empobrecerse, se empezó a perder la agricultura familiar campesina: antiguamente la gente podía tener sus animales, su propia leche, su propio queso, hoy no", aseguró Donaire.
También se vieron perjudicados los pequeños agricultores que comercializaban sus productos, personas mayores que toda su vida han vivido y trabajado en esas tierras.
El Gobierno les ha ofrecido soluciones que no los benefician: préstamos del Indap imposibles de pagar, o que vendan las cabezas de ganado o caprinos que hayan sobrevivido a la sequía y se vayan a trabajar a las minas de la zona.
Donaire resaltó que, para ellos es "difícil" escuchar al Gobierno pedirles que "dejen todo a favor de estos señores que tienen tomadas las aguas".
Según el estudio de Bolados, gran parte de los derechos de agua en la provincia de Petorca se concentra en apenas cuatro familias que tienen concentrados de más de 2.323 litros por segundo.
Los que tienen el poder
Desde 1990, cuando terminó la dictadura, se ha intentado reformar el Código de Aguas en al menos ocho ocasiones. El último proyecto ingresó al Congreso el 17 de marzo del 2011, pero aún no ha prosperado. Durante el Gobierno de Michelle Bachelet (2014-2018) se le dio un leve empujón hasta que quedó encajonado en la Comisión de Agricultura del Senado, que actualmente lo está revisando.
El proyecto fija el agua como un bien público y un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado y, entre otras disposiciones, determina un uso prioritario y termina con las concesiones a perpetuidad, que pasarían a ser "indefinidas" (aunque no se aplicaría de forma retroactiva).
No obstante, el Gobierno de Sebastián Piñera quiere modificar este último punto y mantener la entrega de derechos permanentes a privados.
En consonancia se manifestó la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) que —secundada por las grandes cámaras empresariales—, publicó el pasado julio un inserto en 18 diarios del país en contra el proyecto.
"No toquemos el derecho de propiedad y de certeza jurídica que es parte fundamental del desarrollo de un país", dijo el presidente de la SNA, Ricardo Ariztía, según un artículo publicado por el noticiero local El Mostrador.
El secretario general de Modatima, Rodrigo Mundaca, dijo al medio chileno que la publicación demuestra que "los poderes fácticos de siempre exigen certeza jurídica para continuar perpetuando la privatización de las aguas".
A su juicio, estos grupos la piden para "seguir lucrando con el agua a costa del pueblo sencillo, a costa de depredar ríos e hipotecar la vida de las comunidades".
¿Cuánto cuesta el agua?
Un litro por segundo equivale al riego agrícola de entre una y cuatro hectáreas (dependiendo del tipo de cultivo y la eficiencia de riego); el consumo de agua potable y saneamiento de 250 personas, según La Tercera.
La venta de un litro de agua por segundo en la región de Valparaíso oscila entre los 6.900 dólares y los 208.300 dólares, según el sitio web de compra y venta de agua chileno Compragua. Si bien la legislación limita la entrega en situaciones de escasez o restricción, no se ha frenado del todo esta práctica, aunque ha disminuido mucho.
El aguacate: riqueza de unos, pobreza de otros
El aguacate es un fruto tropical que requiere mucha agua. Según cifras del Comité de Paltas publicadas en marzo de este año, consumen 427 litros de agua por kilo en Petorca, menos agua que otras plantaciones o alimentos, como el arándano y maíz de grano; o la uva de mesa que se planta en Aconcagua.
Los empresarios aseguran que, además, los bosques de aguacates "combaten la desertificación" y capturan más CO2 que el que se genera en el proceso de producción y comercialización.
Sin embargo, gran parte de las plantaciones se encuentran en suelos no aptos para el cultivo agrícola, factor que aumenta el peligro de degradación de las tierras, según una investigación realizada por el Centro de Estudios de Recursos Naturales de Chile en abril de 2007.
No obstante, Donaire hizo énfasis en que "lo importante es que si calculamos la cantidad de litros por cada kilo de aguacate que se produce, nos da una cifra exorbitante de consumo de aguas de cuencas que ya están declaradas agotadas".
Según datos de diciembre de 2018 publicados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile, en 2017 se plantaron 29.289 hectáreas en el país. Los aguacates en Petorca ocupan el 16% de la superficie plantada. Según Modatima, la Asociación Gremial de Agricultores de la provincia, donde están aglomerados los productores más grandes, utilizó 9.650 millones de litros de agua entre 2016 y 2017.
Además de acabar con el agua, "los cultivos de aguacate cambian todo el ecosistema porque tienen que deforestar nuestros bosques esclerófilos, se produce erosión y sobrequimizacion de los suelos y cambios en la escorrentía superficial", agregó Donaire.
Como si no pasara nada
Los agroexportadores han sido denunciados por acopiarse de agua de forma indebida en reiteradas ocasiones. El ministerio de Obras Públicas chileno ha investigado denuncias por extracciones ilegales de aguas y desvíos de cauces naturales.
A partir de 2011 salieron a la luz varios casos de robo que terminaron en sanciones administrativas para figuras de reconocida trayectoria empresarial y política.
Entre ellos el dos veces exministro Edmundo Pérez Yoma, propietario de Agrícola Cóndor, quien fue sancionado en 2017 por la Corte Suprema, junto a otros propietarios agrícolas.
Según los últimos datos públicos del MOP, actualmente hay 167 expedientes abiertos por extracción irregular.
En la provincia de Petorca Modatima ha advertido de al menos siete irregularidades que tienen puntos de extracción de agua por sobre lo autorizado en 2019:
La Agricola Petorca S.A tiene uno.
La Agrícola El Frances Spa tiene tres.
José Hernanz Aguilo tiene uno.
José Luis Osorio Rodríguez tiene uno.
La Agrícola Viento Norte (propiedad de Ignacio Alamos) tiene tres puntos.
La Agrícola Granada FR Limitada tiene uno.
El Centro de Servicios Hector E.I.R.L Cona Guzmán, tiene uno.
A todos ellos los han multado. Sin embargo, Donaire aseguró que lograr las multas implica que los pequeños y medianos agircultores de la zona sean atosigados con fiscalizaciones y multas millonarias.
"Es para que la gente no nos tenga nada de cariño. La gente nos pide que no denunciemos porque después los multan. La gente tiene miedo", contó.
