Detrás de cada aguacate, en muchos casos hay una historia de violencia, dolor y sufrimiento para quienes lo producen. Por ejemplo, la familia Orozco Medina, de Michoacán (México), que fueron despojados de su huerta tras sufrir tres casos de desaparición forzada, una detención arbitraria, secuestro y un atentado grave.
El auge del consumo de aguacate en el primer mundo para muchas de las familias que se dedicaban al cultivo de esta fruta, se convirtió en un martirio. Según datos oficiales, casi el 80% del aguacate que se exporta de México se produce en Michoacán, un estado paradisíaco en la costa del Pacífico.
Ese estado fue también la zona elegida para el lanzamiento de la estrategia de la llamada 'Guerra contra las Drogas', que militarizó una región compleja con consecuencias serias en la seguridad de su población. De eso sabe mucho la familia Orozco Medina, una de las aguacateras que ha sufrido múltiples crímenes graves, que buscaron despojarlos de sus tierras. Y lo lograron.
Laura María Orozco relata con calma todo lo que les ha sucedido y uno no entendería por qué tal saña, si no considera que fue por arrebatarles las tierras. Su relato, explica la joven, es similar al de otras familias dedicadas al rubro.
Los Orozco Medina tuvieron a uno de sus miembros detenidos arbitrariamente, a quien —dice— se le fabricó una causa vinculada al crimen organizado, un "falso positivo". También a otras tres familias del mismo pueblo, que tienen un familiar desaparecido.
El pueblo se llama Nuevo Zirosto, está en el municipio de Uruapan y no supera los 5.000 habitantes.
Aunque suele contarse la historia de cómo los paramilitares han aterrorizado a esta región, en el caso de esta familia, el terror vino directamente de los agentes del Estado, con el Ejército a la cabeza, según denuncian los Orozco Medina.
"Siempre hemos sido una familia muy unida, conservadora, dedicada al trabajo y al cultivo y producción de huertas de aguacate, hasta que en 2007 entró el Ejército a la casa de nosotros", relató Laura María a Sputnik.
"Nosotros dormíamos, eran como las 11:40 de la noche, acordonaron toda la manzana de mi casa. Pero en un pueblo a las diez de la noche, todo está tranquilo, solo y en silencio.
Nos despertamos cuando escuchamos ruido, abrimos la puerta y había militares en nuestros cuartos", contó.
Habían tirado la puerta de ingreso al hogar y tomado la casa por la azotea. Sacaron a toda la familia a la calle y los pusieron bajo custodia de otro militar.
"Parecía que sabían dónde se encontraba mi hermano José Iván, a él lo bajaron de la segunda planta, lo esposaron y lo tuvieron contra la pared", relató Laura María. José Iván tenía 20 años, ahora tiene 32.
"Ese día, mi hermano en la mañana se dirigía con sus trabajadores a unas huertas que teníamos después de Peribán de Ramos (a 12 kilómetros del pueblo). Los militares le marcaron el alto y le dijeron: 'vamos a revisar el automóvil, una revisión de rutina'", contó.
"A mi hermano lo bajaron, le tomaron una fotografía a él, no a sus trabajadores y lo dejaron ir. Ya en la noche, estaban los militares en mi casa", relató Laura María Orozco a Sputnik.
En la noche, los militares trataron de extorsionar al padre, Leonel Orozco Ortiz, que no cayó en la estratagema.
Los increpó y les preguntó por qué se metían en su casa en la noche y la tomaban por asalto, recordó la joven.
Entonces los militares se llevaron a José Iván en una de las camionetas de la casa y se robaron todo lo que pudieron, evocó.
Luego, su hermano fue presentado públicamente como un detenido en un retén carretero, acusado de portar armas y drogas que el joven ni conocía. Ese proceso lo llevó a estar preso durante cinco años y a que tanto su padre, como otros dos de sus hermanos, hayan sido desaparecidos.
Oro verde sangre
Jose Iván fue secuestrado de su hogar menos de un año después que el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzara su estrategia de 'Guerra contra las Drogas', con la Operación Michoacán, que militarizó la zona.
Además de tener uno de los principales puertos del Pacífico mexicano en la localidad de Lázaro Cárdenas, Michoacán es una zona codiciada donde crece el aguacate y el limón, así como una variada gama de frutas tropicales.
Es también una zona que pretende ser explotada por compañías mineras y madereras, que no han logrado consagrar su control del territorio, gracias a una variada gama de oposición social, que va desde las guardias comunitarias de pueblos indígenas como Cherán (que ha iniciado un camino autonómico desde entonces) o Aquila, a la presencia más reciente de "autodefensas", grupos armados por los hacendados para defenderse del paramilitarismo que abunda en la zona.
"El de mi hermano no fue el único caso en el poblado en el mismo contexto: llegaba el Ejército, sacaba a las personas de dentro de sus domicilios y los presentaba como delincuentes muy buscados. Hubo otros tres casos en 2007 en una comunidad en que todos nos dedicamos solamente al cultivo del aguacate", explicó a Sputnik.
Laura María Orozco no tiene duda de que expropiarlos de las tierras fue el motivo del martirio y de la connivencia de las autoridades con este despojo. Explicó que un año después de la prisión arbitraria de su hermano, su padre fue secuestrado y está desaparecidos desde hace una década, en 2008.
"Mi papá desapareció dos días antes de que tuviera que presentar pruebas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre la detención arbitraria de mi hermano. Llegaron a la casa sujetos vestidos de civil, con corte militar, diciendo que traían una orden de aprehensión en contra de mi papá. Mi madre se opuso, pero la encañonaron", explicó.
Su tío y su hermano menor intentaron que los militares del retén que está de camino por donde pasarían los secuestradores impidieran el atropello, pero no lo consiguieron.
"Los secuestradores llamaron y pidieron los títulos de propiedad y de posesión de las tierras. Mi mamá les dijo que no se los iba a dar porque era el trabajo de toda la familia. Entonces pidieron 5 millones de pesos por mi papá. Dimos ese dinero, pero nunca nos lo regresaron", contó Laura María a Sputnik.
Un año después, en 2009, fue secuestrado su hermano menor, Leonel Orozco Medina, por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones. Está desaparecido desde entonces.
"Siempre tuvimos el acecho y el hostigamiento por parte del Ejército. Llegaban a mi casa y querían entrar otra vez. Una semana antes que se llevaran a mi hermano estábamos todos en la casa y mi madre no los dejó entrar", contó.
Ante la desaparición del hijo menor, el padre y el otro hijo que sigue preso, la familia fue desplazada forzosamente de la casa que había sido suya hasta entonces, donde habían convivido unidos hasta que llegó el Ejército un día de diciembre de 2007.
"Dejamos a la familia de mi mamá trabajando las huertas, nuestras propiedades. Pero en 2010 fueron privados de la libertad todos los trabajadores y volvieron a pedirnos los títulos de propiedad para liberarlos. Los entregamos y regresaron a los secuestrados, torturados, durante más de 15 días.
Los tenían todos juntos y contaron cómo operaban policías, militares y civiles juntos", explicó la joven.
Así perdieron también sus tierras. Dos años después, su hermano Moisés, fue desaparecido por elementos de la Policía Municipal de Apatzingán.
En ese momento, el primer hermano, el detenido y acusado falsamente, es liberado de prisión, sin cargos.
"Organismos como Amnistía Internacional tomaron nuestro caso como paradigmático. Enviaron llamamientos al Gobierno de Michoacán, pero nunca contestó. Al Estado no le importa, por eso es importante articular y generar presión desde afuera", relató.
Junto a Evangelina Contreras, una mujer michoacana —que tiene desaparecidos desde 2012 a su hija Tania y a Cenobio, padre de la joven— conformaron la organización 'Familiares Caminando por Justicia'.
El colectivo realiza en mayo una caravana de búsqueda por una porción de Michoacán, así como la primera búsqueda de fosas clandestinas en el Estado.
https://mundo.sputniknews.com/sociedad/201905141087236583-secuestros-extorsiones-desapariciones-la-sangrienta-historia-detras-del-aguacate-mexicano/
