Más de mil 300 fosas clandestinas han sido encontradas en México por mujeres, madres y esposas de desaparecidos, dijo la jefa de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, indica hoy La Jornada.
La desaparición va más allá de afectar únicamente a las víctimas pues cando una persona desaparece, se evapora la armonía social y familiar.
Mientras no se sepa su paradero, la verdad de esos hechos y no se juzgue a los responsables, se esfuma también la justicia, señaló la funcionaria en la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que sólo el trabajo con las familias, los colectivos y las organizaciones nacionales e internacionales permitirá enfrentarlo.
Encinas recordó que en México hay más de 40 mil personas desaparecidas, 26 mil cadáveres no identificados y cientos de fosas clandestinas.
Destacó que si bien originalmente el Sistema Nacional fue instalado en octubre pasado, se puede afirmar que eso fue una gran simulación.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, dijo, trabajará de manera muy cercana con las familias de los miles de desaparecidos, pues ha sido gracias a ellas que el tema sigue vigente y ahora se expresa el compromiso de la nueva administración federal para responder a esa severa crisis en materia de derechos humanos,expresó.
El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, como representante de la Conferencia Nacional de Gobernadores, asumió lo que consideró una enorme deuda que tiene el Estado mexicano ante el fenómeno de desaparecidos, la mayor expresión de los problemas de derechos humanos que tiene el país.
Subrayó que a pesar de que desde noviembre de 2017 se aprobó la Ley General en la materia, a más de un año en 19 entidades no se ha logrado el avance legislativo ni se han instalado las comisiones estatales para la atención de víctimas.
Riquelme consideró que el delito de la desaparición forzada en un contexto de violencia lastima el corazón del estado de derecho.
Subrayó que gran parte de los avances legales y en políticas para atender el problema han derivado de la lucha de las familias y los colectivos que han exigido justicia, fin a la impunidad y una búsqueda real de las personas.
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