Los grupos armados han ocupado los titulares de los principales medios de comunicación en el mundo, para referirse a la crisis política inducida en Nicaragua por actores internos y externos, también son incluidos en los informes de Amnistía Internacional, sin dar mucha explicación del escenario y las razones por la cual se movilizan estas fuerzas irregulares.
Grupos Armados son del Gobierno, según sectores opositores
En los informes se destaca: que estos grupos son la razón por la cual en los departamentos del país se levantaron tranques, en señal de protesta por represión o uso de la fuerza desproporcionada a “manifestaciones pacíficas”, por reformas ya derogadas al sistema de seguridad social.
En los informes nunca se presenta de forma contundente y clara la violencia ejercida por delincuentes organizados e infiltrados en sus marchas. [1]
El 20 de abril quemaron instalaciones del Ministerio de la Familia y dañan el Ministerio de la Juventud. [2]
En la revuelta, los grupos armados de la oposición comenten el crimen, amenazando y realizando detonaciones con armas hechizas y morteros, mientras los servidores públicos se encontraban aún en su jornada laboral.
Los tranques fueron el amplificador de la violencia de esta fuerza irregular en los que se torturaron, secuestraron y asesinaron a militantes sandinistas, oficiales de policía y civiles.
Según Amnistía Internacional “los grupos armados conforman la estrategia represiva del Estado para sofocar la protesta y mantiene que durante la primera etapa de la crisis […] el Estado no investigó de oficio, de forma exhaustiva, pronta e imparcial las posibles violaciones de derechos humanos, y mantuvo el acoso a las víctimas y familiares” (Pag4)
El informe nunca dio cuenta de forma veras, que la policía en la primera etapa de la crisis permaneció acuartelada por acuerdos en un intento de “Diálogo Nacional” con los sectores reaccionarios, y que durante ese tiempo fue asediada.
El caso de la estación en Masaya no fue útil para su estudio, tampoco se argumentó sobre el oficial y militante sandinista que fueron asesinados y quemados en un tranque.
Los actos criminales y terroristas han sido apañados por estos organismos y los medios internacionales; al justificar la violencia de estos grupos frente al uso legítimo de la fuerza del Estado, cuando se tienen a sectores reaccionarios atentando contra el Estado de Derecho y la seguridad nacional.
Durante meses, en el diálogo nacional y en medios de comunicación nacional e internacional, los opositores, realizaban una apología del delito.
Las redes se llenaron de ataques ficticios por la Policía Nacional y Juventud Sandinista.
Para este movimiento opositor, los grupos armados o parapoliciales son los que se conoce como policías voluntarios, desde que la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional aprobó el 15 de noviembre de 1983 “año de Lucha por la Paz y la Soberanía”, la ley orgánica del cuerpo de Policías Voluntarios.
Los grupos armados de la oposición
En algún momento a nivel internacional se creyó: que Nicaragua estaba a punto de ingresar en un nuevo conflicto armado a lo interno, pero el alzamiento no tenía bases populares como lo intentó proyectar la oposición nicaragüense.
La cantera de grupos armados en los tranques fueron: los barrios con alto índice de jóvenes en riesgo, líderes de pandillas y la inclusión de maras [3] –del triángulo del norte en Centroamérica- .
La Policía Nacional no descarta la vinculación de estos grupos con narcotraficantes. [4]
Los grupos armados surgen con más fuerza durante el golpe de Estado, las condiciones que propiciaron la proliferación de estos grupos fueron en correspondencia a ciertos acuerdos en el Dialogo Nacional, donde sectores adversos al gobierno solicitaron el acuartelamiento de la Policía Nacional en todo el territorio, siendo esto subterfugio para generar un clima propicio para el crimen organizado.
Sin embargo, los focos de violencia se pudieron observar desde las primeras manifestaciones.
En una entrevista para Tele Sur, el Presidente Daniel Ortega, arguye que “hay que hablar de estos grupos que se han venido organizando desde hace años y que tomaron más fuerza a partir del 2007, asesinando campesinos, asesinando soldados, asesinando policías, cayendo muchos de ellos también en combate con la policía o el ejército, presentándolos la derecha como patriotas […] son bandas organizadas por la derecha y auspiciadas por organismos de inteligencia[…] son los que iniciaron el ataque el 19 de abril”.
Después de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el dictador Somoza y la guerra con la contra revolución financiada por Estados Unidos, -hasta el 18 de abril- el pueblo de Nicaragua no había experimentado el terror, la tortura y el odio, con tanta intensidad.
Antes del intento del golpe de Estado, los sandinistas ya habían sido atacados por grupos armados.
El 19 de julio de 2014 dos buses cargados de simpatizantes del Frente Sandinista, fueron acribillados por elementos desconocidos (mueren 5 militantes), uno de los criminales involucrados en la masacre resulto ser miembro del “Cartel de los Z” (Narcotraficantes).
Esa misma noche se ejecutó otro atentado en San Ramón, la Policía Nacional indicó que este ocurrió unos 300 metros antes del puente del Rio Wabule.
De acuerdo a los resultados investigativos de la Policía, allí quien atacó la caravana de simpatizantes sandinistas fue Rosendo Huerta con el apoyo del señor Sacarías Cano –actualmente en prisión–. [5]
El 29 de junio capturan en el departamento de Rivas, a un integrante de la mara 18 de El Salvador, Oscar Antonio Rivas, alias El Diablo, quien está vinculado a actos de crimen organizado y narcotráfico en Nicaragua, recibía 300 dólares semanales por estar al frente de los tranques.
Tras su detención explicó: que los mareros planteaban apoyar movimientos en contra del Gobierno de Nicaragua para facilitar las condiciones de traslado de droga por su territorio.[6]
En Nicaragua, las cosas no son blanco y negro, como se quiere hacer creer en medios internacionales.
El equipo de Barricada Internacional intentará contarles un poco más a profundidad lo que los medios adversos al gobierno no quieren registrar en las páginas de nuestra historia sobre los grupos armados,
La historia no contada sobre los grupos armados
Los grupos armados no estatales no son un fenómeno nuevo en Nicaragua, para 1991 las autoridades neoliberales se mantuvieron cautelosas y casi complacientes frente a grupos irregulares conocidos como “recontras”.
A finales de noviembre del mismo año, el gobierno de Violeta Barrios ordenó a las fuerzas armadas tomar acciones sobre el asunto, cuando los asaltos, secuestros y emboscadas iban en ascenso.
Los “recontras” intentaron ser un movimiento armado nacional, pero dentro de sus filas había contradicciones entre los alzados, por las negociaciones para el desarme con autoridades de Gobernación, un ejemplo de esto fue el caso de “Rojito” un alzado en desacuerdo con las negociaciones, quien continuo operando y creo una “columna guerrillera democrática” para actuar de forma autónoma.
Estas fuerzas irregulares habían realizado cateos armados ilegales en viviendas de simpatizantes sandinistas, en la zona donde operaban; se pudo haber creído que el pasado guerrillero del partido más grande y mejor organizado, iba a tomar sus propias acciones.
Sin embargo, el Frente Sandinista como oposición, mantuvo su compromiso con la estabilidad democrática y la seguridad nacional, su posición frente a este caso fue en respaldo a las autoridades competentes para darle una salida a este problema –Ejército y Policía Nacional- .
La seguridad nacional fue un debate fuerte entre el gobierno de Violeta y el FSLN como oposición, para los EEUU la situación en el país era atípica.
El gobierno de corte burgués, pero el ejército de signo revolucionario, fue considerado una amenaza aun cuando la policía y el ejército pese a su ideología habían jurado lealtad a la constitución.
La Casa Blanca junto al gobierno de Violeta tenía planificado constituir un aparato militar que responda a sus intereses (Selser, 1990).
El Protocolo de Managua Sobre el Desarme, firmado el 30 de mayo de 1990 representó un pacto social, para garantizar la paz.
Sectores de la oposición y altos jerarcas de la Iglesia fracturaron la paz social, con la materialización de los grupos armados en el intento de golpe de Estado, al igual que en los años 90, los grupos reaccionarios apostaron por la deslegitimación del Ejército y la Policía.
En redes sociales y coberturas mediáticas de los propios medios en oposición se logran observar armas restringidas (para uso civil) en manos de personas en los tranques, presentados como estudiantes en un primer momento y luego como ciudadanos autocovoncados.
Era evidente que existía una organización previa para los autoataques y asedios a estaciones policiales, así como agresión directa a instituciones y casas de militantes o del partido en los municipios.
La manipulación mediática de las armas en manos de la Policía Nacional.
Medios de comunicación internacionales y nacionales han utilizados fotografías y vídeos de la policía nacional, para producir noticias que difundan terror y odio a la Institución garante de la seguridad del Estado.
Las redes sociales fueron otro medio para propagar la campaña de desprestigio.
En el plano internacional, Amnistía ha propiciado una matriz de opinión en contra del gobierno, y ha avalado los actos criminales y terroristas de estos grupos armados en oposición, especulando con las muertes de sandinistas y policías en los tranques con supuestos y no con afirmaciones, como sí lo realiza en hechos en los que se involucra a los policías voluntarios.
Esta organización afirma que “la mayoría de las personas fallecidas en el marco de la protesta fueron reportadas muertas a manos de agentes del Estado o de grupos parapoliciales que obraron, a lo menos, con su anuencia.
Sin embargo, cabe mencionar que varios policías y personas simpatizantes del Gobierno también perdieron la vida durante los ataques y enfrentamientos.
En este sentido, Amnistía Internacional tuvo conocimiento de que una minoría de personas manifestantes o particulares habrían cometido delitos en contra de partidarios del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sometiéndolos a actos humillantes de manera pública, causándoles lesiones intencionales, y en ocasiones aisladas, la muerte ”. [2]
La imagen vendida de la policía es de una institución genocida, que utiliza la fuerza de manera desproporcionada ante manifestaciones “pacíficas”.
Sin embargo, la Policía siempre actuó en apego a la ley, utilizando la fuerza en proporción con los ataques de los “pacifistas” que realizaban en las trincheras.
Amnistía en ninguno de sus informes utiliza imágenes con personas que utilizan las armas restringidas (para civiles) en los traques, dignifican esa acción como método de protección.
Cabe mencionar que en dichos informes tampoco se refleja las imágenes de torturas y asesinato de Sandinistas y civiles en manos de estos grupos armados, cuando se habla de la tortura tampoco se muestran pruebas de que la policía las ejecutó.
En redes no se ven videos y ni fotografías de opositores en llamas o pintados y amarrados en un poste mientras son golpeados y agredidos verbalmente, esas imágenes son de civiles o de sandinistas.
El armamento implementado por los oficiales de la policía ha sido blanco de críticas, en donde se asegura que son armas de “guerra” y no deben ser utilizadas por la policía, al ser armas restringidas.
Estas críticas carecen de legitimidad, puesto que la Ley 510 de Control y Regulación de Armas, en su artículo 10 establece: “las armas cuyo uso se autoriza exclusivamente al Ejército de Nicaragua y a la Policía Nacional, son fusiles con capacidad para disparar en ráfaga, armas que disparen un proyectil que posea carga explosiva tales como cañones, armas antitanque, armas antiaéreas, morteros, lanza cohetes, armamentos de artillería y otro tipo de armamento similar, necesarios para la defensa militar de la soberanía del país o para el cumplimiento de misiones de orden público”.
Es menester señalar que, el armamento utilizado por la policía también puede ser portado por los cuerpos de policías voluntarios, organizados y dirigidos por la policía misma, a como se establece en el reglamento interno de los cuerpos de policías voluntarios.
Es importante destacar la percepción que puede tener parte de la población al ver a los oficiales en las calles; la estrategia mediática se concentra en toma directa a las armas como principal herramienta de manipulación.
Los nicaragüenses antes del mes de abril, disfrutaban de la mejor seguridad ciudadana en Centroamérica, las armas de ese calibre eran utilizadas para los quiebres de drogas y lucha contra el narcotráfico, a partir de la organización de estos grupos armados en el intento de Golpe de Estado, la estrategia de seguridad ciudadana se ajustó a la realidad del país.
Hoy, la policía no se enfrenta a pandilleros, sino a criminales fuertemente armados y con intenciones de continuar desestabilizando el país. Garantizar la seguridad es primordial para que los productores, comerciantes y población en general puedan retomar sus vidas en paz y tranquilidad, sin temor de ser detenidos para ser torturados en la vía pública, sin temor de perder sus cosechas o de no poder asistir al centro médico.
Gabiela, Selser. (1990, 17 noviembre). Remedo de Control sobre “recontras”. Barricada Internacional, p. 7
Escrito por: Jessica Leiva y Andrea Pérez
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