El excapitán de infantería Santos Rodríguez Orellana denunció en la ultimas horas que militares entraron a su casa y amarraron a su empleada domestica y amenazaron a sus hijos.
“Quiero denunciar como miembros de la Fuerzas Armadas llegaron a mi casa a registrarme, yo le pido al general de las Fuerzas Armadas, Ponce Fonseca, que tenga carácter, que nos enfrentemos un frente a frente”, dijo Santos Rodriguez.
“Que me toquen a mi pero que no se metan con mi familia y mis hijos porque entonces voy a empezar a decir el nombre de todos los generales que están involucradas en narcotráfico en Honduras”, manifestó Orellana.
“Miedo no le tengo a las Fuerzas Armadas ni al presidente, me quieren intimidar para que yo no siga hablando, pero voy a seguir hablando porque tengo mas información que le puedo dar al pueblo hondureño de la corrupción del país”, dijo contundente el excapitán.
La carrera del excapitán de las Fuerzas Armadas de Honduras cayó en desgracia luego de pedir que se investigara si un helicóptero decomisado por sospechas de narcotráfico estaba ligado al hermano del actual presidente de ese país.
Desde que ocurrió la confiscación a mediados de 2014, fue suspendido del ejército, luego dado de baja deshonrosamente y el año pasado el gobierno de Estados Unidos lo señaló como sospechoso de narcotráfico y corrupción en un inusual comunicado de prensa.
La situación se le complicó aún más, según el excapitán, cuando agentes antinarcóticos de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa le pidieron que se declarara culpable de un plan urdido por narcotraficantes y el hermano del presidente para asesinar James Nealon, entonces embajador en Honduras y hoy alto funcionario de Seguridad Nacional del presidente Trump.
Ninguno de esos señalamientos se ha concretado en una causa judicial.
La embajada no lo ha denunciado por terrorismo ni narcotráfico en Honduras.
Actualmente Rodríguez solo afronta cargos de tortura y abuso de autoridad en un caso que él sostiene que fue un montaje pero que no está relacionado con el decomiso del helicóptero.
Todo comenzó, según él, el 26 de agosto de 2014, cuando decomisó más de 1,000 galones de combustible a bordo de una lancha que dejaron abandonadas sus tripulantes en medio de una persecución de la unidad del ejército a su mando.
Al día siguiente Rodríguez recibió una llamada de un informante quien le advirtió que pronto aterrizarían en la zona dos helicópteros con droga para reabastecerse de combustible.
Llegarían de Costa Rica y tras ser abastecidos seguirían con la droga a Guatemala.
Uno de los helicópteros aterrizó en la madrugada en cercanías de Laguna de Rapa.
Horas después, relata el capitán, recibió una llamada de un representante de los narcotraficantes.
“Capitán vamos a ser claros y pelados”. “‘Ajá, ¿qué quiere?’ le digo yo”. “‘Mire, usted tiene algo que nos interesa. Mire’, me dice, ‘te vamos a dar 500,000 dólares, entréganos diez barriles de combustible que decomisaste’”.
La propuesta, agregó, subió posteriormente a un millón de dólares que él no aceptó pero que comunicó con su superior el capitán Mateo Mejía, según una declaración rendida por Rodríguez ante la dirección de lucha contra el narcotráfico del Ministerio Público de Honduras.
“Bueno, alguien así dice un millón de dólares podría arreglar mi vida con eso y salir de tantos problemas que uno tiene pero los principios que uno tiene no le permite eso”, dijo a Univisión.
Cuando Rodríguez llegó al lugar, el helicóptero, un Bell pintado de negro y franjas rojas y con matrícula de Estados Unidos N-86AF, no tenía droga en su interior, afirmó.
Los puestos de los pasajeros habían sido removidos y estaba cubierto con un plástico de camuflaje militar.
La matrícula del helicóptero no corresponde a su número de serie. Según los registros de la Agencia Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, el número de serie corresponde al de un helicóptero Bell Textron exportado a Guatemala en diciembre de 2011.
Los militares descubrieron que debajo de la matricula estadounidense de la cola del aparato había otra, esta vez de Guatemala (TG-LON).
A las pocas horas del decomiso, Rodríguez recibió una llamada de la misma fuente que le dijo, según él:
“‘Capitán está en problemas’. ‘¿Problemas por qué?’”, le digo. “Porque ese helicóptero me dice es del hermano del presidente y del actual secretario de Defensa el ingeniero Samuel Reyes”.
Los militares inspeccionaron una casa cercana y encontraron recipientes vacíos de combustible y un fogón de leña encendido sobre el cual había tortillas y frijoles.
Decomisaron armas, arrestaron a 13 personas y marihuana, pero esas evidencias, según declaró a la fiscalía Rodríguez, no llegaron a las autoridades.
La embajada de Estados Unidos seguía de cerca los pasos de Rodríguez.
Cuando el 16 de octubre de 2016, el militar salió del Cuartel General del Ejército donde había estado retenido, el embajador Nealon escribió en su cuenta de Twitter: “Lamentable”.
Días antes, Rodríguez había sido contactado por Whatsapp por una persona que se identificó como agente de la DEA de nombre Mateo.
No fue una sorpresa. El general de la policía Ramón Sabillón le había dicho que la DEA lo iba a contactar para que prestara colaboración.
La conversación, que Rodríguez mantiene como evidencia, comienza amistosamente por parte de Mateo.
En un español deficiente el hombre escribió.
“Sabillon dice que usted son un hombre honesto”.
La conversación se fue transformando en un inquisitivo interrogatorio en el que el hombre terminó advirtiéndole al militar que sabe muchas cosas malas de él y que su única opción es colaborar de inmediato si no quiere problemas legales en Estados Unidos.
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