La Teniente Fátima Cerda, responsable de asesoría legal de Migración y Extranjería, explicó que la Constitución Política de Nicaragua decreta que ningún ciudadano de otra nacionalidad, residente y no residente, puede intervenir en asuntos políticos del país.
En conferencia de prensa, aclaró que los extranjeros tienen los mismos derechos y deberes que los nicaragüenses, con la excepción de los derechos políticos.
Precisó que la ley 761, en su artículo 38 numeral 3, establece la revocación de la autorización de la permanencia en el territorio nacional.
Estos actos podrían llevar a la expulsión inmediata del territorio nacional, insistió.
