Señor juez, ¿usted tiene alguna prueba de que el departamento sea mío, que yo haya vivido ahí, que haya pasado ahí alguna noche, que mi familia se haya mudado; o tiene algún contrato, una firma mía, un recibo, una transferencia bancaria, algo?.
No, por eso le preguntó.»
Este exacto de la audiencia judicial entre el juez Sergio Moro y Lula Da Silva revela el carácter deliberado de la sentencia en su contra por supuestamente recibir un departamento en calidad de soborno de la constructora OAS.
Sobre todo, por ser la postal que más sintetiza el carácter excepcionalista que cobra la justicia a la hora de prácticamente proscribir al principal líder político brasileño.
Una verdad que cobra mucho más sentido si se tiene en cuenta que una de las principales pruebas en su contra es la delación premiada del dueño de OAS, Léo Pinheiro, obtenida a cambio de recuperar su libertad y salvar parte de sus negocios, como si hubiese pagado una especie de rescate a la mafia que lo tenía retenido.
Más allá de la condena: la destrucción del país más grande de América Latina
La guerra jurídica que inició en Brasil, a partir del proceso judicial denominado Lavadero de Autos, ha puesto patas para arriba al país que hasta 2014 tenía mayores posibilidades de convertirse en un rival de Estados Unidos en el continente.
Dirigida por el juez Moro, el Ministerio Público y la Policía Federal, todos formados en cursos del Departamento de Estado, la operación tomó un carácter de limpieza de la elite brasileña, como si se planteara descabezarla con el objetivo de alejarla del futuro de potencia que se abría en su porvenir después de recibir la cumbre de los BRICS y la Copa Mundial de Fútbol.
En el transcurso de la investigación de Lavaderos de Autos se llevó a juicio a más de 400 políticos, pero lo más importante fue que se generó un clima de cacería contra las principales transnacionales de Brasil de importante desempeño en mercados clave como el petrolero, armamentístico, alimentario y de construcción.
Hoy es un hecho que Odebrecht, Petrobras, Embraer y JBS, por citar algunas, tienen acuerdos de colaboración con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, mientras sus rendimientos como transnacionales han mermado importantemente en un contexto de desindustrialización del país.
https://es.news-front.info/2018/04/07/la-condena-lula-abre-un-ciclo-de-dictaduras-judiciales-en-la-region/
