Entre 1976 y 1983, cientos de militares argentinos se especializaron en diferentes métodos de tortura. No figuraba oficialmente en los programas de estudio, pero alcanzaba con incorporarse a alguno de los temibles “grupos de tareas” –eufemismo empleado para identificar a los comandos a cargo de los secuestros y torturas de opositores– para aprender el amplio y tenebroso arte de los tormentos.
Sus inventores lo llamaban “teléfono”, pero no servía precisamente para hablar. En la Argentina de los campos de concentración, aquel temible instrumento era una pieza más en el catálogo del infierno: cuando los torturadores tenían ganas de jugar, lo utilizaban para atormentar aún más a sus víctimas. Básicamente, consistía en un aparato que daba descargas simultáneas de electricidad en oreja y boca. Era simplemente horroroso. Otro día podían meterte un tubo por el ano y soltar dentro una rata. “Rectoscopio”, lo denominaban los verdugos.
A fuerza de electrocutar, ahogar y golpear a personas indefensas, la dictadura de Jorge Rafael Videla se hizo un hueco en el disputado mercado de la lucha anticomunista. O antiterrorista, como preferían (y prefieren) denominarla aquellos que buscaban justificar tales crímenes. En ese contexto, la España de la transición apostó firmemente por la “escuela argentina” a la hora de formar a varios policías, guardias civiles y miembros del ejército. Todo ello ocurrió en los prolegómenos de la creación del GAL, el grupo terrorista que practicó la guerra sucia contra ETA.
Estos casos llegaron a mediados de los noventa a la Audiencia Nacional, donde el juez Baltasar Garzón efectuaba una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura argentina. Sin embargo, el magistrado no dispuso de toda la información existente en torno a este asunto, y no precisamente porque los documentos en cuestión hubiesen desaparecido. Nada de eso. El gobierno de José María Aznar no aportó todos los archivos que daban forma a este capítulo de la colaboración establecida entre España y el régimen genocida de Videla.
En el marco de aquel procedimiento judicial, Garzón recibió un listado de militares españoles que habían realizado cursos en Argentina durante los años de la dictadura.
El documento había sido enviado el 19 de enero de 1998 por el Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército, que había localizado en sus registros los casos de 10 militares que entre 1979 y 1983 se desplazaron a Buenos Aires. La mayoría eran coroneles y habían realizado cursos en la Escuela de Inteligencia del régimen argentino.
El 13 de mayo de 1998 el entonces ministro de Defensa, Eduardo Serra, envió a Garzón un listado más amplio sobre “nombre y empleo de los militares españoles que siguieron cursos en centros militares argentinos entre los años 1976 y 1983”.
Ese documento incorporaba los nombres del coronel de Infantería Marina Cristóbal Gil y Gil y del general de División del Ejército del Aire José María Paternina Bono, quienes también habían cursado estudios en el país sudamericano en 1981 y 1982 respectivamente.
El coronel Gil y Gil llegó a ser señalado por una de las víctimas de la ESMA, el mayor campo de concentración de la dictadura.
Según el sobreviviente Víctor Basterra, el militar español había participado en secuestros, algo que el acusado negó ante el juez Garzón.
Durante su declaración en sede judicial, efectuada el 16 de junio de 1998, incluso aseguró que cuando viajó a Argentina no sabía que allí se estaban produciendo desapariciones, algo que entonces era de público conocimiento a nivel internacional.
La transcripción de su declaración ofrece algunas otras pistas. “Preguntado si en el curso mencionado también se le instruyó sobre formas de combatir la subversión, contesta que esas eran las técnicas conocidas en España y en cualquier otro país occidental, siendo normales la existencia de libros de guerra de guerrillas.
Por el contrario, el contenido del curso estaba centrado en el estudio del pensamiento y sus diferentes manifestaciones a través del Estado”, aseguró.
También admitió que en 1981, cuando fue designado para realizar ese curso, efectuaba labores de Inteligencia “en el ámbito de lo que en aquel entonces era el antecedente del CESID”.
Ni las declaraciones de Gil y Gil ni los listados obtenidos por Garzón con los nombres de otros 11 militares tuvieron mayor recorrido.
La causa llevada adelante por el magistrado de la Audiencia Nacional se detuvo en 2003, cuando Argentina anuló las leyes de impunidad y comenzó a investigar los crímenes de la dictadura. De esta manera, las averiguaciones que se habían emprendido en Madrid para conocer el papel de los militares españoles adiestrados en Buenos Aires quedaron paralizadas.
Hay una serie de documentos que no fueron aportados por el gobierno de Aznar a Garzón y que demuestran que la“formación” de policías y militares españoles en Argentina fue bastante más amplia.
Esta estrecha colaboración se enmarcó en un “plan de becas” establecido inicialmente por el régimen de Videla para formar a agentes de otras dictaduras latinoamericanas.
En septiembre de 1977 la dictadura decidió ampliar esa oferta “a la Institución policial del Reino de España”. Así consta en un documento firmado por el entonces Jefe de la Policía argentina, Edmundo René Ojeda, quien destacaba que “la presencia de miembros de las instituciones hermanas” –en alusión a España– permitiría “optimizar” esfuerzos para “enfrentar con éxito la lucha común contra la delincuencia en todas sus formas”.
“En función de ello, se procura concurrir al intercambio de conocimientos y experiencias, en el que será de importancia el aporte de representantes de la Madre Patria. Asimismo, habrá de lograrse un acercamiento entre Fuerzas, idóneo para estrechar los vínculos que las unen”, señala el documento enviado por Ojeda al embajador de Videla en España, Leandro Enrique Anaya.
También explicaba que todos los cursos tendrían “carácter intensivo, con clases teórico-prácticas dictadas de lunes a sábado inclusive, complementadas con visitas de estudio y/o conferencias especiales”.
El 25 de noviembre de 1977 el ministerio de Exteriores de España informó que el gobierno de Adolfo Suárez había aceptado las becas ofrecidas por la dictadura para miembros de las Fuerzas de Seguridad.
“El Ministerio de Asuntos Exteriores saluda atentamente a la Embajada de la República Argentina en Madrid, y en relación con su nota verbal número 385, sección 2, de 19 de octubre último, relativa al Plan de Becas de la Policía Federal Argentina, tiene la honra de informarle que la Subsecretaría de Orden Público del ministerio del Interior acepta dos de las becas ofrecidas, a fin de que un oficial de la Guardia Civil y otro de la Policía Armada puedan realizar el Curso de Explosivos previsto para el día 23 de octubre de 1978”, señalaba la nota.
La colaboración continuó en años posteriores.
En otro documento fechado el 3 de agosto de 1979 la embajada de Videla en Madrid notifica a la Subsecretaría del ministerio del Interior de España que “la Policía Federal Argentina ha informado a nuestra Cancillería que acepta la postulación del capitán Miguel Ángel Ortiz Asín y la del teniente Ángel Martín San Miguel, ambos pertenecientes al cuerpo de la Guardia Civil, para realizar el curso II Explosivos Latinoamericanos (sic), que dará comienzo el 10 de octubre próximo, de acuerdo con el Plan Becas 79”.
Cuando Garzón investigaba este tipo de colaboraciones, el gobierno de Aznar no aportó ninguno de estos documentos en el juzgado. Su “omisión” permitió que estos acuerdos siguieran escondidos. Luego, la causa se cerró.
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