Los hechos indican que no existe voluntad por parte del Gobierno Nacional y las élites en general por cumplir los acuerdos de terminación del conflicto con las FARC y el cese al fuego bilateral con el ELN.
Continúan privados de la libertad un importante número de excombatientes o integrantes de la otrora organización alzada el armas Farc-Ep.
La más elemental burla a la implementación del pacto de la Habana -excusada en el burocratismo y la tramitología- que en realidad responde a la falta de voluntad política para dar el tratamiento jurídico acordado a las y los presos políticos de esta agrupación.
Ello no es otra cosa, que la continuidad en la aplicación del derecho penal del enemigo, que se ha extendido a amplios sectores del movimiento social (convertido también en el “enemigo interno”). Lo anterior ocurre mientras los militares procesados por crímenes internacionales recobraron la libertad por efecto de los acuerdos.
Súmese a lo anterior, el trato degradante, la tortura, la violencia constante y el riesgo provocado contra la vida e integridad al que se somete a las y los presos políticos en contravía de lo acordado con esta insurgencia en la Mesa de Quito, con la que se busca supuestamente humanizar el conflicto, asumiendo concretamente el Gobierno, el compromiso de adoptar algunas medidas en materia carcelaria.
Por citar algunos casos concretos, el 10 noviembre, en el complejo penitenciario La Picota, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- arremetió brutalmente contra la población reclusa que se encuentra ubicada en el patio cuatro cuando se desarrolló un operativo relámpago en el pabellón. Según información obtenida, la guardia junto con el Grupo de Reacción Inmediata (GRI) ingresaron violentamente, ante lo cual los detenidos reaccionaron, generándose una confrontación, en la que resultaron casi un centenar de heridos, principalmente, presos políticos. Después de un tiempo de fuertes represarías productoras de gran daño físico, la guardia ingresó a las celdas, donde destruyeron las pertenencias de los internos, entre ellas, medicamentos de dos presos políticos (uno de las Farc, otro del Eln) que padecen de enfermedades graves y requieren de ellos para sobrevivir.
El mismo día, 10 de noviembre, un preso político del ELN recluido en el complejo penitenciario de Jamundí fue herido con arma cortopunzante por un detenido social, cuando se encontraba realizando sus actividades de redención de pena. (https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/11/preso-politico-del-eln-herido-de.html)
La violencia intracarcelaria, no es un asunto que deba atribuirse exclusivamente a problemas de convivencia entre internos.
Es un fenómeno provocado y permitido intencionalmente por la Institucionalidad, como forma de resolución de conflictos sociales, dirigiendo a través de terceros (conscientes o inconscientes) mecanismos de eliminación de los excluidos.
En las prisiones, igual que en barrios populares, en las calles de las ciudades, entre otros espacios, se potencia la violencia letal entre los oprimidos, mientras se salva a la fuerza represora del Estado de su acción -muchas veces exteriorizada- de exterminar a su adversario de manera directa. Una forma de criminalidad estatal que debe visibilizarse, evitando desviar las miradas hacia responsables aparentes[1].
Igualmente el 8 de noviembre, desde el establecimiento penitenciario y carcelario de Girón (Palogordo) se produjo la denuncia sobre la muerte lenta y tortura por falta de atención médica, a la que está siendo sometido el preso político del Ejército de liberación Nacional - ELN, JORGE IVÁN IBARRA ROJAS. (https://derechodelpueblo.blogspot.com.co/2017/11/en-riesgo-vida-de-preso-politico-de.html)
Esta es una nueva forma de violencia estructural que conlleva, dentro y fuera de las cárceles, al mismo resultado nefasto –la muerte- para quienes no cuentan con dinero ni posibilidades de acceder a la salud, por fuera de los criminales modelos implementados por el Estado.
Retomando entonces las líneas iniciales de esta reflexión, es claro que estamos ante una situación compleja.
Ni el gobierno, ni ninguna institución estatal da muestras concretas por cumplir lo acordado.
Los presos políticos medianamente tienen dolientes que podrían exigir mejoras humanitarias, pero la situación del resto de la población carcelaria?
Así no es posible superar el conflicto político colombiano cuando la violencia genocida es una práctica social perpetrada por la clase política que defiende el modelo de sociedad excluyente en la que se "demoniza" el pensamiento crítico.
