Uruguay, una de las naciones más audaces de Latinoamérica en materia de políticas sociales se enfrenta a un desafío nuevo y viejo a la vez: el problema charrúa.
Tras casi dos siglos confinados en un imaginario popular delimitado por los relatos de sus colonizadores, los charrúas reaparecen para saldar cuentas pendientes.
La etnia que sobrevivió a más de 300 años de colonización y a una masacre planificada se pone de pie para interpelar a un Estado cuyos cimientos reposan sobre sus ancestros.
El movimiento aglutina a cerca de dos mil personas en todo el país que se identifican como charrúas. Además, los últimos estudios genéticos realizados desafían la creencia popular de que Uruguay fue exclusivamente poblado por los “descendientes de los barcos”, principalmente provenientes de España e Italia.
En Uruguay, charrúa se conjuga en pasado. Según la historia oficial, los indígenas se acabaron en 1831.
Aquellos valientes sujetos de ojos pequeños, pómulos pronunciados y cabello negro, hasta hace poco solo permanecían vigentes en algunas expresiones populares de la cultura rioplatense como la “garra charrúa”, tan usada en el ámbito deportivo para referirse a aquellos que no se dan por vencidos y luchan hasta el último aliento.
Quizás esta característica es el combustible que alimenta este resurgimiento, constituyendo un proceso de etnogénesis.
El término fue acuñado por Miguel Alberto Bartolomé, antropólogo, profesor e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Se refiere al proceso de reconfiguración y resurgimiento de distintas etnias motivado por factores externos.
En el caso de los charrúas, la violenta construcción del Estado Oriental los llevó a mimetizarse y renunciar a su identidad para pasar desapercibidos y evitar así ser discriminados.
La variación de las condiciones externas, el reconocimiento internacional de las comunidades indígenas y el orgullo de pertenencia, ha hecho que estos pueblos reaparezcan, decididos a desenterrar su historia.
Para Mónica Michelena Díaz, asesora de asuntos indígenas de la Unidad Étnico Racial del Ministerio de Relaciones Exteriores, su proceso de autodescubrimientocomenzó en 1985, poco después de culminada la dictadura militar en Uruguay. Una obra de teatro que reproducía la masacre ocurrida en Salsipuedes despertó su curiosidad.
“Para nosotros fue una obra muy importante, porque cuestionaba cómo se construyó el Estado uruguayo”, dice Mónica, quien descubrió a los 19 años que su bisabuelo era charrúa. Se llenó de preguntas y salió en busca de respuestas. Esta mujer inquieta de voz suave y discurso firme fundaba en el 2005 el Consejo de la Nación Charrúa (CONACHA) junto a varios grupos de descendientes.
El consejo reúne hoy a diez organizaciones de todo el país y trabaja en varias áreas. Uno de sus principales objetivos es que el Estado reconozca la existencia de población indígena en el país y que se ratifique el convenio 169 de la OIT, que regula materias relacionadas con la costumbre y el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus culturas, formas de vida e instituciones propias, así como su derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan.
También trabajan en lograr una mayor auto identificación indígena y reivindican el uso del término “genocidio” para referirse a la masacre ocurrida en Salsipuedes. “Nuestros ancestros perdieron la vida en una emboscada planificada por el Estado”, sentencia Mónica.
Uruguay y las Guyanas son los únicos países de Latinoamérica que no ratificaron aún el convenio 169 de la OIT. “En 2015 estaba en Bilbao becada por la ONU. Me enteré de que el presidente Mujica estaría junto a Almagro (canciller del Uruguay) en el consulado, así que volví a armar la carpeta con toda la documentación pidiendo la ratificación del Convenio”, comenta Mónica, quien entregó el pedido en manos de ambas autoridades.
Al volver a Uruguay, se reunieron con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero la respuesta que les dio el subsecretario les tomó por sorpresa: “Nos dijo que nos bajáramos 'del caballo’ y que pidiéramos que se ratificaran solo algunos artículos del convenio”, relata Michelena. Pero la asesora de asuntos indígenas sabe que eso no es posible.
La ratificación es total y no admite reservas. Finalmente, tras el cambio de gobierno, los actuales delegados del CONACHA hicieron un nuevo intento. Pero el entonces vicepresidente Raúl Sendic les aseguró que su Ejecutivo no iba a ratificarlo.
Los charrúas renunciaron a su identidad para pasar desapercibidos y evitar ser discriminados.
Según comentó Martín Delgado Cultelli, integrante, directivo del CONACHA, en una entrevista transmitida en Radio Pedal de Uruguay, el gobierno uruguayo no ratifica el convenio por dos razones: “Por la tradición del Estado construido en base a un genocidio caracterizado por la invisibilización y negación de los pueblos originarios” y por otro lado las “presiones por parte de las gremiales rurales” con respecto a la “devolución y demarcación territorial”.
En cuanto a la autoidentificación racial, según informes del Instituto Nacional de Estadística, en la Encuesta a Hogares de 1996 se preguntó por primera vez a los entrevistados, a qué raza o grupo étnico creían pertenecer.
El porcentaje de personas que se identificaron como indígenas fue del 0,4% y trepó al 2,9% en 2006.
En el último censo nacional del 2011, el porcentaje ascendió a casi un 5%. Pero fuera del ámbito de las encuestas, dentro de los tubos de ensayo, los porcentajes crecen a un ritmo trepidante. Las recientes investigaciones llevadas a cabo por la profesora del departamento de Antropología Biológica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República, Mónica Sans, aportan datos sorprendentes que ponen en jaque la construcción de la identidad nacional.
Sans y su equipo han estudiado principalmente las secuencias de ADN mitocondrial. Debido a que las mitocondrias son heredadas únicamente por línea materna, a través de ellas es posible identificar la ascendencia matrilineal:
“A nivel nacional el porcentaje de ascendencia por línea materna da aproximadamente un 34%, es decir, un tercio de la población.
Los porcentajes más altos se encuentran al norte del país, en el departamento de Tacuarembó o en localidades como Bella Unión, donde los porcentajes suben a un 64% de ascendencia indígena aproximadamente”.
Además aclara que, si bien identificaron la ascendencia indígena, no han categorizado estos datos según las diferentes etnias que recorrían Uruguay. “Por ahora no llegamos a diferenciar las etnias. En el caso de Bella Unión hay secuencias (de ADN) de etnias amazónicas como las guaraní y también de origen pámpido que estarían relacionadas con etnias como la charrúa”.
Consultada sobre cómo cree que afecta esto a la identidad nacional, Sans considera que está cambiando y agrega que estos temas ya los han llevado a las escuelas junto a estudiantes de antropología. “También se está tratando desde la antropología social, las colectividades y los diferentes grupos que se están moviendo a nivel nacional.”, agrega.
Por su parte, CONACHA también está acercándolo al ámbito educativo a través de la reciente creación de la primera escuela intercultural charrúa itinerante. El proyecto, que cuenta con una financiación del Ministerio de Desarrollo Social, ya tuvo instancias de trabajo en barrios de Montevideo y se prepara para viajar al interior del país para ampliar su alcance.
Genocidio sí, genocidio no
La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de la ONU define al genocidio como cualquier acto cometido “con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”, e incluye acepciones como la matanza de miembros de un grupo, el atentado grave contra la integridad física o mental de los sujetos, entre otras. Además, a partir de 1951, se transformó en un delito perseguible por el derecho internacional.
La etnia que sobrevivió a más de 300 años de colonización y a una masacre planificada interpela a un Estado cuyos cimientos reposan sobre sus ancestros.
El pasado 24 de abril se llevó a cabo el Congreso de Ministros abierto, donde una joven pidió al presidente Tabaré Vázquez que manifiestara su posición frente al “genocidio” de la población charrúa. El mandatario respondió que comparte la reivindicación "pero que el de genocidio es un término que hay que utilizar con mucha justeza, y hay que demostrar que la intención fue destruir a una raza, a un determinado grupo humano".
Y añadió que no tiene una posición clara de momento pero que su Gobierno estudia el tema con “rigurosidad científica”. Sin embargo, la polémica expresión sí aparece en el Programa de Educación Inicial y Primaria como uno de los temas a tratar en el área de Historia, en quinto grado: Las primeras presidencias.
El genocidio charrúa. La palabra también se pronunció en la cámara de representantes, cuando la diputada del partido Frente Amplio, Stella Viel, pidió que se reconociera el genocidio el pasado 16 de julio. Por su parte, la profesora Mónica Sans se refirió al término con más seguridad: “Sí, yo creo que fue un genocidio. Hubo una intención clara de matar a determinado grupo indígena. En este caso podemos hablar de genocidio y etnocidio.”
Mientras tanto, año a año, varios descendientes se reúnen en Salsipuedes para recordar los hechos sucedidos. Lo llaman “lugar de reencuentro”. Al tiempo que transitan el paisaje, reviven en anécdotas a aquellos ancestros de “carácter indomable” que pagaron con su vida el precio del prejuicio en una cruel emboscada que quiso, pero no pudo, escribir para siempre el final de una etnia.
URUGUAY ESTRENA EL DOCUMENTAL SOBRE SU ASUNTO INDÍGENA
P. A.
Nicolás Soto y Leonardo Rodríguez son los directores del documental El país sin indios. El largometraje está ya en su última etapa y en espera de una fecha de estreno. Son varios los motivos por los que abordaron esta temática: “Si bien los charrúas de hoy empiezan a reivindicar una nueva historia y con ella una serie de derechos expropiados por el Estado, el asunto indígena en Uruguay es un tema complejo y cargado de violencia.
Durante la investigación entendimos que este tema toca varios puntos profundos de nuestra identidad e historia, por eso sentimos la necesidad de plasmarlo en una película.
Somos ciudadanos de un Estado que no ha reconocido el genocidio, y que aún hoy permite que el etnocidio continúe a través de la negación y el no reconocimiento de esta población.
Los uruguayos tenemos mucho de qué hablar, sobre todo en referencia al racismo, la violencia estructural, la desigualdad social y el medio ambiente”.
El documental ha sido declarado de interés por el Ministerio de Educación y Cultura y el Ministerio de Relaciones Exteriores y fue financiado por la Dirección de Cine y Audiovisual Nacional (ICAU).
