La Alianza de Oposición contra la Dictadura, conformada por el partido Libertad y Refundación (LibRe), el Partido Innovación y Unidad (Pinu), sectores del Partido Anticorrupción (Pac) y que lleva al cronista deportivo Salvador Nasralla como candidato presidencial en las elecciones generales del próximo 26 de noviembre, denunció esta semana el fraude electoral que se estaría gestando desde el aparato estatal, férreamente controlado por el gobernante Partido Nacional.
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Durante una conferencia de prensa, el expresidente y coordinador de LibRe, Manuel Zelaya Rosales, manifestó que de parte de las instituciones no ha habido voluntad de avanzar en la aprobación de reformas electorales acordadas con el respaldo de organizaciones internacionales.
Para la alianza opositora, que denuncia la cooptación total de las instituciones por el actual mandatario Juan Orlando Hernández quien busca una histórica -y para muchos anticonstitucional- reelección presidencial, estos cambios son "fundamentales para evitar el colapso democrático en el país" y para romper con un ambiente que resulta ser inviable "para sostener una contienda transparente y justa".
El fraude en seis elementos
De acuerdo con el documento presentado por la Alianza son seis los elementos que caracterizarían el fraude electoral.
El Censo Nacional Electoral (padrón electoral) nunca fue depurado. La alianza opositora asegura tener todas las evidencias para demostrar que está adulterado en más de un 30%. La misma Organización de Estados Americanos (OEA) notificó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que la certificación del censo es inviable.
Un segundo y tercer elemento tienen que ver con la existencia de al menos seis partidos de "maletín" o "zancudos" para el control de las credenciales, el proceso de votación y el escrutinio -casi el 90 por ciento de las credenciales de estos partidos va a dar a manos de los partidos tradicionales-, así como un sistema de transmisión de las actas de cada mesa electoral que no ha sido ni validado, ni auditado, ni certificado en ninguna de sus etapas.
Asimismo, Zelaya recordó que el documento de identidad de cada elector nunca fue renovado, la impresión de los documentos electorales carece de validación y comprobación, y hay fuertes señales de que se vuelva a dar la "compra de votos".
"El fraude en curso es una conspiración dirigida a usurpar la voluntad soberana de los hondureños y es de carácter estructural. Sus rastros pueden encontrarse fácilmente en todas las áreas del proceso electoral, lo que se ve agravado por la dirección de un Tribunal Supremo Electoral cuyos magistrados han sido nombrados de forma irregular e ilegal por los dos partidos tradicionales", se lee en el documento presentado durante la actividad.
Para la alianza opositora, ambos partidos -Partido Nacional y Partido Liberal- son responsables y cómplices de no aprobar las reformas electorales impostergables "para garantizar la transparencia, el respeto de la voluntad y libertad política de los votantes, así como la paz y la tranquilidad en Honduras".
Propuestas para desmontar el fraude
Ante esta situación, la Alianza de Oposición contra la Dictadura volvió a presentar una propuesta para el desmontaje del fraude, que contempla reformas a la Constitución y la Ley Electoral para que las principales fuerzas políticas, incluyendo a Libre y el Pac, tengan representantes en el TSE y en el Registro Nacional de las Personas.
También que se cumpla la legislación electoral en cuanto a la descentralización del conteo de las actas y la distribución con nombre y apellido de las credenciales; la contratación pública de las empresas que emitirán los documentos electorales y establecer un procedimiento de custodia del material electoral con presencia de miembros de la Alianza.
Dicha presencia es exigida también en los procesos informáticos, telecomunicaciones y seguridad en todas las fases del sistema de transmisión y divulgación de datos.
Asimismo, se pide la verificación del votante con huella dactilar y toda una serie de medidas para su identificación, evitando así el voto múltiple ante la falta de depuración del censo.
Finalmente, la alianza opositora exige la certificación y auditoría internacional del sistema de transmisión y divulgación de los resultados electorales; que el TSE emita credenciales con nombre y apellido de las personas, propuestas por cada partido, que integrarán las mesas electorales receptoras; que los partidos devuelvan al Tribunal las credenciales no utilizadas.
Las elecciones del próximo 26 de noviembre involucrarán a unos 6.2 millones de electores potenciales para elegir a presidente, tres designados (vicepresidentes), 128 diputados al Congreso Nacional, 20 al Parlamento Centroamericano con sus respectivos suplentes y 298 corporaciones municipales.
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