La desaparición forzada, lo que dice la ley. Reacción del Gobierno. Negativas, obstrucciones y trabas a la investigación.
La relación privilegiada entre Patricia Bullrich y Gendarmería, consecuencias.
La relación privilegiada entre Patricia Bullrich y Gendarmería, consecuencias.
Reacción social, de las redes a la Plaza.
Mensajes ciudadanos contra conjuras de necios, “vivos” y medios.
Comparaciones históricas.
Las voces, los cuerpos, los mensajes confluyen para denunciar la desaparición forzada de Santiago Maldonado.
Fue visto con vida por última vez durante un operativo violento e ilegal de la Gendarmería, según testimonios y material audiovisual harto difundidos.
La fuerza cumplía órdenes directas del Ministerio de Seguridad, reconoció el Comandante de la operación.
Pablo Noceti, jefe de Gabinete de la ministra Patricia Bullrich, estaba a la cabeza de la movida.
Tales circunstancias fueron ocultadas o camufladas o negadas por el Gobierno, mientras pudo.
Más de un mes sin saber nada de Santiago en el contexto de una acción represiva del Estado: las normas locales y los tratados internacionales estatuyen encuadrar legalmente el caso como desaparición forzada.
Así se caratula el expediente judicial, tras titubeos y dilaciones.
Los efectos de la desaparición se perpetúan, es un delito continuo.
Las leyes penales no inventan cuando imponen la imprescriptibilidad de los delitos: apenas (nada menos) dan forma a lo real.
La incertidumbre y los escollos para conseguir evidencias son, por así decir, inherentes a los casos de desaparición forzada.
La principal línea de investigación para autoridades judiciales y ejecutivas es la responsabilidad de la Gendarmería. La mayor sospecha recae sobre sus agentes y oficiales.
De sospecha hablamos, no de plena prueba, ni menos de condena.
No incurramos en la perversa lógica tan típica de los medios, de demasiados dirigentes políticos y hasta de personas del común. Una sospecha no es lo mismo que un procesamiento.
Ni un procesamiento es igual a una condena firme.
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Orden de jerarquía: Las búsquedas de personas o de información en hechos atroces y resonantes activan testimonios y denuncias: decenas, cientos.
La gran mayoría son pistas falsas, consecuencia de la voluntad de cooperar, de la ansiedad de gentes del común, de afán de protagonismo, en ocasiones de mentalidades perturbadas o fantasiosas.
Es deber de quienes pesquisan tomar nota de todas y dedicarles atención.
Nada debe recriminarse cuando se pide data a Chile o se chequea una versión trucha sobre un camionero en Entre Ríos… salvo que se descuide la labor esencial. De la difusión mediática hablaremos líneas más abajo, ya explicaremos por qué.
Lo imperdonable es la falta de voluntad del Gobierno nacional para instar las tareas impuestas por protocolos consagrados por la comunidad internacional y las reglas locales.
Van ejemplos, sin agotar el repertorio. Apartar a la Gendarmería de la investigación y separarla físicamente de quienes alegan ser sus víctimas con argumentos verosímiles. Suspender a los jefes de la acción, como medida cautelar y no como sanción disciplinaria. Pesquisar la repartición a fondo desde los primeros días, que son los más gravitantes. Controlar sus llamadas, revisar los celulares, sus movimientos, allanar sus instalaciones de modo inmediato.
Patricia Bullrich se niega a tirar “gendarmes por la ventana”. Nadie le pide eso, apenas que honre el deber que juró cumplir.
Cinco drones dispuso Bullrich para sobrevolar la movilización a Plaza de Mayo.
Ninguno atraviesa el cielo de Chubut, Río Negro o Neuquén.
El orden de las prioridades sí que altera el producto y tiene el peso de una confesión.
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Culpar a la víctima: La Casa Rosada y sus aliados mediáticos hacen un culto de escamotear el hecho principal. Siembran árboles por doquier para ocultar el bosque.
La comunidad mapuche es equiparada a cuanta organización terrorista dé vuelta por el mundo.
Un editorialista de Clarín la emparenta con ISIS aunque se ahorra de anoticiar cuáles son los atentados múltiples con víctimas mortales que produjeron.
Otro de La Nación, como quien no quiere la cosa, parangona al lonko mapuche Facundo Jones Huala con Hitler. Clarín mezcla la cobertura del acto en la Plaza con noticias sobre “otro atentado terrorista mapuche”. Guau.
Un allanamiento a los agredidos halla bombas molotov, motosierras y objetos cortantes. Esas sí se consideran pruebas de cargo. ¿Qué ha de ser un objeto cortante? ¿Un cortaplumas con navaja? Habría que añadir a MacGyver entre los enemigos públicos número uno que son un montón, como “las peleas del siglo”. ¿O a los guardabosques, que antes eran tomados como protectores del medio ambiente?
La insidia contra las víctimas despista, valga la expresión.
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La narrativa M: Empecemos a hablar de la retórica macrista. Elegimos encabezar esta columna con el problema central: la desaparición de Santiago, es un orden de prioridades.
Claro que el discurso oficial es parte de su estrategia.
Enchastrar a la víctima, estigmatizar a la comunidad mapuche, a la que banca sin integrarla.
El reduccionismo subestima el impacto y las adhesiones a nivel nacional e internacional. Aducen que son sólo los odiosos kirchneristas o la izquierda (a quienes se coloca al borde de la muerte civil), los subversivos originarios.
El rostro de Santiago, el nombre de pila, las pancartas e imágenes los refutan en todas las latitudes. Las redes sociales copan en parte la escena.
Un agudo artículo de Natalia Aruguete y Ernesto Calvo en la revista Anfibia informa sobre su protagonismo, entienden que forzaron a los medios a cambiar su agenda.
Quizá sea forzoso acotar que no todos los medios o periodistas jugaron a encubrir.
Numerosos comunicadores, radios, canales de tevé y diarios sostuvieron desde el primer momento los reclamos. Por ejemplo, PáginaI12 que viene informando con precisión, nutriendo a otras voces.
Pero el fenómeno existe: ciudadanxs de la red, jóvenes, no organizados ni encuadrados, claman por Maldonado. Posiblemente se identifiquen más con él que con Patricia Bullrich, tal vez sientan temor.
La prensa internacional se hace eco. Trabajadores de la cultura, afamados o no, enarbolan carteles. En las canchas de fútbol también hay memoria y conciencia.
Laburantes de los medios hegemónicos contradicen con coraje la línea editorial y se fotografían demostrándolo.
Anteayer una marea humana rebasó la Plaza de Mayo. La imagen se repitió en numerosas ciudades del país.
Quien no quiere oír, no escucha. El gobierno perjura que es una campaña política, desvía la atención.
De nuevo, lo peor no es como discute sino como (no) investiga, como no actúa a la altura de sus obligaciones.
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La historia y las diferencias: Los crímenes contra la libertad y contra la vida son abominables, en cualquiera de sus variantes. Los agrava y califica haber sido perpetrados malversando el uso de la violencia estatal, que deja de ser legítima.
Los seres humanos somos idénticos en dignidad y derechos, ninguna vida vale más que otra. Un ranking de víctimas es una perversión. Pero sí se pueden diferenciar, como el Código Penal y las reglas de convivencia, casos diferentes.
Miles de personas faltan de sus hogares pero hay un abanico de situaciones diferentes. La casuística no es uniforme: quienes se extravían, quienes se van de sus hogares, los que caen víctimas de la trata.
Desde Felipe Vallese en 1962 hubo desaparecidos en la Argentina. El terrorismo de estado dictatorial se valió de la desaparición como herramienta pero hay ejemplos de desapariciones forzadas sin que existiera un plan sistemático de exterminio.
El Jefe de Gabinete, Marcos Peña, guiona a los trolls rentados y alecciona a los miembros del elenco gubernamental mediante su famosa cadena de e-mails. Mencionemos situaciones análogas, mintamos que son idénticas, diluyamos el caso concreto.
Jorge Julio López desapareció durante la presidencia de Néstor Kirchner. “Republicanos” macristas, confesos o no, mendaces o mal informados, actúan como eco de la Casa Rosada: aducen que serían situaciones idénticas.
Vale la pena, entonces, hacer un racconto. López declaró como testigo de cargo en una causa por crímenes de lesa humanidad.
Uno de los acusados, luego condenado era el represor Miguel Etchecolatz.
López desapareció y hasta ahora nada se sabe sobre su destino. Las sospechas recaen sobre grupos de represores que se tomaron venganza y emitieron un mensaje para amedrentar otros testigos.
La investigación principal recayó en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde vivía López. En Chubut se ocupa el gobierno nacional como derivación de la innegable presencia de Gendarmería.
El gobernador Felipe Solá y el ministro de Seguridad León Arslanián desplegaron un activismo enérgico aunque infructuoso. Se efectuaron rastrillajes, allanamientos, sobrevuelos de helicópteros, se comidió a buzos tácticos.
Ellos mismos, personalmente, atendieron a ciudadanos ansiosos por aportar datos y que temían a (o desconfiaban de) la Policía Bonaerense.
Siguieron, claro, pistas falsas, no desecharon ninguna. Solá recibió a los familiares cercanos de López quienes le pidieron gestionara un encuentro con Kirchner. El gobernador lo llamó, el presidente les dio audiencia en la Casa de Gobierno al día siguiente. La foto de López estaba en el escritorio de su despacho, como la del joven Axel Blumberg. Allí se quedaron hasta que terminó su mandato.
Gentes de a pie, organismos de derechos humanos, partidos políticos, se congregaron en la Plaza de Mayo, al modo de anteayer. El kirchnerismo participó con militancia, dirigentes, adherentes.
Los mandatarios provincial y nacional se colocaron del lado de las víctimas. He ahí un primer mojón de la defensa de derechos humanos conculcados en democracia. No es suficiente pero no deja de ser imprescindible.
Ni Macri ni Bullrich se dieron cita con el hermano y los padres de Maldonado. La comunicación oficial los ningunea o maltrata, según el humor de los “formadores de opinión M”. Ese distanciamiento es cuestionable siempre. El presidente ostentó desprecio tomando un helado en Tucumán a la hora del acto en Plaza de Mayo.
La magistratura oficialista –la misma que cubrió la Patagonia con excavadoras en acciones contra “empresarios K”– se muestra abúlica, contemplativa. De vez en cuando hacen declaraciones sugiriendo que no está probado lo que ellos deben investigar. Ni lo estará si siguen obstruyendo. De por sí, es dificilísimo cuando se hace en serio…
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Recapitulemos: Las Plazas hablan, en las redes sociales los internautas del macrismo son goleados por los espontáneos.
La Confederación de Trabajadores de la Educación Argentina (Ctera) propone a sus afiliados cómo abordar la desaparición de Santiago en las aulas. Reaccionan padres indignados: he ahí un título de tapa para La Nación.
El educador Manuel J. Becerra derrama lucidez en otra nota editada en Anfibia. Cuenta que las directivas de Ctera no son obligatorias (no es una fuerza armada, ironizaría este cronista). Que él mismo quiso dejarla de lado en una clase ante pibas y pibes de cuarto año. Hablar sobre otra cuestión, seguir el programa. La clase le preguntó sobre Santiago, puso el temario. Miran las redes, ven carteles en la calle, conocen el nombre y el rostro del joven. Se interrogan y le preguntan al profe.
Gendarmería es la fuerza de Seguridad predilecta de Bullrich. Custodia a Milagro Sala, la única presa con prisión domiciliaria vigilada como si fuera Rudolf Hess. Armó una pericia sobre la muerte dudosa del fiscal Alberto Nisman. El editorialista de Clarín Julio Blanck adelantó el sesudo dictamen un mes antes de haber sido entregado, cuando se supone que no estaba concluido. A lo mejor tiene poderes extrasensoriales.
Bullrich defiende a su tropa, entorpece la investigación, incumple sus deberes de funcionaria pública. Los indicios son apabullantes, no bastan para acreditar dolo penal ni para hallar al joven. De nuevo: sospecha-procesamiento-condena… etc.
Todo indica que Santiago Maldonado desapareció tras ser detenido por los gendarmes y que estos ocultan su cuerpo. Hay que investigarlo, desde ya. Todavía hay un resquicio para esperanzarse con un desenlace menos atroz. Cada día que pasa, el margen se estrecha.
Cuando la Corte Suprema pronunció la vergonzosa sentencia del 2x1 para represores el macrismo retrocedió ante la reacción social. “Entregó” a los tres cortesanos que hicieron mayoría, dos de ellos nombrados por Macri.
El fallo, seguro, había sido conversado entre el tribunal y el Ejecutivo. Al menos uno de los Supremos, Carlos Rosenkrantz, fue designado para realizar esas tareas sucias con ropaje leguleyo. Macri los dejó solos con un desprestigio que puede acompañarlos (por ahí y ojalá) toda la vida. Se lavó las manos, se “blanqueó”.
Frente a la desaparición de Maldonado cambió el modus operandi. No volvió sobre sus pasos, se empacó. Otro indicio que da para pensar.
