El repaso completo al asesinato de una niña tras 51 denuncias de su madre por violencia machista muestra cómo las instituciones se desentienden de estos crímenes
Ángela González Carreño denuncio 51 veces a su exmarido antes de que éste asesinara a la hija de ambos
Conocí a Ángela González Carreño el martes 2 de febrero de 2016. Hacía entonces casi trece años que su exmarido había asesinado a la hija de ambos de un tiro de revólver. Nos encontramos en la sede que la organización pro derechos humanos Women’s Link tiene en el centro de Madrid, y le conté que desde que, en 2003, un par de días después del crimen, leí la noticia en los diarios, no había dejado de pensar en ello. Ángela pasó tres años llamando a todas las puertas semanalmente –3 años, cada semana–, alertando de lo que sucedería si le obligaban a dejar a su hija a solas con el padre.
Finalmente, una jueza le obligó a acatar un régimen de visitas que incluía el encuentro de padre e hija sin vigilancia. Tal como había avisado Ángela con desespero, él la mató. La niña tenía 7 años y había repetido una y otra vez que no quería ir con su padre. Cuando la conocí, hace algo más de un año, Ángela y las abogadas de Women’s Link esperaban sendas sentencias de la Audiencia Nacional.
La ONU había condenado al Estado español a reparar e indemnizar a Ángela a causa del desamparo sufrido por ella y su hija y por la negligencia de la Justicia española, que desoyó en 51 ocasiones la denuncia y la alerta de la madre. Antes lo habían intentado en los juzgados ordinarios, en la Audiencia Provincial de Madrid, en la Audiencia Nacional, en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo e incluso apelando al ministro de Justicia, en aquella ocasión Juan Fernando López Aguilar (PSOE).
Intentaron, una y otra vez, infructuosamente, que el Estado español reconociera su responsabilidad en el asesinato de su hija Andrea. La historia de Ángela desde aquel 24 de abril de 2003 hasta hoy mismo es la demostración palmaria de que el Estado español, sea cual haya sido su Gobierno, el poder judicial o el ministro de turno, no ha asumido el significado de la violencia machista. No es que no exista una financiación de la prevención de la tortura y la muerte, es que cuando el asesinato se produce, y aun demostrada la responsabilidad de las instituciones, el Estado la rechaza. La historia de Ángela es seguramente la descripción más clara en España de la violencia que las instituciones ejercen contra las víctimas de la violencia machista. Una segunda violencia, institucional. Esta:
Una historia de tortura y asesinato
El 3 de septiembre de 1999, un hombre llamado Felipe Rascón agarró del pelo a su mujer, la derribó contra el suelo de la cocina y le arrimó al vientre un cuchillo jamonero. Se habían casado tres años antes, y tres años tenía en el momento de esa agresión su hija Andrea. No era el primer ataque, tampoco la primera amenaza de muerte: Rascón vigilaba a su esposa, la seguía, la insultaba habitualmente y la maltrataba aludiendo a imaginarios amantes. No era la primera vez, pero la mirada de la cría, su presencia en aquella cocina, fue lo que determinó la huida. Ángela González Carreño agarró a su hija Andrea y salió de la casa familiar de Arroyomolinos para no volver más.
Tres años y siete meses después, el 24 de abril de 2003, en aquel mismo adosado del suroeste dormitorio de Madrid, Rascón agarró un revólver sustraído a su dueño en 1985 y mató a su hija Andrea, mató a su perra y se suicidó. Solo unas horas antes, a la salida de una audiencia judicial, se había acercado a la madre para decirle “te quitaré lo que más quieres”. Entre el momento en que el hombre, armado con un cuchillo, tiró a su mujer al suelo de la cocina y el momento en que ese mismo hombre, armado con un revólver, mató a la hija de ambos, Ángela, la madre, cursó 51 denuncias agobiadas en juzgados y comisarías.
Cuando una lee la documentación legal del caso –varios volúmenes de archivadores–, tiene la sensación de que media una voluntad minuciosa, notarial, un obstinado rastro de migas de pan que alguien se empeñó en ir dejando. Ángela sembró de migas el camino de su tortura. Migas desde la huida a cuchillo hasta el momento en el que su exmarido apuntó a la hija de 7 años y le descerrajó un tiro, migas para que alguien pudiera, llegado el caso, entender lo incomprensible. 51 denuncias. Pero siempre hay un pájaro que se come las migas, incluso una bandada. En el caso de Ángela, los pájaros aparecieron definitivamente el 6 de mayo de 2002. Llevaba dos años y medio denunciando al menos una vez al mes el acoso de Rascón, su exmarido –insultos, amenazas de muerte, persecuciones, ataques a la niña, golpes– cuando la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Navalcarnero decidió que no existían razones para que el padre no estuviera a solas con su hija.
Tres días después, Ángela recurrió la decisión de la jueza aludiendo al “interés superior del menor”, pero el 17 de junio el juzgado repitió su sentencia. De nada sirvió el informe del Centro de Servicios Sociales vigilante del régimen de visitas, donde se alertaba de que la niña no quería pasar más horas con su padre y recomendaba no dejarla a solas con él, sin vigilancia. De nada sirvió el escrito del fiscal en el mismo sentido. El 8 de enero de 2003, tres meses antes de que mataran a su hija, Ángela presentó ante el juzgado un escrito en el que rogaba que escucharan a la niña, que la cría no quería estar con su padre, que la violentaba con insultos a la madre.
Ese mismo 8 de enero, los Servicios Sociales encargados del caso presentaron un informe en el que aconsejaban no permitir que padre e hija se encontraran sin vigilancia, ya que él usaba a la cría para agredir a la madre a base de preguntas sobre su intimidad y amenazas que “confundían” a Andrea. No fue el único informe. Una semana antes del asesinato, la trabajadora social que supervisaba las visitas entre Felipe Rascón y su hija emitió un escrito en el que detallaba “varias incidencias” alarmantes sucedidas entre los días 9 de enero y 3 de abril de 2003. En todas ellas alude al uso de la hija para agredir a Ángela, e insiste en que la niña no quiere estar con su padre, que se siente “incómoda y confusa”.
El jueves 24 de abril de 2003, por la mañana, Ángela González Carreño y su exmarido, Felipe Rascón Calderón, se encontraron en una vista oral relativa al derecho de uso de la vivienda. A la salida, el hombre se acercó a ella y le advirtió de que le iba a quitar lo que ella más quería. Pocas horas después, obedeciendo las órdenes del juzgado, Ángela llevó a su hija Andrea al Centro de Servicios Sociales, donde la recogió su padre. A las 20.00, como cada jueves, volvió a recogerla. Ante la tardanza de padre e hija, acudió a la Guardia Civil de Mejorada del Campo. Fueron ellos quienes entraron en el adosado de Arroyomolinos, por la puerta de atrás. En el salón, donde la televisión permanecía encendida, encontraron tres cadáveres: el de una perra, el de Andrea, 7 años, y el de Felipe Rascón, su padre, aún con el revólver en la mano.
Violencia tras el asesinato
Cuatro días después del crimen, el 28 de abril de 2003, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, envió sendos escritos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al ministro de Justicia. Al CGPJ le solicitaba una investigación para esclarecer las responsabilidades que suponía la presumible negligencia judicial, y un expediente disciplinario para la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Navalcarnero. Al ministro de Justicia le solicitaba una audiencia para exponer las deficiencias del funcionamiento de los servicios psicosociales de la Administración en casos como el de Ángela. Asimismo, solicitaba una investigación sobre lo sucedido.
El ministro de Justicia entonces era José María Michavila (PP), y el del CGPJ, Francisco José Hernando Santiago. Tras poco más de dos meses, el 9 de julio, el Magistrado Jefe de la Sección de Régimen Disciplinario del CGPJ respondió que, tras revisar la actuación del Juzgado de Navalcarnero, no apreciaba ninguna actuación que tuviera relevancia disciplinaria y, por lo tanto, archivaba el caso. Resulta imprescindible repasar la historia de Ángela fecha a fecha, solo las muy señaladas. Se necesitaría un centenar de páginas para hacer constar todas y cada una de sus denuncias, todos y cada uno de los rechazos institucionales recibidos, todos y cada unos de sus desgarros.
El 2 de enero de 2004, el Juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero declaró “extinguida la responsabilidad penal” en el asesinato de Andrea Rascón. Inmediatamente, Ángela recurrió dicha decisión, que fue desestimada. También lo fue la presentada ante la Audiencia Provincial de Madrid, en una resolución contra la que no cabía ya recurso. En 23 de abril de 2004, a falta de un día para que se cumpliera un año del asesinato, Ángela González Carreño arrancó su particular pelea con la Administración pública española, una lucha sin cuartel ni victorias que llega hasta hoy. En esa fecha, de la mano de la abogada Ana María Ruiz Tagle, inició un procedimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ministerio de Justicia español. Defendía y defiende que la Administración de Justicia y los Servicios Sociales españoles fallaron en su deber de proteger la vida de su hija Andrea.
Defendía y defiende que el Estado “primó el derecho de Rascón a tener una relación con su hija, en lugar de velar por el interés superior de la menor”. Año y medio más tarde, el 3 de noviembre de 2005, el Ministerio de Justicia resolvió desestimar su reclamación, alegando que la vía judicial elegida era errónea. Aseguraba que Ángela debía haber solicitado una indemnización por error judicial, pero que para ello estaba fuera de plazo. Ángela recurrió y el 22 de enero de 2007 el mismo ministerio volvió a desestimar su queja.
Al rechazo del Ministerio de Justicia, siguieron el de la Audiencia Nacional (10 de diciembre de 2008), el Tribunal Supremo (15 de octubre de 2010), que además le obligó a pagar las costas, y el Constitucional, que el 27 de abril de 2011 inadmitió la demanda. A todos ellos Ángela les pedía solo una cosa: que admitieran la responsabilidad de la Justicia española en el asesinato de su hija. Ninguno de ellos aceptó sus razones, por lo que ya no le quedaron instancias nacionales a las que acudir.
La ONU condena a España
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (o CEDAW en sus siglas en inglés) es un tratado internacional de la ONU firmado en 1979. Está firmado y ratificado por España. En septiembre de 2012, agotadas todas las vías en su país, Ángela González Carreño y la organización internacional Women’s Link presentaron el caso ante la CEDAW, que en julio de 2014 emitió un dictamen que afirmaba que “el Estado [español] ha infringido los derechos de la autora [González Carreño] y su hija fallecida”.
Asimismo, conminaba al Estado a “otorgar a la autora una reparación adecuada y una indemnización integral y proporcional a la conculcación de sus derechos”. Por otra parte, indicaba que se debía “llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial” sobre lo sucedido. Nada de eso se hizo. Las últimas resoluciones sobre el caso datan del año pasado, trece años después del asesinato de la niña Andrea Rascón González, y son sendas sentencias de la Audiencia Nacional. En ambas (25 de abril y 2 de noviembre de 2016), se insiste en que los procedimientos legales y las decisiones tomadas por la Justicia española entre septiembre de 1999 –fecha en la que Ángela y su hija huyen– y abril de 2003 –fecha del asesinato– fueron correctos.
Por lo tanto, el hecho de desatender las 51 denuncias de la madre y los informes de los Servicios Sociales, así como no tener en cuenta el interés superior de la menor también entraba dentro de la normalidad. En la última sentencia, que data de hace apenas 7 meses, se pueden leer afirmaciones como las que siguen: “La recurrente presentó un escrito de alegaciones el 7 de enero de 2003 en el que se opuso a pasar a ese nuevo régimen [el de las visitas paternas sin vigilancia] y denunciaba la falta de apego de la pensión de alimentos, pero no se desprendían de su escrito que se opusiese al régimen de visitas existente o advirtiese riesgo para la vida de la menor”.
En la fecha a la que hace referencia la Audiencia Nacional, ese enero de 2003, Ángela González Carreño y sus abogados ya habían presentado al menos 45 denuncias por acoso y maltrato a la madre y a la hija, alertando del peligro que supondría dejar a la niña a solas con el padre. “Este Tribunal, aun lamentando profundamente el fatal desenlace, no aprecia que en el supuesto que nos ocupa existiese un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”. “…
Tras un constante seguimiento del régimen de visitas e informes psicológicos de los padres y de la menor, con intervención del Ministerio Fiscal a lo largo de las actuaciones y con constantes escritos de alegaciones de los progenitores, y permanentes informes de seguimiento emitidos por los servicios sociales, resolvieron lo que estimaron conveniente respecto de la forma en que debía canalizarse la comunicación de un padre separado con su hija, sin que existiesen datos que indicasen que el régimen de visitas que existía [las visitas sin vigilancia] implicase peligros para la vida o salud física o psíquica de la menor, por lo que el posterior asesinato de ésta a manos de su progenitor no aparece conectado con funcionamiento anormal alguno del juzgado o de sus agentes colaboradores, de modo que no se aprecia la existencia de los elementos necesarios para declarar la existencia de una responsabilidad patrimonial del Estado.”
Si el Estado acatara
Muy otro es el punto de vista de Teresa Fernández Paredes, abogada de Women’s Link al frente del caso. “Ángela confió en el sistema de justicia y en las administraciones del Estado, que respondieron con decisiones basadas en estereotipos y prejuicios de género que terminaron en el asesinato de su hija Andrea”, afirma. Fernández Paredes critica duramente el caso omiso que España hace a las recomendaciones de la CEDAW sobre violencia machista.
“Si el Estado acatara las recomendaciones del Comité CEDAW, las mujeres supervivientes de violencia de género no tendrían que enfrentarse a procesos judiciales por proteger la vida de sus hijas y por rebelarse contra un sistema de justicia que les exige cumplir unas visitas sin supervisión con los padres maltratadores”.
Y añade: “El Estado tiene responsabilidad en la protección a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas y, cuando ese sistema de protección falla, las consecuencias que tiene para esas mujeres y sus hijos e hijas son irreparables”. “Si el Estado español firma y ratifica tratados internacionales que lo comprometen a proteger y a garantizar derechos, luego no puede pretender que estos tratados no van a tener ningún efecto en las instituciones españolas. O simplemente, ¿se firman para quedar bien ante la comunidad internacional?”, concluye la abogada.
Ángela
Ángela González Carreño responde al teléfono el jueves 1 de junio. El fin de semana anterior, tres hombres asesinaron a “sus” mujeres. –Este fin de semana han matado a tres mujeres y no ha sido capaz nadie del Gobierno de comparecer. Pero de este y de ninguno. No veo que el resto de partidos políticos haga presión alguna. Estoy indignadísima.
No entiendo cómo puede haber 2.500 efectivos en un partido de fútbol para prevenir incidentes y que no haya para las mujeres que han denunciado que las van a matar. –¿Y qué se puede hacer? –No lo sé. Lo único que yo podía hacer era recurrir a la justicia y creer en ella, pensando que iba a estar de mi lado reconociendo lo evidente: lo que me estaba pasando. ¡Puse 51 denuncias! Y no hubo ni reconocimiento antes ni después.
Y es que no interesa… Los asesinatos por violencia machista no interesan al Gobierno. Es más, cuando matan a una mujer o a una criatura no le dan importancia ninguna.
– ¿El Gobierno no responde?
–El Gobierno sí responde, pero con negativas. Negando lo evidente: que son responsables.
–Usted ha vivido el mayor desamparo por parte de la Administración.
–Hay un desamparo evidente y total por parte del Estado, de las instituciones, los jueces en relación no sólo en lo que rodea a las mujeres sino también a las criaturas. Mira lo que está pasando con los niños. Sigue prevaleciendo el interés de un padre maltratador a la protección de un niño, porque es invisible, no se escucha a los niños. Es indignante que no se escuche lo que sufren.
–¿Existe la suficiente presión en la calle?
–Yo he dejado de ir al “minuto de silencio” porque no vale de nada. ¿Qué se ve ahí? ¿A cuántas personas? ¿Quince con una pancarta frente a la sensación de “mira estas locas”? Esto no sirve para nada. Necesitamos más. Que se involucre el Gobierno, que adopte medidas… Que se lleve a cabo lo que estableció la ley de 2004. Ahí se contempla que no se puede entregar un niño a un padre maltratador. No debería dejarse decidir a un juez, sino imponerlo con una ley. Porque hay jueces y jueces, y juezas y juezas… Debe ser una imposición por ley, no se les debe dejar pensar porque cada uno tiene una ideología y ve las cosas a su manera.
–Después de lo vivido y tras años de pelea, ¿qué pasos cree que se debe dar?
–Para empezar, muy fácil: protección a las víctimas, a las mujeres, y destierro a los maltratadores. Ellos son los que deben irse, y no las mujeres. Una mujer no puede salir a la calle mirando a todos lados para ver si está el maltratador, si la sigue… ¿Por qué el resto de asesinos sale en televisión y un asesino por violencia de género sale con el rostro oculto?
Va a estar en la cárcel 5 o 7 años, y cuando salga lo volverá a hacer. No les conocemos, hay que conocer a los asesinos y reconocerlos como asesinos, como los de ETA, como el resto de asesinos. Hay que comparar los asesinatos por violencia de género con el resto de asesinatos. Que una mujer asesinada tenga el mismo valor que otras víctimas.
–Cada vez es más evidente el uso de los hijos para agredir a las madres.
–Con respecto a los hijos, muchos tienen una fachada de buenos padres –“se la ha llevado, le ha comprado esto o lo otro…”– cuando en realidad está machacando a esa criatura por detrás para maltratar a la mujer.
Y el hijo lo ve, no es tonto. Se dio cuenta mi hija, y se da cuenta el resto de los hijos. El Gobierno, la gente… Yo no sé si se dan cuenta. Lo que quieren es hacer el mayor daño posible a la mujer que les ha abandonado. Y ese daño son los hijos, por supuesto. Por eso no hay que entregárselos, no sé, no sé por dónde empezar…
–¿Dónde cree usted que están las responsabilidades?
–Hay muchos responsables cuando un juez permite las visitas de un padre maltratador. Empezando por los servicios sociales, que no deberían consentir los puntos de encuentro cuando tienen informes de que existen denuncias. Luego, además, los informes que realizan las trabajadoras sociales no valen para nada. No involucran nada. Ese fue mi caso. Como los informes psicológicos. Cuando suceden estas cosas, lo primero es un psicólogo para el papá, la mamá y el hijo. Tampoco valen para nada. No se mojan.
–Las denuncias a usted no le sirvieron para nada.
–Hay que ver la evidencia cuando hay denuncias, cuando se ven los malos tratos, es que no hay más. Pérdida de custodia totalmente. Es la única manera de empezar a evitar, de entrada, la muerte de los hijos. Las de las mujeres, pues bueno, aprender a vivir con el miedo. El hecho de que no haya protección, que no manden a estos delincuentes fuera de la provincia donde vive su mujer… Es que no hay manera, porque aunque lo mandes lejos, la orden de alejamiento no vale para nada. Debería estar controlado de alguna manera, informando incluso a sus empresas. La mujer tiene todas las de perder. Pierden su trabajo, su vida, sus amigos porque viven en auténtico pánico. El maltratador sigue libre, en su trabajo no saben nada, siguen pensando que es una persona muy responsable con sus hijos y que la mala es la mujer, etc. etc. Hay que cambiar la forma de pensar: es el maltratador quien debe sufrir, no la víctima. Me indigno, me indigno, me indigna que no se dé la visibilidad suficiente para que este problema nos afecte a todos.
Repetirlo todas las semanas, no medio minuto. Sólo sirve para ir sumando un número más y a final de año hablen de un porcentaje en relación al anterior. Y en enero, contador a cero. Las víctimas de ETA las siguieron sumando, les hicieron estatuas, plazas, jardines, eventos, manifestaciones, conmemoraciones… Y a las asesinadas por violencia de género, nada.
–A usted, la ONU le dio la razón.
–El día que me dio la razón la ONU fue un día feliz y, de alguna manera, me devolvió la esperanza. Pensé que finalmente alguien había leído mi caso y recuperaría mi dignidad, pero me sirvió de poco. En cuanto vi la respuesta del Gobierno se me vino el mundo abajo. Que a mí no me restituyan es un acto de violencia institucional. Y es un problema social y parece que cuantas más asesinadas hay, más crece la violencia de género. Porque el resto de los hombres que son violentos piensan en primer lugar que la mujer se merece que la maten. Lo primero que hay que pedir a los políticos es que estos asesinatos sean visibles, que se recuerden, que se nombren.
Niños asesinados
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad empezó a recoger estadísticas sobre menores en 2013. Desde esa fecha, al menos 22 menores fueron asesinados por la llamada Violencia de Género. Las cifras, no obstante, no son concluyentes y podrían ser más. En cuanto a las fechas anteriores, la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas maneja un número de menores asesinados que supera los 70, entre 1999 y 2012. En lo que va de este año 2017, al menos tres menores han sido asesinados por Violencia machista.
El 3 de febrero, Vladimir Valdovinos se lanzó desde una ventana del Hospital de La Paz con su hija Aramís en brazos. La cría tenía 18 meses. Murieron los dos. Antes, él le espetó a su mujer, Noemí Dávila: “Te voy a dar donde más te duele”. El 29 de marzo, José Manuel-García Bustamante estranguló a su mujer, Ana María Rosado, y asesino a sus dos hijos, una niña de 5 años y un niño de 8, por asfixia en Campo de Criptana.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=227793
