Recientemente, Bucarest se convirtió en escenario de las manifestaciones más fuertes de los últimos 25 años. Miles de personas tomaron las calles de la capital para protestar contra las recientes decisiones del Gobierno y exigir su dimisión.
Formalmente, la razón para las manifestaciones ha sido la polémica amnistía que buscó liberar a muchos presos vinculados con la corrupción.
La sociedad rumana, donde el problema de la corrupción se percibe como una barrera para el desarrollo, se puso en contra.
Reciente cambio de Gobierno
El 11 de diciembre se celebraron las elecciones parlamentarias en Rumanía. Al ganarlas, el Partido Socialdemócrata (PSD, por sus siglas en rumano) inmediatamente inició consultas con los demócratas liberales (PD-L) con el fin de formar una coalición.
La tarea de formar gabinete recayó sobre el ex ministro de Comunicaciones Sorin Grindeanu. Como nuevo primer ministro envió al jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, una carta en la que confirmó su compromiso de luchar contra la corrupción en Rumania.
Inicio de las protestas
El 18 de enero, el Ministerio de Justicia emitió un decreto de amnistía de los presos con libertad condicional y de los condenados a prisión hasta cinco años, a menos que se trate de delitos graves.
Se redujo a la mitad el tiempo de condena para los presos mayores de 60 años o aquellos que tienen niños menores de cinco años.
Así, el documento también se aplica a los autores de delitos graves, así como a los involucrados en la corrupción.
Esta decisión del Gobierno provocó un descontento masivo y desató una ola de protestas de los ciudadanos frustrados por la decisión.
El presidente Klaus Iohannis instó al Gobierno a retirar el decreto. Lo mismo hicieron los líderes de algunos partidos políticos.
A pesar del frío, cerca del edificio del Gobierno en Bucarest, se reunieron decenas de miles de personas.
Miles de rumanos salieron a las calles en otras ciudades del país, seguros de que los ministros del PSD simplemente querían amnistiar a sus propios partidarios condenados por delitos de corrupción, incluido uno de sus propios líderes, Liviu Dragnea, condenado por ofrecer un soborno en 2015.
Las razones de las protestas
"En la sociedad rumana existe una pronunciada lucha contra la corrupción, la cual, según los rumanos, impide el bienestar del país y los ciudadanos", opina Pável Tarusin, profesor de la facultad de gestión estatal de la Universidad Lomonósov de Moscú, entrevistado por Sputnik.
"Es un ejemplo de cómo una decisión inoportuna y mal pensada conduce a la inestabilidad política. Es que el Gobierno rumano simplemente se ha apresurado con la toma de la decisión y su aprobación", añadió.
El experto considera que el Gobierno de Rumanía también se ha equivocado en la forma de hacer enmiendas.
"El Gobierno no tomó la decisión tras un debate o votación en el Parlamento, sino por decreto. En este caso, no se debe hacer enmiendas de esta manera.
No hubo consultas con las instituciones judiciales, ni con la sociedad civil, ni con otros jugadores del escenario político. Como resultado, surgió un potencial de protesta".
Una Rumanía dividida
Los manifestantes fueron apoyados por el presidente rumano Klaus Iohannis. El primer ministro Sorin Grindeanu lo calificó inmediatamente de "intentona golpista".
En Rumanía, el poder económico y administrativo real pertenece al Gobierno, aprobado por el Parlamento, mientras que el presidente es comandante supremo y "representa la unidad de la nación".
Los manifestantes también contaron con el apoyo del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien afirmó que "la lucha contra la corrupción debe ser reforzada".
El 5 de febrero, el Gobierno abolió las enmiendas de la ley de amnistía, y el primer ministro, Sorin Grindyanu, propuso iniciar un debate público sobre temas sensibles relacionados con este documento.
Sin embargo, los protestantes no se conformaron con la sola cancelación del decreto. El 6 de febrero, el número de manifestantes alcanzó medio millón de personas, que exigen destituir al Gobierno y repetir las elecciones, lo que en el PSD califican de pretexto para forzar el cambio del poder.
Consecuencias posibles
Una destitución del Gobierno no es imposible, conocida la experiencia política de Rumanía, opinó al medio ruso Izvestia la politóloga Tamara Guzenkova, vicedirectora del Instituto de Estudios Estratégicos ruso.
"Un presidente de derechas está en conflicto con el Gobierno de izquierdas. La corrupción es un pretexto formal ya que, para Bucarest, es un problema de actualidad, y la sociedad es muy sensible a estos temas", comentó.
Pero no se debe esperar ningún cambio drástico en el curso político de la nación.
"Las posturas euroescépticas son débiles en Rumanía, a diferencia de, por ejemplo, en Francia o Alemania. Tampoco será discutida la membresía en la OTAN o el despliegue de los sistemas de defensa antimisiles en el país.
Esto nadie lo pone en duda [en Rumanía]", concluyó la experta.
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