Dr. Alberto Grille De acuerdo con el expediente que obra en la causa penal 3.899/16, en el juzgado a cargo del juez federal argentino Sebastián Cassanello, caratulada “Macri, Mauricio s/infracción artículo 303 del Código Penal”, y a la última ampliación de denuncia realizada por el diputado nacional neuquino Darío Martínez, el presidente argentino posee de forma directa o por intermedio de testaferros una red de por lo menos 50 sociedades offshore no declaradas en 11 paraísos fiscales: 29 en Panamá, tres en Hong Kong, cuatro en Uruguay, tres en el estado de Florida (Estados Unidos), cuatro en Bahamas, una en Londres, una en Nueva York, una en Belice, una en Dubái, dos en Gran Caimán y una en British Island.
Este número impresionante de sociedades secretas fue creado primero por su padre y luego por él mismo y sus hermanos entre 1976 y 2015. Treinta de ellas se fundaron en los últimos 15 años, y aunque el presidente Macri al principio intentó restarle importancia a su descubrimiento, al afirmar que no estaban activas y no tenían movimientos, especialmente las primeras dos que se conocieron –Fleg Trading LTD (sociedad offshore radicada en Bahamas) y Kagemucha SA (sociedad radicada en Panamá), cuya existencia se conoció tras la megafiltración de los Panama Papers, y en las que figura como vicepresidente–, la evidencia acumulada hasta el momento demuestra que mediante ellas se han realizado transferencias millonarias en dólares hacia otras sociedades ocultas, también pertenecientes al grupo familiar, con el propósito, a esta altura evidente, de lavar dinero malhabido y evadir impuestos, cuando menos.
Todas las declaraciones juradas de Macri son inconsistentes. Las declaraciones juradas hechas en la Ciudad de Buenos Aires, donde fue jefe de gobierno durante ocho años, no coinciden con sus declaraciones simultáneas ante las oficinas federales.
Así, el Estado nacional argentino cuenta con una información sobre el patrimonio del presidente que difiere de la información que él mismo aporta en la ciudad, sin que todavía se haya podido precisar a quién le está mintiendo. O, mejor dicho, a quién le está mintiendo más, porque en ninguna de ambas declaraciones aparecen sus decenas de sociedades offshore, y el monto declarado no se ajusta a ninguno de sus movimientos pasados ni presentes.
En el ejercicio 2014 Macri declaró ante la Oficina Anticorrupción de Argentina poseer bienes por 52 millones de pesos argentinos, lo que al cambio oficial significaba unos seis millones de dólares. Sin embargo, dos meses antes, en calidad de jefe de gobierno, había informado a la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires que poseía 68 millones de pesos y dos millones de dólares.
Un año después, en el ejercicio 2015 –su última declaración–, Macri declaró a la Oficina Anticorrupción que tenía bienes por 110 millones de pesos, es decir, un incremento de más de 100% de su patrimonio en el último año, y por primera vez admitió tener “inversiones en Bahamas”, por un total de 18 millones de pesos argentinos, algo más de un millón de dólares al cambio actual, de 15 pesos por dólar.
Este fabuloso incremento, con todo, apenas justifica un patrimonio total de menos de ocho millones de dólares, un número muy inferior al que se sospecha que verdaderamente posee. Bastan dos datos casi anecdóticos para derrumbar sus declaraciones juradas.
En 2005, Macri se divorció de su segunda esposa, Isabel Menditeguy, con la que estuvo casado 11 años.
La separación le costó, según lo que trascendió en esa época, la friolera de 25 millones de dólares, y eso gracias a su fantástico poder de persuasión, que incluyó espionaje a la exmujer, porque el monto inicial solicitado por Menditeguy superaba los 70 millones.
El otro dato que refuta su propia declaración es la confirmación de la existencia de una cuenta offshore, la número 2048080 de la Bancadella Svizzera Italiana de Nueva York, perteneciente al presidente argentino, desde la que hizo por lo menos dos giros, uno de 9.145.000 dólares y otro de 45.660.000 dólares.
Las sospechas, procesos y condenas contra el clan Macri son antiguos y han hecho escuela en Argentina.
Ya en la época de la dictadura, las empresas del grupo fueron beneficiarias de la estatización de la deuda privada que se produjo gracias a los seguros de cambio creados por el entonces director del Banco Central, Domingo Cavallo, en 1982.
En esa millonaria estatización de deuda, que favoreció por miles de millones de dólares a las principales empresas argentinas, el clan Macri se benefició a tal punto que hasta inventaron deuda ficticia mediante autopréstamos.
Años después, en 1986, el jefe del departamento de Deuda Externa del Banco Central, Carlos Melconian, hoy presidente del Banco Nación de Argentina, firmó y envió al directorio de la entidad el informe 480/161, en el que se solicitaba la anulación de la investigación de la deuda privada contraída en el exterior a fines de la última dictadura cívico-militar.
Los auditores del Banco Central llevaban a cabo esa investigación porque esa deuda era considerada “créditos fraudulentos y de dudosa legalidad”, declarados por empresas privadas, valuadas en al menos 6.000 millones de dólares. Entre las denunciadas figuraban empresas extranjeras y nacionales; entre estas últimas, Pérez Companc, Bridas y Sideco Americana SA, del grupo Macri”.
Unos años después, en 1995, nuevamente Cavallo, ahora como ministro de Hacienda de Carlos Menem, emitió el decreto 493, conocido en la academia como “decreto Sevel” o “moratoria Sevel”, con el propósito de perdonar los intereses y multas por deuda impositiva acumulada que se hubiese cancelado antes de julio de 1995.
Días antes, Sevel, automotora del grupo Macri, cuyo titular eran Franco y Mauricio y que acumulaba 55 millones de dólares de deuda tributaria, había cumplido en forma exacta los requisitos para ser beneficiada por semejante exoneración, al punto de que, según cita el periodista Raúl Dellatorre en la edición de Página 12 del 20 de marzo, el decreto es conocido en la Facultad por el nombre de la automotora.
Por la causa de la evasión de Sevel, que incluyó la creación de empresas offshore en Uruguay, Macri fue procesado por contrabando y su padre por evasión.
El trámite de su procesamiento terminó en un escándalo, porque la Corte Suprema de la época de Carlos Menem, conocida como la “mayoría automática”, presidida por el riojano socio de Eduardo Menem Julio Nazareno, sobreseyó a Mauricio y a su padre, Franco, de una forma tan vergonzosa que la decisión se convirtió en uno de los motivos por los que los magistrados responsables terminaron siendo enjuiciados y separados de sus cargos.
En noviembre de 2015, cuando Macri llegó a la presidencia tras derrotar al candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, tenía un prontuario inigualado por ningún presidente hasta la fecha.
Más de 200 denuncias judiciales y procesamientos firmes. No se conocían en ese momento los Panama Papers.
Es posible que el prestigioso periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, quien participaba en el consorcio internacional que investigaba la filtración, sí supiera que Macri estaba involucrado; no obstante, más obsesionado por identificar cuentas que comprometieran a Cristina Kirchner y cuidadoso de no perjudicar la campaña de Macri, ese medio lo mantuvo en silencio hasta 2016.
Pocas semanas atrás, el propio Alconada Mon hizo público que la Justicia alemana investiga un movimiento sospechoso de los hermanos de Macri, que cerraron una cuenta secreta pocos días antes de la elección y ordenaron transferir millones de dólares a otra cuenta secreta en Suiza, acompañado con una minuta sorprendente que ordenaba destruir la documentación en Alemania.
¿Por qué lo hicieron? ¿Es que acaso estaban advertidos de los que se venía con los papeles de Mossak Fonseca? Y, en ese caso, ¿quién les informó de eso? Son algunas de las preguntas que podemos hacernos.
Lo cierto es que ya es inocultable que Macri no es sólo un presidente de derecha empeñado en una restauración neoliberal noventista; es uno de los personajes políticos más corruptos del mundo y, si esa realidad no afecta todavía gravemente su imagen pública en Argentina, es porque existe una enorme connivencia de los grandes medios de comunicación, que a la vez de ocultar la realidad económica y las causas que se ciernen sobre el actual mandatario, se muestran preocupados a diario por indagar la fortuna de la expresidenta Cristina Fernández, a la que nunca le han encontrado una cuenta en el exterior y cuyo patrimonio evolucionó entre 2003 y el último año de siete millones de pesos argentinos a 64 millones, pero con un dólar que varió de 2,7 pesos a más de 15, por lo que el incremento real en 12 años fue de 65%, para llegar a un número que en la vida de un Macri es un vuelto, la quinta parte de un divorcio.
Con el tiempo habrá que incorporar los nuevos negociados que se están produciendo desde que asumió la presidencia, como la transferencia por decreto de más de 45.000 millones de pesos argentinos a la empresa Iecsa para el soterramiento del tren Sarmiento, una obra que sólo debía realizarse si los privados conseguían financiación propia. Iecsa pertenece a Angelo Calcaterra, primo hermano de Macri, desde 2007.
Antes la empresa era de Mauricio, pero se la vendió o transfirió a su primo en 2007, meses después de su asunción como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y tras haber otorgado por decreto una megaobra de entubamiento del arroyo Maldonado a Iecsa, la mayor de las empresas del grupo.
Va de suyo que la venta de Iecsa al primo fue la forma de ocultar la participación de Mauricio en la empresa que luego se transformaría en una de las principales contratistas de obra de la ciudad que gobernaba su dueño.
Ahora Iecsa recibe montos multimillonarios, en virtud de un decreto firmado directamente por Mauricio.
Es tan explícito el procedimiento, que cuesta creer que pueda preservar su impunidad, pero es notable también que el Poder Judicial argentino y la Oficina Anticorrupción están empeñados en impedir que vuelva Cristina y en garantizar por unos años la sustentabilidad del gobierno.
Así, en la última semana de 2016, Cristina fue procesada en tres causas, entre las que se incluye la reapertura insólita de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la Cámara de Casación, que había sido rechazada en cinco instancias por inexistencia de delito.
Asimismo, la Oficina Anticorrupción y su titular, la exdiputada macrista Laura Alonso, enfrentan una causa penal por presentarse como querellantes sólo contra exfuncionarios kirchneristas e ignorar al medio centenar de funcionarios del gobierno actual que se encuentran imputados en la Justicia, pese a que recién va un año de gobierno.
(Tomado de Caras y caretas)
