El Gobierno suizo decidirá en las próximas semanas si extraditar a España a Nekane Txapartegi, condenada en el sumario 18/98 contra el “entorno civil de ETA”.
En las próximas semanas, la Oficina Federal de Justicia de Suiza decidirá sobre la posible extradición de la ciudadana vasca Nekane Txapartegi, presa en la cárcel de Zurich desde el pasado mes de abril a petición del Ministerio de Interior español, según han confirmado a Diagonal desde la Administración helvética.
Txapartegi es una de las 46 personas condenadas en 2007 en el marco del sumario 18/98, un macroproceso instruido por el entonces juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón con el que se abría la doctrina del “todo es ETA” y que llegó a sumar 54 personas imputadas por participar en organizaciones sociales, periódicos y empresas supuestamente relacionadas con el grupo armado, entre ellas los periodistas Jabier Salutregi y Teresa Toda o el activista ambiental Sabino Ormazabal.
”Pieza Xaki
En el caso de Txapartegi, su inclusión en el proceso fue por su activismo en la organización Xaki, dedicada a la denuncia de vulneraciones de Derechos Humanos y a la que Garzón tachó de “Ministerio de Asuntos Exteriores de ETA”.
Xaki fue desmantelada en contra de la opinión de los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia, que señalaron la legalidad de la organización.
Txapartegi, que entonces tenía 26 años, fue detenida el 9 de marzo de 1999 en Tolosa (Guipúzcoa), cuando iba a aparcar su coche para ir al masajista.
“Me dijeron que eran de la Guardia Civil, de la Comandancia 13 de Intxaurrondo, y que ya me iba a enterar de lo que me iba a venir”, declaró durante una vista oral en la Audiencia Nacional.
Los agentes la llevaron al domicilio en el que vivía con su madre, a la que también apuntaron con una pistola, para hacer un registro que duró varias horas.
Tras ello, la desplazaron hasta la comisaría de Tres Cantos, en Madrid, en un viaje en el que la mantuvieron con la cabeza encapuchada “a base de golpes”. Txapartegi denuncia que también le practicaron ‘la bolsa’ [método de tortura consistente en la asfixia mediante una bolsa de plástico] y simularon su ejecución.
Una vez en la sala de interrogatorios, afirma que los policías le pusieron electrodos en antebrazos y cintura, y la amenazaron con detener a su madre y hermanos. “Querían que memorizara la declaración, al ver que me negaba me desnudaron”.
Tras ello, asegura que fue violada por cuatro policías.
Txapartegi pasó cinco días en detención incomunicada y después fue ingresada en prisión preventiva en Soto del Real durante ocho meses. En junio de 1999 denunció las torturas ante el Juzgado de Instrucción de Donosti. Según explica su abogado, Olivier Peter, la causa fue remitida al Juzgado Centro de Instrucción Número 5 de Madrid, con Baltasar Garzón a la cabeza –que también instruía el sumario 18/98–.
De ahí volvió al Juzgado de Tolosa, y de nuevo a Madrid. Tras pasar por cuatro jueces distintos, sin que ninguno hiciera ninguna diligencia de investigación, asumió el caso el Juzgado de Instrucción 34, que decide archivarlo en 2001 tras pedir únicamente el informe del médico forense de la Audiencia Nacional.
Cuatro años más tarde, tras la presentación de varios recursos, el juez de instrucción reabre el caso, citando a declarar a Txapartegi en enero de 2006, seis años después de haber sufrido las torturas que denunció.
El juez sólo tomó declaración a uno de los agentes a los que Txapartegi acusó de torturas, que afirmó que la denuncia respondía a una estrategia de ETA y se negó a responder a las preguntas del abogado. En mayo de 2008, el Juzgado decide archivar la denuncia por torturas.
Para entonces, el macrojuicio del sumario 18/98, que duró 16 meses, ya tenía sentencia, de más de mil páginas y fechada el 19 de diciembre de 2007.
Pero 20 días antes, la Audiencia Nacional ya había ordenado la detención de catorce encausados y las principales líneas del fallo habían sido publicadas por El País y El Mundo: 527 años y seis meses de prisión a repartir entre 46 personas.
La resolución, firmada por la magistrada Ángela Murillo –la misma a la que anularon una sentencia contra Arnaldo Otegi por “prejuicio” y que juzgó a los anarquistas Mónica y Francisco, condenados por la supuesta detonación de un artefacto en la Basílica de El Pilar de Zaragoza– fue criticada, al igual que todo el proceso, por organizaciones como Amnistía Internacional o la Iniciativa d’Observació Internacional sobre el proceso 18/98, que señaló las irregularidades del juicio en un informe.
Entre otras, destacan el rechazo de las declaraciones de los 230 testigos de las defensas, que varios de los policías que participaron como peritos hubieran estado también en los interrogatorios a los imputados –uno de ellos incluso habría participado en las torturas a Txapartegi– y errores como confundir el ENA –Estatuto Nacional de Autonomía– con el EHNA –el documento de identidad vasco–.Declaración como prueba
Sobre las torturas denunciadas por Txapartegi y otros tres imputados, la sentencia se limitó a darles carpetazo afirmando que eran “manifestaciones absurdas”. Txapartegi fue condenada a once años de cárcel por integración en ETA.
La Audiencia dio por probado que facilitaba a miembros del grupo armado pasaportes y documentación para huir a Centroamérica y Sudamérica. Como única prueba: las declaraciones de Txapartegi y de Mikel Egibar, que también denunció haber sufrido torturas durante su detención incomunicada.
“No hay más declaraciones o pruebas que la inculpen”, reitera a Diagonal Peter. En 2009, cuando el Tribunal Supremo rebajó su condena a seis años y nueve meses de cárcel, Txapartegi decidió huir a Suiza, donde ha estado residiendo ocho años.
En enero de 2015, agentes de los cuerpos de seguridad del Estado localizaron a Txapartegi en Zurich (Suiza) en una operación ilegal, realizada sin autorización de las autoridades suizas.
Peter señala que, aunque la causa abierta contra los agentes que identificaron a Txapartegi sigue abierta, no han tenido acceso a su contenido.
En marzo de ese mismo año, el Ministerio de Interior español hizo una reclamación de extradición a Suiza. Txapartegi fue detenida en abril de 2016 por la policía helvética e ingresada en la cárcel de Zurich.¿Qué decidirá Suiza?
“Siguen apareciendo pruebas de la veracidad de estas torturas, como el informe de Etxeberria”, afirma el abogado. Este informe, encargado por el Gobierno vasco y cuyas conclusiones provisionales fueron presentadas en junio de este año, documenta más de 4.000 casos de torturas contra ciudadanos vascos entre 1960 y 2013, entre los que se incluyen los de Txapartegi y Egibar. Sin embargo, desde el Instituto vasco de Criminología estiman que el número de casos se eleva a 5.000. En todos ellos se aplicó el Protocolo de Estambul y se vio que lo testimonios de las víctimas son creíbles.
La Organización Mundial contra la Tortura también ha pedido al Gobierno suizo que rechace la solicitud de extradición realizada por España. Desde esta institución, con sede en Ginebra, recuerdan que España ha sido condenada hasta siete veces por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar las denuncias de torturas.
El último caso fue el de Xabier Beortegi, detenido en 2011 por la Guardia Civil por su presunta vinculación con Ekin. Beortegi denunció que los guardias civiles le insultaron, amenazaron, le golpearon en la cabeza y en los testículos, y hasta le pusieron una pistola en la mano afirmando que así ya tendrían sus huellas en el arma.
También le practicaron ‘la bolsa’ hasta que accedió a firmar una declaración autoinculpatoria. En mayo de este año, el tribunal condenó a España a pagar una indemnización a Beortegi por daños morales.
Un año antes, Estrasburgo daba la razón a Jon Patxi Arratibel, que pudo demostrar que la declaración autoinculpatoria que la Guardia Civil le hizo firmar en 2011 –también por su supuesta relación con Ekin– fue bajo tortura, usando como rúbrica la palabra Aztnugal, que es ‘Laguntza’ –ayuda en euskera– al revés.
En junio de este año, el Supremo anuló una sentencia de la Audiencia Nacional, firmada por la magistrada Concepción Espejel –con voto en contra de José Ricardo de Prada, juez contra quien el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, pidió “medidas” al Consejo General del Poder Judicial por afirmar que en España había casos de tortura– por no haber admitido pruebas sobre la denuncia de torturas presentadas por uno de los imputados, Íñigo Zapirain.
Sin embargo, lamenta Peter, hasta hoy “no hay ningún Estado europeo que reconozca que en España se tortura”
