Recientemente se dio a conocer un nuevo estudio de una ONG norteamericana, Freedom House, en el cual se analiza por países la libertad de prensa a nivel mundial, haciendo especial hincapié en la situación de los países de América Latina.
Algunos medios masivos privados de nuestro continente velozmente replicaron las conclusiones de Freedom House, a la que catalogaron como “organización independiente”.
Ahora bien: ¿Qué niveles de independencia hay detrás de esta ONG?
¿Cuál es su principal fuente de financiamiento? ¿A qué países cuestiona su informe?
En su edición impresa del pasado 2 de mayo, el diario argentino Clarín informaba sobre el estudio de Freedom House, dando cuenta de que el informe de esta ONG advierte sobre el “clima altamente polarizado” en el país gobernado por Cristina Fernández, a la vez que sentencia que en la Argentina hay “libertad de prensa parcial”.
Para Clarín, Freedom House es una “organización independiente”, tal como reporta en la misma fecha, para luego aclarar que el informe presentado “tuvo la particularidad de ser difundido en el marco del Departamento de Estado y con un funcionario de Barack Obama entre los expositores”.
Ahora bien, ¿es una “particularidad”, tal como afirma Clarín, que este informe haya sido presentado conjuntamente con el gobierno norteamericano?
No. Con sólo ingresar a la página web de Freedom House (www.freedomhouse.com), y dirigirse a la sección “Programas”, uno advierte que la “particularidad” es más bien algo general y cotidiano.
Allí se afirma, textualmente, que “el financiamiento principal para los programas de Freedom House se presenta en forma de donaciones de USAID y el Departamento de Estado de EE.UU”.
Es decir: el 80% de los fondos que utiliza Freedom House para sus actividades provienen de Washington, lo que sin lugar a dudas explica el marco de la presentación del informe.
Visto y considerando esto, podemos apresurar una conclusión a primera vista: los países que principalmente han sido cuestionados por Freedom House en nuestro continente han sido aquellos donde se han implementado legislaciones progresivas en cuanto a la redistribución mediática.
Varios ejemplos muestran esto: en los primeros lugares aparecen Venezuela -donde se implementó la Ley Resorte- y Ecuador -donde en 2013 se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación-.
Detrás, se menciona a la Argentina -con la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual- y Brasil -país donde actualmente se está debatiendo fuertemente la necesidad de sancionar una ley de medios-.
Hablamos de todos países con gobiernos posneoliberales, que han implementado en la última década políticas de cuestionamiento al status quo mediático, intentando problematizar el papel de grandes monopolios informativos.
Medios como Clarín y La Nación en Argentina, O Globo y Folha en Brasil, Globovisión y El Universal en Venezuela, La Hora y El Universo en Ecuador han sido ejemplos de estas políticas donde “libertad de empresa” y “libertad de prensa” han tenido una alarmante asimilación.
Detrás del informe de Freedom House, entonces, encontramos una intención política indisimulable: reprender, con un supuesto rigor técnico, las legislaciones que han avanzado en desmonopolizar el ámbito de las comunicaciones.
También, claro, reprender a estos gobiernos, que asimismo han avanzado, en mayor o menor medida, en elementos transformadores en aspectos económicos y sociales en beneficio de las grandes mayorías, diferenciándose de las políticas del “consenso de Washington”.
Como hemos visto, tras el velo de una supuesta “independencia” de Freedom House se esconde nada menos que la Casa Blanca y sus intereses -mediáticos, comerciales y políticos- para América Latina, su otrora “patio trasero”.
https://actualidad.rt.com/opinion/juan-manuel-karg/view/127832-freedom-house-white-libertad-prensa-america-latina
