399 líderes sociales fueron víctimas de diferentes tipos de ataques durante los primeros seis meses del año. Las amenazas y los asesinatos no cesan pese a las denuncias.
El Programa Somos Defensores hace duros cuestionamientos a la Fiscalía y a la Unidad de Protección de Víctimas.
A pesar de la importancia que tienen para las comunidades y del rol que podrían desempeñar en un escenario de posconflicto, los defensores de derechos humanos realizan su labor en precarias condiciones y sin protección del Estado. En su más reciente informe titulado Los nadies, el Programa Somos Defensores, ONG que monitorea la situación de estos activistas, denuncia que las agresiones pasaron de 194 en el primer semestre de 2014, a 399 en el actual, que equivalen a un aumento del 105%.
Durante los pasados seis meses del año, 332 defensores fueron amenazados, 34 fueron asesinados, 25 recibieron atentados, cuatro fueron detenidos arbitrariamente, tres fueron víctimas de uso arbitrario del sistema penal y se registró un caso de hurto de información.
Estas cifras revelan que en promedio, entre enero y junio de 2015, cada día fueron agredidos 2 líderes sociales y cada 5 días uno fue asesinado. Lo peor de todo es que estos hechos se encuentran impunes.
Carlos Guevara, coordinador del Sistema de Información de Somos Defensores, explica que el inusitado aumento de agresiones radica en dos puntos coyunturales: las negociones de paz y la falta de voluntad política de la Fiscalía para investigar estos crímenes.
Sobre el primer punto señala que “el nivel de amenazas por el tema de la paz es bastante amplio porque los activistas son los que están impulsándolo en las regiones y se ven enfrentados a intereses de todo tipo que no quieren la paz”. Y argumenta que las “amenazas masivas” por medio de panfletos se dispararon en septiembre del año pasado, cuando se empezó a consolidar el proceso de paz y varias víctimas viajaron a Cuba.
Respecto al papel de la Fiscalía, el informe concluye que “existe una decidida falta de voluntad política y administrativa para dar con los responsables de las agresiones contra los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia”.
Y trae a luz ejemplos como la falta de resultados por las amenazas contra más de 800 defensores de derechos que han cometido las Águilas Negras, Los Rastrojos y las Autodefensas Gaitanistas en los últimos cinco años; o la impunidad por los asesinatos de 219 defensores ocurridos entre 2009 y 2013, puesto que “el 95% de estos casos nunca pasaron de la etapa de investigación preliminar hecha por la Fiscalía y tan solo un caso contaba con una sentencia en firme contra los asesinos”.
Así mismo, Guevara considera que la Fiscalía se convirtió “en uno de los principales auspiciadores de la violencia contra defensores porque no investiga y la impunidad incentiva a los agresores a seguir haciéndolo”. La falta de resultados ha hecho que las víctimas pierdan la confianza en la institución y que en algunos casos no denuncien las agresiones.
Un líder afrodescendiente de Cauca, que pidió mantener en reserva de su identidad, le contó a VerdadAbierta.com que hace tres meses los consejos comunitarios del norte recibieron un panfleto amenazante por reclamar tierras, y prefirieron acudir a la Defensoría del Pueblo.
Sobre los 34 homicidios de defensores de derechos humanos en los primeros meses del año, llama la atención que 13 de las víctimas habían denunciado amenazas previamente, que la mayoría (29) fueron cometidos con armas de fuego y que seis fueron realizados con torturas. Los departamentos con más líderes asesinados son Antioquia y Cauca con cinco, seguidos por Cundinmarca, Bolívar, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Sucre y Valle del Cauca, con dos.
Somos Defensores cuestiona el papel de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de velar por la seguridad de las personas cuya vida está en riesgo. Una de sus principales críticas es que los esquemas de seguridad de las víctimas todavía son subcontratados con empresas de seguridad privada, pese a que en septiembre del año pasado, Andrés Villamizar, exdirector de esa entidad, se comprometió a que tres mil escoltas serían contratados directamente.
También cuestiona que “los procedimientos de la UNP para otorgar las medidas (de protección como escoltas y vehículos blindados) siguen siendo tardías y dependientes de la capacidad de empresas privadas contratadas”, con lo que la vida de las personas amenazadas mantiene en riesgo y varias han perdido la vida esperando respuesta.
Pero sus mayores críticas son sobre los malos manejos de la UNP y los presuntos hechos de corrupción con las finanzas que estaban destinadas para la protección de víctimas.
El informe trae acotación varios hallazgos de la Contraloría General de la Nación sobre presuntos hechos de corrupción como la pérdida de 15 mil millones de pesos, la compra de armas innecesarias y otros hechos que tienen a la entidad con un déficit de más de 32 mil millones de pesos.
En medio de las negociaciones de paz y de la convulsionada realidad en la que viven los defensores de derechos humanos, Somos Defensores hace un llamado para que se prevengan agresiones contra quienes están al frente de liderazgos sociales, y así se pueda pensar en una etapa de posconflicto real. “Pero esto pasará obviamente, si el gobierno y Estado en general, dejan de “ver” a defensores y defensoras como Los Nadies de las regiones; a quienes da igual tenerlos vivos o muertos.
Una comunidad sin liderazgos no tiene horizonte y Colombia sin comunidades organizadas, no tiene como construir y sostener la Paz”, concluye el informe.
http://anncol.eu/colombia/politica-economia/item/2870-primer-semestre-de-2015-cada-cinco-dias-asesinaron-a-un-defensor-de-derechos-humanos
