El asesor para asuntos económicos de la Presidencia de la República, Bayardo Arce, consideró que el Estado de Nicaragua no debe indemnizar a los colonos que han comprado tierras indígenas en el Caribe Norte y recomendó esperar los resultados de las investigaciones en este caso.
“Yo creo que deberían dejar que se desarrollen las investigaciones, porque si los vendedores lo hicieron de mala fe (la venta de tierras) y están accesibles y se les puede hacer devolver el dinero, pues es lo mejor que cabría; no le sigamos cargando al Estado, todo lo que paga el Estado lo pagamos nosotros”, afirmó Arce.
Al respecto, el nuncio apostólico en Nicaragua, Fortunatus Nwachukwu, lamentó todos los acontecimientos de violencia por tenencia de tierras que se han suscitado en la Costa Caribe y recomendó tener respeto.
“Los hermanos no tienen que matarse, nadie tiene que tratar de tomar a la fuerza lo que no le pertenece. Todo debe ser con respeto mutuo y amor hacia el hermano, aunque sean de distintas etnias, todos son hermanos y hermanas nicaragüenses”, mencionó Nwachukwu.
El nuncio señaló que el Gobierno tiene el deber de fortalecer el “sentido de la hermandad entre los pueblos”.
Colonos estafados
Arce recordó que el gobierno sandinista entregó esas tierras a los miskitos y que estas no se pueden vender ni embargar, aunque reiteró que lo único que podrían hacer los indígenas es alquilarlas con la aprobación de toda la comunidad.
“Alguien estafó a los compradores y alguien estafó a los miskitos vendiendo sus tierras, ¿y qué es lo que estamos viendo ahora? Un enfrentamiento entre nicaragüenses. Entonces obviamente habrá que profundizar en ese tema y tomar las medidas correctivas, pues porque si no va a llegar una guerra allí por unas tierras que no tienen discusión, son de los miskitos”, advirtió Arce.
El pasado lunes, la Asamblea Nacional decidió por mayoría desaforar al diputado Brooklyn Rivera, luego de ser vinculado en más de 15 casos de venta ilegal de tierras comunales a diversas empresas, pero Arce dijo desconocer si la Fiscalía lo acusará formalmente y si existen otras personas o empresas vinculadas a estos delitos.
El coordinador de la Bancada Frente Sandinista de Liberación Nacional, diputado Edwin Castro, dijo que el caso de la venta ilegal de tierras, en la que se acusa al recién desaforado Brooklyn Rivera Bryan, ya no está en manos del parlamento.
“Nosotros no somos el Ministerio Público y tampoco somos la Fiscalía. Sobre eso no hablaré más, ya dije no hablaré más, lo que teníamos que hacer los diputados ya lo hicimos en el plenario”, aseveró Castro.
El jefe de la Bancada Partido Liberal Independiente (Bapli), Wilber López, comentó ayer en conferencia de prensa que la destitución de Brooklyn Rivera como diputado fue improcedente e ilegal porque no se cumplió con el procedimiento que establece la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.
Piden investigar
Según el diputado, pedirán que se integre una comisión especial investigadora para que verifique las acusaciones que le imputó el coordinador de la Bancada Sandinista, Edwin Castro, al exdiputado Brooklyn Rivera.
El diputado López abogó para que se respete la ley en este poder del Estado y reclamó que no se puede justificar una acción sin la plena demostración de los hechos, tal como acusó el FSLN a Rivera.
“Lo primero aquí es el respeto a la ley y aplicar justicia a quien cometa una falta, ya para ellos están las instancias correspondientes como los juzgados, porque hay una serie de dudas en este caso, como la supuesta venta de miles de manzanas de tierra, así como tráfico de madera y otras acusaciones que le hacen a Brooklyn Rivera”, refirió López.
Reportan muerte de 9 colonos
Al menos nueve colonos habrían muerto durante el desalojo que iniciaron grupos de comunidades indígenas de los territorios Wanky Twi Tasba Raya y Li Aubra, en el municipio de Waspam, Región Autónoma del Caribe Norte.
Lo anterior fue denunciado ante las autoridades policiales por Casimiro Leiva, quien afirma ser líder colono en siete territorios de la comunidad San José Río Wawa, donde convergen otras seis comunidades bajo dominio de mestizos.
Las muertes se registran desde el 7 de septiembre a la fecha, aseguran los líderes mestizos, que ayer buscaban respaldo de autoridades policiales en Rosita.
Según Leiva, unos 10 ranchos fueron incendiados, obligando a varias familias a salir de la zona de Waylaska por la presión de los miskitos armados, dejando un saldo de cinco muertos.
También en el sector Nuevo Israel fueron quemadas 14 viviendas, donde murieron cuatro personas. Acciones similares ocurrieron en Santa Rosa, Nueva Luz, Nuevo Progreso y El Diamante.
Roberto Palma Espinal, uno de los desplazados de la mina Santa Rosa, dijo estar preocupado porque hay aún 80 familias que no han podido salir de esa zona.
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