Una gran fosa común de 15 hectáreas de terreno, incrustada en la segunda ciudad más importante de Colombia. Eso es lo que hay en la Escombrera, el vertedero de basura ubicado en la zona alta de la comuna 13 de Medellín, que oculta al menos 300 cuerpos decapitados, jóvenes desmembrados, mujeres asfixiadas y milicianos torturados.
De manera inexplicable, el país venía aplazando la exhumación de los cuerpos que permanecen ocultos debajo de más de 70 metros de escombros. A pesar de que madres y magistrados de Antioquia les suplicaron por años a autoridades locales y nacionales que ingresaran a esa zona para desenterrar la verdad, solo hasta mañana se iniciará el operativo, 30 años después de que se recibieran las primeras denuncias de que la Escombrera era un cementerio de la violencia narcoparamilitar.
Según el Tribunal de Justicia y Paz de Antioquia, la desaparición forzada de personas, que luego eran botadas en el basurero de Medellín, fue un patrón de conducta de los paramilitares del bloque Cacique Nutibara, que por décadas controló a gran parte de la capital de Antioquia.
“Los integrantes de ese bloque no solo aterrorizaban a la población, sino que las víctimas eran sacadas violentamente de sus casas, amarradas, torturadas, asfixiadas mecánicamente, desmembradas o decapitadas”, aseguran las indagaciones de ese alto tribunal.
Según testimonios de pobladores y de investigadores de la Fiscalía de Antioquia, recogidos por reporteros de EL TIEMPO, en ese basurero hay cadáveres que datan incluso de los 80, cuando los sicarios de Pablo Escobar lo ‘inauguraron’ como fosa. El macabro rito les fue heredado a los narcoparamilitares de la ‘oficina de Envigado’. Varios de sus jefes, como Daniel Alberto Mejía, ‘Danielito’ y Carlos Mario Aguilar, ‘Rogelio’, alternaban la Escombrera con los hornos crematorios que usaban para desaparecer a sus víctimas. También hay evidencia de que derretían restos humanos en canecas con pegante y ácido, para no dejar rastro.
“La situación de la Escombrera, donde se enterraron y ocultaron cuerpos de centenares de desaparecidos de Medellín, como lo tiene establecido la Sala, constituye una afrenta a las víctimas y una grave violación de los compromisos y deberes del Estado”, advirtió desde el 2013 el Tribunal de Justicia y Paz de Antioquia.
Y, desde ese entonces, le pidió a la Alcaldía de Medellín que, por respeto a las víctimas, se dejara de arrojar basura sobre los restos humanos. Desde esa fecha también se exhortó a la Fiscalía, a la Alcaldía, a la Personería y a la Procuraduría para que implementaran mecanismos de búsqueda de los desaparecidos, entre los que hay miembros de la población civil, ajenos a la guerra, y combatientes de grupos ilegales como las Auc, las Farc, el Eln, el Epl, el cartel de Medellín y combos delincuenciales.
Para los magistrados es claro que, además de monumentos conmemorativos y actos de perdón, los cadáveres deben aparecer por respeto a las víctimas y como parte de la verdad que falta por esclarecer. De hecho, la Corte Suprema de Justicia avaló la decisión sobre la Escombrera, advirtió que no era apelable e inadmitió un recurso que intentaba dejar sin efecto la orden de exhumar.
No obstante, la Corte frenó la orden del Tribunal de compulsar copias para que se investigara a varios oficiales y personalidades de Antioquia, presuntamente vinculados con esas muertes. Entre otros, en el listado aparecen oficiales (r) como los generales Óscar Botero Restrepo, Carlos Alberto Ospina, Martín Orlando Carreño (ya fallecido) e Iván Ramírez. Ellos, según el criterio de dos magistrados de la Sala de Justicia y Paz –Rubén Darío Pinilla y Consuelo Rincón–, tendrían alguna responsabilidad en estos hechos.
Los muertos
Cristian Castrillón, 17 años; Alexánder Correa, 19 años; Carol Vanessa Restrepo, 17 años; Omar de Jesús Villegas, 20 años; Édison Guzmán, 29 años; Blanca Liliana Ruiz, 25 años; Guillermo Jiménez, 20 años; Alexánder Morales, 19 años; Gregorio Mejía, 22 años; Guillermo León Jiménez Monsalve, 20 años; Jhon Tejada Posada, 17 años; Jhonatan Marín Holguín, 15 años; Juan Eugenio Valencia, 34 años…
Estos son tan solo algunos de los nombres de víctimas de desaparición forzada, entre el 2000 y el 2011, cuyos cadáveres estarían entre los 70 metros de descombros del basurero.
La Corporación Jurídica Libertad lidera la reconstrucción de cada uno de los casos de desaparición y desde hace años es la voz de madres, viudas y huérfanos de las víctimas.
Incluso, la abogada Adriana Arboleda, una de las líderes de la Corporación, lleva un registro pormenorizado que incluye el nombre de la víctima, edad, fecha de desaparición, barrio y presunto responsable.
EL TIEMPO tuvo acceso a la información y, si bien en la mayoría de casos aparecen los paramilitares como responsables de las desapariciones, también hay varios en los que, según la Corporación Jurídica Libertad, las víctimas se esfumaron tras operativos de agentes del Estado.
La labor de búsqueda está a cargo de antrpólogos forenses, topógrafos, ingenieros de suelo y obreros calificados. Foto: David Sánchez / EL TIEMPO
“La Fuerza Pública es responsable de por lo menos el 72 por ciento de las agresiones sufridas por los pobladores: detenciones arbitrarias, heridos y muertos en acción bélica (…).
Y los testimonios dan cuenta de que, en muchos casos, las desapariciones forzadas se cometieron en acciones conjuntas entre los paramilitares y los miembros de la Fuerza Pública”, señala un informe de la Corporación.
La más mencionada es Orión, ejecutada el 16 y el 17 de octubre del 2002, con el propósito de sacar a las milicias urbanas de las Farc y del Eln de la comuna 13. Ya está probado que en este operativo se registraron 358 detenciones arbitrarias de pobladores y al menos 6 desaparecidos.
Hasta el momento, la Fiscalía tiene documentados 95 casos de desaparecidos de la comuna 13 que estarían enterrados en la Escombrera. Lo que se quiere ahora es encontrar evidencia concluyente y pasar de los indicios a las pruebas. (Artículo relacionado: La Escombrera, desde la ventana de la madre de un desaparecido)
Investigaciones abiertas
Con relación a la operación Orión, la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia avanza en una indagación contra los generales Leonardo Gallego Castrillón, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín en el 2002, y Mario Montoya, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército ese mismo año. Incluso, Montoya acaba de ser llamado a declarar por su presunta responsabilidad en ‘falsos positivos’.
Pero tanto en los casos de ejecuciones extrajudiciales como en el de Orión, el oficial (r) ha negado cualquier tipo de ilegalidad o complicidad con los paramilitares.
En igual sentido se ha pronunciado Leonardo Gallego, quien califica a Orión como una operación transparente y legítima: “Fue adelantada a la luz del día y por disposición del Gobierno Nacional, con apoyo de la Alcaldía de Medellín y de la Gobernación de Antioquia”, les ha dicho a las autoridades.
En cualquier caso, la Fiscalía inició la recolección de pruebas de ADN de los familiares de desaparecidos de Medellín para empezar a cotejarlos con los restos que se empiecen a encontrar, y para remitir la evidencia a los procesos judiciales en curso.
“Esta es la primera vez que, en el mundo, se hace una labor de exhumación de este tipo. Hay antecedentes en Bosnia y Herzegovina, pero este caso es único”, explicó Gustavo Duque, fiscal 91 de Justicia Transicional de Antioquia.
Y si bien es un paso hacia la verdad, para los magistrados de Justicia y Paz de Antioquia la Escombrera no es el único caso de una gran fosa: en La Arenera, El Morro, el cerro de los Doce Apóstoles, la finca Buenavista (en San Cristóbal) y los barrios Vallejuelos, El Cebollal, San Javier, La Loma y Altos de Bellavista, también hay cementerios de la violencia y los familiares de las víctimas que allí yacen esperan a que algún día se haga justicia.
El operativo de búsqueda tendrá al menos tres fases
Las labores de búsqueda de restos comenzarán en un terreno de 3.713 metros cuadrados, de donde inicialmente se sacarán 24.000 metros cúbicos de basura usando retroexcavadoras.
Un antropólogo forense liderará la exhumación y estará acompañado de un equipo de 20 personas, entre obreros, forenses e ingenieros. Se calcula que la operación puede tardar cerca de cinco meses y costará más de 1.500 millones de pesos.
En un área de 3.700 metros cuadradros se removerán al menos 24.000 metros cúbicos de escombros.
Las retroexcavadoras solo se usarán durante el primer mes para remover 3.000 metros cúbicos de material, mientras que los otros 21.000 metros cúbicos se retirarán de forma manual.
Los investigadores tendrán días de excavación y días de clasificación de elementos para verificar que no se omitan prendas o huesos. La Fiscalía estima que de cada diez salidas a terreno, una sería positiva. Si encuentran restos, los trasladarán al laboratorio para identificarlos.
Las primeras excavaciones se iniciarán en un área conocida como el Polígono Uno, sector La Arenera, donde habría unas 50 personas, según señalan testimonios de desmovilizados como Juan Carlos Villada, alias Móvil 8, del bloque Cacique Nutibara.
