La reconfiguración parcial del bipartidismo en el Congreso tras la elección del Directorio Legislativo el pasado 1° de mayo, supone una inflexión cuya importancia no es menor en lo que respecta a la situación política de Costa Rica.
Héctor Solano Chavarría* / Especial para Con Nuestra América
La oposición arrebató el control del Congreso al oficialismo.
La constitución de la alianza formal entre las dos agrupaciones que gobernaron el país durante las últimas seis décadas (el Partido Liberación Nacional, PLN, otrorasocialdemocráta; y la Unidad Socialcristiana, PUSC), es expresión de la resistencia de las élites político-empresariales vinculadas al modelo neoliberal frente a los cambios que mayoritariamente anhela la ciudadanía.
Voluntad, que fue expresada en el proceso electoral presidencial y legislativo que se celebró entre febrero y abril de 2014, y que, entre otras cosas, significó la llegada de Luis Guillermo Solís (LGS) a la Presidencia de la República y el crecimiento parlamentario del Frente Amplio (FA, izquierda).
En dicho proceso electoral, al tiempo que LGS obtuvo la silla presidencial con al menos un millón setecientos mil votos en la segunda ronda de abril de ese año; la agrupación que fundara José Merino en 2004 y que llevaba como candidato presidencial al entonces legislador, José Maríal Villalta, por su parte, pasó de uno a nueve diputados en el Congreso, tras una campaña de agresiones (miedo) en su contra.
Tal y como lo anunciaron los promotores de la alianza, la inflexión del pasado 1° de mayo prefigura un escenario de desestabilización anti-gubernamental. En primera instancia, en la dirección de impedir el avance de la reforma tributaria -en Costa Rica el déficit fiscal asciende a más o menos el 5,7% del Producto Interno Bruto (PIB)-; y en segunda, en la dirección de impedir el avance de iniciativas en pro de derechos humanos (Fertilización In Vitro, FIV, y sociedades de convivencia y uniones de hecho entre personas del mismo sexo).
La configuración de la alianza neoliberal-conservadora en el Congreso, hace recordar las épocas del bipartidismo imperante entre las décadas de 1980 y 1990 en el país, al tiempo que es coincidente con el posicionamiento del expresidente José María Figueres (1994-1998) como figura máxima en el PLN. Tanto Figueres como los expresidentes socialcristianos Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), en su momento, fueron condenados a cárcel por situaciones de conflictos de intereses en relación a contrataciones entre empresas y el Estado costarricense.
La desestabilización promovida por la alianza neoliberal-conservadora que se tomó el Directorio de la Asamblea Legislativa persigue, en lo fundamental, minar y frustar las expectativas de cambio presentes entre la población.
Gobierno busca replantear cosas
El gobierno de LGS, tras la elección del 1° de mayo, puso en evidencia sus dificultades en materia de articulación. El oficialismo representado por el Partido Acción Ciudadana (PAC) fue incapaz de consensuar una candidatura única a la presidencia del Congreso y de articular política de alianzas alguna para ese fin.
La ofensiva contra el gobierno promovida por los partidos que a posteriori conformarían la alianza neoliberal-conservadora en el Congreso -con el apoyo de los poderes fácticos (en especial, el periódico La Nación)-; no obstante, y de manera paradójica, terminó redundando en un fortalecimiento de las posiciones del PAC en el Ejecutivo. La salida de Melvin Jiménez del Ministerio de la Presidencia y el consecuente debilitamiento a lo interno de quien fuera el “operador” político de LGS, el diputado Víctor Morales Zapata, aunados la llegada de Sergio Alfaro a dicha cartera y de Margarita Bolaños a la presidencia del PAC, parecerían confirmar la tendencia. Alfaro es un cuadro orgánico-PAC.
Tanto desde la orgánica partidaria como desde Zapote, el PAC tiene ante sí el desafío de cohesionar una fracción parlamentaria que está dividida en al menos tres bloques (ya de por sí es minoritaria. Está integrada por trece de cincuenta y siete diputados)-, así como de articular estrategia alguna para gobernar.
Perspectivas para el campo popular-progresista
Al cabo de un año de gestión, son claros los alcances y las limitaciones del gobierno que encabeza LGS. No es un gobierno de “los mismos de siempre”, pero tampoco es un gobierno progresista -ni mucho menos popular. Más que un actor, es un campo que escenifica las disputas estructurales que existen, desde años atrás, entre las élites político-empresariales vinculadas al modelo neoliberal, y las organizaciones y movimientos sociales articulados en la resistencia a dicho modelo y que luchan por la recuperación y la ampliación del Estado Social.
Dicha condición, si bien puede resultar algo desconcertante (o bastante) para las organizaciones del campo popular-progresista, le es incómoda (y mucho) a los poderes fácticos vinculados con el modelo neoliberal impertante. La reconfiguración del bipartidismo en torno a la elección del Directorio Legislativo el pasado 1° de mayo, puso ello en evidencia.
El gobierno, no obstante, no es el único campo en disputa; y de ello, deben tomar nota tanto las organizaciones sociales como el FA. La posibilidad de que el gobierno de LGS pueda efectivamente significar un momento de “transición” hacia la posibilidad de lo nuevo, supone necesariamente avanzar en la construcción de mayor tejido social-popular en los territorios, así como en la recuperación de los niveles de movilización.
Y lo anterior, aplica tanto en lo relativo a la posibilidad de “empujar” al gobierno hacia posiciones más progresistas, como en la dirección de construir oposiciones a aquellas medidas que puedan significar retrocesos en la perspectiva de los derechos de las mayorías. A eso le temen las élites político-empresariales vinculadas con el modelo neoliberal, y por ello fue que tomaron la decisión de retratarse de cuerpo completo el pasado 1° de mayo.
*Politólogo. Asesor legislativo e integrante de la Comisión de Formación Política del Frente Amplio
Publicado por Con Nuestra América
