Abogados, científicos y miembros de la UPOEG sostienen que el Ejército participó en la agresión contra los 43 normalistas y que incluso pudo haberlos cremado en sus cuarteles.
(SinEmbargo).– Un grupo de científicos, así como miembros de la Unión de Pueblos Originarios del Estado de Guerrero (UPOEG) y el abogado del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa coinciden en que el Ejército mexicano fue copartícipe en los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre pasados en Iguala y que, incluso, hay sospechas fundadas de que incineró a los jóvenes estudiantes en sus hornos crematorios, por lo que exigen una investigación del personal castrense que opera en la zona.
José Félix Rosas Rodríguez, miembro de la UPOEG de Tecoanapa, Guerrero, está seguro de que los militares desaparecieron a los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en los hornos crematorios que tienen en Chilpancingo, la capital del estado.
“No tenemos la sospecha. Tenemos el conocimiento de que efectivamente los militares participaron. Consideramos que sí fueron cremados.
Los que presenta la PGR [Procuraduría General de la República] como responsables de haberlos quemado en el basurero de Cocula, son de bajo perfil, esos no fueron.
El Ejército tiene hornos en Chilpancingo, hay militares que nos han confirmado y hay gente que quiere hablar y decir”, afirmó Félix Rosas en entrevista con SinEmbargo.
El promotor de la UPOEG aseguró que hay un Sargento que les informó que todo el destacamento del Ejército de Iguala fue cambiado a otro lugar, después de los hechos del 26 de septiembre.
Félix Rosas es originario de Tecoanapa, el pueblo al que pertenecen ocho de los 43 jóvenes desaparecidos, entre ellos Alexander Mora Venancio, quien fue identificado por un molar y un hueso de dos centímetros de entre los restos que la PGR recogió entre el basurero de Cocula y el Río San Juan.
La certeza de los comunitarios de ese poblado sobre la participación del Ejército en la desaparición de los jóvenes, se sustenta también en dos llamadas y mensajes de texto que los normalistas enviaron a sus familias.
Se trata de Abel García Hernández, quien llamó a sus padres para informarles la madrugada del 27 de septiembre que se encontraba en un hospital, en compañía de Alexander Mora Venancio y Dorian González Parral.
De acuerdo con José Félix, el joven aseguró que fueron militares quienes los sacaron del hospital y los entregaron a la Policía Municipal de Iguala.
Otra de las evidencias son dos mensajes de texto que envió Jorge Luis González Parral, hermano de Dorian González.
“Este chico envió mensajes de que los militares les estaban recogiendo los celulares y que él fue en busca de su hermano Dorian, que se entregó porque lo tenían los militares”, dijo.
El comunitario aseguró que desde hace tiempo los padres y los abogados del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, han solicitado a la PGR que abra una línea de investigación sobre la participación del Ejército en esa masacre.
Por su parte, el abogado de las familias y defensor del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, aseguró que los padres de los normalistas solicitaron esa línea de investigación.
“Hay un conjunto de elementos que indican que se debe abrir una línea de investigación en torno al Ejército. Por la actuación de antes del 26 y 27 de septiembre y por ese día”, dijo.
Vidulfo Rosales afirmó que una semana antes de los hechos, fueron elementos del Ejército quienes amenazaron a los estudiantes de Ayotzinapa que realizaban una colecta en Iguala.
“No podemos creer que el Ejército no sabía de los nexos de [José Luis] Abarca con los Guerreros Unidos.
En Iguala era pública la actividad del Alcalde y su esposa. Sabemos que el Ejército hacía eventos y el Alcalde era invitado, y que el Ejército participaba en actividades públicas del Alcalde”, explicó.
El abogado indicó que desde hace tiempo existe la solicitud para que la PGR investigue al Ejército, sin éxito.
EL GOBIERNO NO LO HA NEGADO
Científicos, entre ellos el investigador Jorge Antonio Montemayor Aldrete, pusieron en duda el incendio en Cocula, Guerrero, donde supuestamente habrían incinerado a los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre pasado. Foto: Cuartoscuro
Para Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) –uno de los científicos que desmintió en diciembre la hipótesis de la PGR de que los jóvenes fueron cremados en el basurero de Cocula–, las autoridades mexicanas deben abrir una línea de investigación en torno a la posible cremación de los 43 en hornos del Ejército o privados.
“Nosotros hicimos notar con precisión y claridad que es absolutamente imposible que fueran cremados en el basurero de Cocula los 43 cadáveres. Lo han retomado en otros países desde el 12 de diciembre que lo dimos a conocer, pero hasta la fecha la PGR no ha dicho ‘esta boca es mía’, ni para desmentir el análisis, porque no podría; ni para decir que deben abrir otra línea de investigación”, dijo.
El investigador de la UNAM expuso que la autoridad debe autorizar una revisión de las bitácoras de los días de los hechos de Iguala, de los hornos crematorios privados y del Ejército.
“La facturas para ver cuánto gas estuvieron comprando los hornos del Ejército y privados y contrarrestar con las facturas de las compañías de gas y con las declaraciones a la Secretaría de Hacienda de esas compañías”, detalló.
El científico insistió en que para cremar 43 cuerpos debieron utilizarse 53 kilogramos de gas por cadáver. Es decir, unas dos toneladas de gas.
Esta línea de investigación se desprende de forma natural, debido a que la hipótesis de la PGR sobre la cremación de los estudiantes en un basurero, está falta de elementos, aseguró.
En diciembre, Jorge Antonio y otros cuatro científicos de la UNAM y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aseguraron que la PGR mintió: es imposible científicamente la cremación en el basurero de Cocula, debido a que para realizar la cremación de 43 cadáveres se requiere de algo más que leña y llantas. Hacen falta, en definitiva, hornos crematorios.
“Es imposible que hayan sido quemados en el basurero de Cocula, y la autoridad está en un serio problema porque si no se quemaron en Cocula, ¿quién los quemó y en dónde se quemaron?”, dijo Jorge Antonio Montemayor Aldrete, investigador titular del Instituto de Física de la UNAM.
Para cremar 43 cuerpos se requieren 33 toneladas de troncos de árboles de cuatro pulgadas de diámetro y 995 llantas que contienen 2.5 toneladas de acero. De acuerdo con los científicos, para que el acero se derrita y los cuerpos se reduzcan a cenizas se debe alcanzar entre mil 425 y mil 540 grados centígrados.
“Hay estudios científicos de 2011 que dicen que si la temperatura es de 800 grados centígrados, no quedan trazas de material orgánico, entre ellos cadenas de ADN. Para que quede un hueso debe ser en una zona donde no hubo mucho calor”, explicó Montemayor Aldrete.
Según el estudio, las 33 toneladas de troncos deben estar secos. Esa cantidad cabe en dos trailers para su traslado.
“No estamos hablando de ramitas, sino de troncos cortados y lisos, ¿quién vende troncos en esa región, ¿a quiénes les vendieron en esos días? Además para poder hacer esa cremación de la que hablan, los asesinos tendrían que ser ingenieros o pasantes de ingenieros para hacer muchos cálculos. Esa versión de la PGR es muy incriminatoria porque estarían involucras muchas personas. Para empezar la compra de la madera debía ser con tres, o cuatro días de anticipación, entonces estaríamos hablando de premeditación, alevosía y ventaja del Estado en contra de los estudiantes”, dijo el científico.
Pablo Ugalde Vélez, experto en materiales y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco y egresado de la UNAM, los cálculos científicos se pueden realizar sin la necesidad de acudir al basurero de Cocula.
“Si el acero se fundió a mil 500 grados no debe haber residuos y no está fundido porque en las fotos hay alambre, esas temperaturas no se alcanzaron. Además, con una cremación de ese tamaño debería haber piedras fracturadas y manchadas de negro, los padres aseguran que no hay tal cosa en el basurero”, detalló.
Además para cremar un cuerpo se requieren 53 kilogramos de gas: “Si los cuerpos se hubieran quemado con puras llantas para reducirlos a los restos mostrados por la PGR se hubieran necesito 995 llantas de autos pasajeros. La hipótesis de que fueron quemados en el basurero de Cocula no tienen ningún sustento en hechos físicos o químicos naturales”, expone el estudio.
La cremación de 43 cadáveres en esas condiciones, emitiría una columna visible de humo denso desde varios kilómetros a la redonda.
Los residuos de huesos y cenizas de leña pesarían 333 kilogramos, de los cuales 116 corresponderían a restos humanos. El material se empacaría en 12 bolsas de 25 kilos cada una.
Los científicos argumentaron que el análisis que ellos realizaron, lo puede hacer cualquier científico, ingeniero o técnico de áreas de química, física, ingeniería térmica o ingeniería militar.
“El análisis realizado, desde el punto de vista técnico, bien podría haber sido llevado a cabo por peritos de la PGR, es altamente probable que no lo hayan realizado o no se haya dado a conocer por motivaciones políticas o temor a posibles represalias por parte del Estado”, dijo Montemayor.
El científico aseguró que están en contacto con los padres y abogados de los 43 jóvenes normalistas.
“Tenemos contacto con ellos, no tiene caso decir con qué personas. Tiene que abrirse otra línea de investigación porque el fiscal acusador, Jesús Murillo Karam [Procurador General de la República], salió en defensa de la hipótesis del Estado que es falsa.
El problema es que hay un huesito y un molar y se identificó a uno de los 43.
¿Quién le dijo a Murillo que habría unas bolsitas con cenizas en el río San Juan?
Es lo que nos tiene que decir”, expuso.
