(PL) La Santa Sede reveló en mayo de este año que durante la última década destituyó a 884 sacerdotes y sancionó a otros dos mil 572 involucrados en casos de pederastia, lo cual desató fuertes cuestionamientos en torno a la moral de algunos eclesiásticos.
Un mes antes, el papa Francisco había manifestado su pesar por semejante delito y pedido perdón por los abusos cometidos contra niños por algunos prelados.
"Me siento interpelado a hacerme cargo de todo el mal que algunos clérigos causan a los menores. Somos conscientes de ese daño y no daremos marcha atrás en cuanto al tratamiento de ese problema y a las sanciones necesarias. ÂíCon los pequeños no se juega!", aseveró.
Durante años, las agresiones contra los niños en el seno de la Iglesia han sido motivo de preocupación y críticas por parte de organismos internacionales y organizaciones humanitarias, por lo que su erradicación constituye uno de los mayores desafíos del pontífice argentino.
ACUSACIONES
En febrero último, el Comité de Protección de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas (CRC, por sus siglas en inglés) condenó a la dirección de la Iglesia católica por permitir la continuidad de abusos de ese tipo y la impunidad de los responsables.
Dicha comisión acusó al Vaticano de elegir "preservar su reputación y proteger a los perpetradores de esos delitos en lugar de defender los intereses de los menores".
"En muchos casos, las autoridades de la Iglesia, incluida la más alta jerarquía, han rechazado cooperar con las organismos judiciales y comisiones de investigación", afirmó.
Tras divulgarse esas acusaciones, la dirección católica prometió analizarlas detenidamente y reiteró su compromiso con la protección de los niños.
Los días 5 y 6 de mayo, la Santa Sede presentó al Comité de Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) un Informe Periódico Inicial sobre el cumplimiento de la convención del organismo internacional sobre el tema, de la cual es signataria desde 2002.
Durante la audiencia, el arzobispo Silvano Tomasi, representante católico ante las entidades de la ONU en Ginebra, afirmó: "No tenemos la competencia para llevar a cabo procesos judiciales sobre crímenes cometidos fuera del Estado de la Ciudad del Vaticano, pero realizamos los esfuerzos posibles para castigar a los sacerdotes culpables".
"Las personas residentes en un país determinado están bajo la jurisdicción de sus legítimas autoridades y sometidas a sus leyes", afirmó.
El arzobispo se limitó a ofrecer datos solicitados por el CAT sobre las medidas tomadas para combatir la pederastia y pidió evitar que el análisis se convirtiera en "un escenario para ventilar escándalos sexuales".
Organizaciones no gubernamentales presentes en la audiencia condenaron la actitud del clérigo y la poca importancia otorgada por éste a ese tipo de crimen.
Semanas después, en conclusiones parciales sobre el informe presentado por Tomasi, el CAT declinó como justificación válida para permitir que la violencia continúe las alegaciones sobre las dificultades del Vaticano a fin de investigar esos incidentes sin vulnerar la soberanía de otras naciones, aseveraciones que calificó de "inconsistentes".
"Cada Estado es responsable por los actos y omisiones de sus funcionarios y de quienes actúen en su nombre", resaltó.
Asimismo, exigió a la Iglesia el perfeccionamiento de los mecanismos de detección de los casos de tortura y la cooperación con las autoridades del país donde ocurran.
La comisión de expertos del organismo internacional pidió evitar que clérigos procesados sean trasladados a otras diócesis para evadir una condena y sugirió la suspensión de los sospechosos mientras se realizan las investigaciones necesarias.
Además, instó al Vaticano a esforzarse más en la prevención y condena de comportamientos inhumanos y degradantes, así como a asegurarse de que los delitos investigados sean conocidos por las autoridades nacionales y reportados al CAT.
LA VERGÜENZA DE LA IGLESIA
Durante los primeros cinco meses de 2014, dos organismos de la ONU han criticado la posición asumida por la Iglesia ante delitos cometidos por sus miembros.
En respuesta, la Santa Sede prometió tener en cuenta los señalamientos realizados, pero destacó la necesidad de aclarar "algunas cuestiones".
Ratificó su compromiso con la defensa de las personas agredidas y el cumplimiento de los estatutos de la ONU, "siempre y cuando no impliquen imposiciones ideológicas o cambios en la doctrina y las enseñanzas católicas".
Asimismo, destacó que la oposición a las prácticas que causan graves sufrimientos, tanto mentales como físicos, figura entre sus principios.
"Se habla de 40 millones de casos de abuso infantil a escala global; por desgracia, en algunos de ellos -aunque en proporción muy reducida en comparación con todo lo que sucede en el mundo- están involucradas personas de la Iglesia", declaró Tomasi.
"Hemos reaccionado y continuaremos haciéndolo. Insistiremos en esta política de transparencia, de no tolerancia", añadió.
El arzobispo aseguró que durante la última década la Santa Sede investigó alrededor de tres mil 420 casos "creíbles" de agresión sexual a menores por algunos de sus miembros.
Por otra parte, señaló que, desde mediados del siglo pasado, las diócesis católicas han pagado cerca de un millón 800 mil euros en indemnización a las víctimas de ese tipo de agresión y 56 millones fueron destinados a tratamientos terapéuticos de los afectados.
No obstante, las familias dañadas y entidades defensoras de los derechos de los niños consideran que los esfuerzos realizados no son suficientes y acusan al Vaticano de proclamar principios éticos mientras encubre a prelados, cuyo comportamiento resulta en extremo reprochable.
En una entrevista concedida al diario italiano Corriere della Sera, el papa Francisco lamentó las "profundas heridas" causadas, pero defendió "la transparencia y responsabilidad" con que el Vaticano ha actuado ante esos delitos.
"Nadie ha hecho tanto y, sin embargo, la Iglesia es la única en ser atacada", aseveró.
En reiteradas ocasiones, el papa argentino ha expresado su repudio a crímenes de ese tipo y la necesidad de defender a los más débiles.
Desde el inicio de su pontificado, ha promovido importantes cambios en la Santa Sede, los cuales abarcan desde transformaciones en su dirección y estructura hasta reformas de su código penal para establecer una mayor precisión en la tipificación de los delitos contra los niños.
En diciembre de 2013, Francisco creó la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, consejo asesor que tiene entre sus objetivos la implementación de programas para la ayuda a víctimas de eclesiásticos pederastas.
Durante su primera reunión, celebrada del 1 al 3 de mayo, dicho organismo propuso condenar tanto a los sacerdotes culpables como a quienes no reporten sus crímenes.
La comisión destacó la necesidad de elaborar protocolos claros y eficaces para combatir ese delito y aseguró que no habrá contemplaciones con quienes no protejan a los pequeños.
Durante el viaje de regreso a Roma, después de tres días de una visita en mayo a Tierra Santa, el Papa dialogó con la prensa y manifestó que no habrá privilegios para los criminales ni tolerancia alguna.
Para Francisco, los abusos cometidos por los prelados constituyen "la vergüenza de la Iglesia" y solo son comparables con "cultos satánicos".
La pederastia es hoy uno de los grandes pecados de los llamados "hombres de Dios" y su eliminación una de las mayores preocupaciones y desafíos del papa latinoamericano, cuyas promesas y acciones han despertado la esperanza de los más pobres e indefensos.
*Periodista de la redacción Europa de Prensa Latina.
