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Tegucigalpa./
Para “llenar espacios” que han quedado en la pirámide jerárquica, es que se ha procedido a los ascensos en la policía, sino es así, podría afectarse el combate a la delincuencia, es el argumento por el que el Congreso Nacional de Honduras está llevando a cabo dichas acciones, en un país donde el índice de criminalidad mantiene presa a la población.
Esos espacios son el resultado de la “depuración policial”, que en su momento el director general de la Policía Nacional, Ramón Antonio Sabillón, aseguró que “la depuración de la Policía Nacional es un hecho real que significa la transformación de la institución”.
Pero a criterio del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, (COFADEH), esto no es real, sino que la depuración en la Secretaría de Seguridad, es una pugna entre promociones que hace que la impunidad en Honduras, esté consolidada.
Los ascensos policiales de oficiales de alto rango, otorgados en forma apresurada por el Congreso Nacional, sin tomar en cuenta señalamientos de violaciones a derechos humanos, ha causado posiciones encontradas dentro de las organizaciones de sociedad civil, unos están a favor y otros en contra.
Pero una verdadera depuración no se ha dado, pues vemos que hay comisionados de policía, denunciados por violaciones a los derechos humanos, que han cometido vejámenes, torturas, uso desmedido de la fuerza y que actualmente ostentan cargos importantes muy cercanos a la dirección general de Policía, denunció el COFADEH.
Tras las reforma aplicadas a la Ley de la Policía, se aprobaron los ascensos, con la intención que se asegure que existan méritos detrás de la toma de decisiones, como la antigüedad en el servicio y la competencia interna, sin embargo, aunque se haya presentado denuncias sobre algunos de los candidatos a ascensos, de parte de diputados de la oposición, éstas opiniones no se tomaron en cuenta por quienes hacen mayoría y apoyaron acciones afines al gobierno.
La Policía Nacional presentó un informe sobre la depuración de la institución en el año 2013, y resalta el hecho que se consideró a agentes muertos (77), como parte de los separados por anomalías.
Otras cifras incluyen a personal que fue separado, pero no por cometer actos ilícitos o por no pasar las pruebas de confianza, sino porque se jubilaron (4 en total) o cuentan con incapacidad permanente (6).
En total, la Secretaría de Seguridad aseguró que como parte del proceso de depuración, quedaron fuera unos 748 agentes.
También hay más de 200 oficiales que han salido del cuerpo de Policía por no haber pasado las pruebas de confianza o por efecto de renuncia.
Madrid Guerra no debió ser ascendido
De acuerdo con el primer debate en la Cámara Legislativa, desarrollado el miércoles 4 de junio en el Poder Legislativo, se ascendió al grado inmediato superior a los comisionados de Policía, Ramón Antonio Sabillón Pineda, Félix Villanueva Mejía, José Cliserio Oliva Acosta, Joaquín Amado Mejía Alvarenga y Elder Madrid Guerra, al grado de comisionado general de Policía,( este último acusado por violaciones a derechos humanos), contra 23 personas después de una manifestación pacífica contra el golpe de Estado protagonizada en el centro de la ciudad el 12 de agosto del 2009, caso que está en poder del Área de Acceso a la Justicia del COFADEH.
Pero, además Madrid Guerra está señalado por dar seguimiento a testigos, e incluso existen denuncias presentadas por familiares del oficial en mención, ante el Ministerio Público que ponen en precario su conducta profesional y personal.
Dichas denuncias establecen que Elder Madrid Guerra habría ejecutado agresiones y otro tipo de velámenes en contra de su progenitora y hermana, así como que pretendió apropiarse del patrimonio familiar en perjuicio de sus parientes.
Según la Ley Orgánica de la Policía, en el artículo 115 del capítulo V, establece que: “El miembro de la Policía Nacional sometido a Proceso Penal o procedimiento disciplinario por falta grave, será suspendido en el desempeño de sus funciones. Si el miembro de la Policía Nacional fuese encontrado in fraganti en la comisión de un delito, de inmediato será puesto a la orden del Ministerio Público”.
En tanto que el artículo 116 establece que: “Cuando a un miembro de la Carrera Policial se le haya dictado auto de prisión y medidas cautelares por delito doloso se suspenderá de inmediato de su cargo, sin perjuicio de sus derechos.
Si la duración de la medida adoptada excediere los seis (6) meses, dará lugar a la terminación de la Carrera sin responsabilidad para el Estado, salvo que estas acciones sean derivadas del servicio o que haya indicios de legítima defensa, causa fortuita o fuerza mayor”.
Sin embargo, en el caso del comisionado Elder Madrid Guerra, quien estaba a cargo del Comando de Operaciones Especiales (Cobras), en el 2009, fue premiado y ascendido de cargo como jefe de Inteligencia y es el actual director estratégico de la Secretaría de Seguridad, por lo que “¿en manos de quien estamos?”, se preguntó Alba Ochoa, una de las víctimas de tortura el 12 de agosto del 2009.
Con esta acciones donde se premian a los que hacen daño, es notorio que los tres Poderes del Estado están de rodillas, seguimos en pleno golpe de estado, pese a que ha pasado cinco años, y no vemos que este señor (Juan Orlando Hernández- titular del Poder Ejecutivo) “esté haciendo lo que tiene que hacer”, para hacer justicia, señaló Ochoa.
Declaró que como grupo de víctimas de tortura el 12 de agosto del 2009, junto a un grupo de diputados que se opusieron a los ascensos policiales, están elaborando un pronunciamiento, pues no se dio la oportunidad de denunciar a los policías que tienen acciones contrarias a defender la vida.
Además a Madrid Guerra, el 25 de febrero de este año, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, le declaró sin lugar el recurso interpuesto por sus abogados defensores cuando estaba a cargo del Comando de Operaciones Especiales (COBRAS), y otros cinco policías, acusados por la fiscalía, por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, detención ilegal, vejámenes y torturas en perjuicio de 23 manifestantes que el 12 de agosto de 2009 se pronunciaron pacíficamente contra el golpe de estado en los bajos del Congreso Nacional.
La resolución del máximo tribunal de justicia expresa que es necesario que continúe el presente proceso penal para la averiguación de la verdad y someter el conocimiento en la jurisdicción penal de los delitos acusados en el requerimiento fiscal, estos hechos punibles deberán ser puestos en conocimiento del Juez, con el fin de verificar la responsabilidad penal del señor Elder Madrid Guerra y los otros señalados, en los actos ilícitos promovidos por el Ministerio Público.
La Corte Suprema de Justicia anunció que la audiencia inicial está prevista para que se realice el próximo 26 de junio de 2014.
Queremos denunciar, dijo Ochoa, que con el ascenso de Madrid Guerra, a comisionado general de Policía, el Poder Legislativo no respeta las resoluciones emitidas por la CSJ.
“No se cumplen las leyes en Honduras, este señor (Elder Madrid) no aplica a los ascensos, porque tiene procesos judiciales pendientes”.
Hay sentimientos de indignación, tampoco se cumplen recomendaciones de organismos internacionales, como el Examen Periódico Universal (EPU) que manda se castigue a los violadores de derechos humanos, durante el golpe de Estado, por lo que seguiremos denunciando que en este país no hay justicia, aseveró Alba Ochoa, víctima de tortura por un grupo policial comandado por Elder Madrid Guerra, parte del grupo de ascendidos en la cúpula policial de Honduras.
Las víctimas de detención ilegal, vejámenes y torturas fueron Gerardo Flores, Mabel Carolina López, Nelson Gustavo Rivera, José Natividad Pérez, Oscar Manuel Murillo, Santos Ricardo Peña, Darwin Isaac Amaya, Alba Leticia Ochoa, Sergio Raúl Jerezano, Darwin Said Hernández, Oslin Daniel George, Rosario Vásquez, Emerson Barahona, Daniel Angel Cárcamo, Allan Samuel Cruz, Magdaleno Lazo, Wilmer Orlando López, José Lino Avila, Santos René Herrera , Justo Pastor Mondragón,, Mario Rodrigo Ardón,, Florentino Izaguirre, Avilio Izaguirre y Lizandro Gómez.
La acusación contra los policías fue presentada por la Fiscalía de Derechos Humanos y el Programa de Acceso a Justicia del COFADEH que documentó los testimonios de las víctimas, ante el Juzgado de Letras Penal de Francisco Morazán de primera instancia el 13 de diciembre de 2010.
Por otra parte, según informe presentado por la Policía Nacional, en enero pasado, entre los agentes y oficiales destituidos del año pasado, hay 316 debido a “incompetencia en el cumplimiento de sus funciones”.
Hubo 244 depurados por abandono injustificado del servicio, de los que 6 son oficiales y 238 de la escala básica, mientras que de los 185 por retiro voluntario, 11 son oficiales, 171 de la escala básica y 3 de personal auxiliares.
También señala que existen 12 miembros de la Policía de la escala básica que fueron separados por tener auto de prisión y otros 12 por existir una sentencia firme condenatoria en su contra.
Y que en relación a las pruebas de confianza, 44 miembros de la institución, todos ellos de la escala básica, fueron separados el año anterior, mientras que 117 están en proceso de notificación a la Dirección General de la Policía.
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