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El equipo del Cofadeh visitó a Marta Julia López esposa de Ciriaco Muñóz
Tocoa, Colón.
En un sector tan violento donde los defensores y defensoras de derechos humanos arriesgan las vidas para defender los derechos de los campesinos y campesinas, la impunidad gana terreno cada día que pasa.
Se trata de la zona del Aguán localizada en el departamento de Colón al norte de Honduras. El 15 de noviembre de 2010, guardias de seguridad que trabajaban para el terrateniente Miguel Facussé asesinaron a 5 campesinos en la finca de palma africana conocida como Tumbador.
Un fallo emitido por el tribunal de justicia dictó sobreseimiento provisional para los supuestos victimarios, aumentando con ello la desconfianza en la aplicación de justicia y perpetrando la impunidad de los victimarios en el Bajo Aguán.
Un equipo de procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que visitó la zona, constató que la Fiscalía no presentó ningún recurso de apelación para contrarrestar la decisión del tribunal, proporcionando libertad para quienes dispararon y mataron a 5 campesinos.
Las consecuencias de estos hechos han derivado en situaciones precarias para las familias de las víctimas, cuando las viudas perdieron la fuente de ingresos que proporcionaban sus compañeros de hogar y en el presente afrontan grandes dificultades para alimentar a sus hijos e hijas que quedaron sin padres.
Uno de esos casos es de María Concepción Membreño, esposa de Teodoro Acosta. Cuando su compañero de hogar fue asesinado, su hijo menor apenas tenía 10 meses de nacido y ahora después de 4 años lucha por la vida para alimentar a sus 5 hijos.
Membreño dijo a defensoresenlinea.com que los que mataron a su marido fueron guardias de seguridad del terrateniente Miguel Facussé y que esa muerte junto a la de otros cuatro campesinos, cegó las intenciones de recuperar tierras y los anhelos de cultivar para sobrevivir.
“Uno de pobre, por eso es que necesita las tierras para cultivar, porque yo soy pobre y para mí es difícil todo esto, yo ya no soy como antes como cuando él estaba (Teodoro Acosta), encuentro todo diferente y no tengo amparo de nadie, solo de Dios”, expresó con tristeza Membreño que vive con sus hijos e hijas en una pequeña parcela de tierra en la comunidad Guadalupe Carney, municipio de Trujillo, en el departamento de Colón.
María Concepción Membreño dando declarciones al periodista Marvin Palacios
La situación que vive María Concepción Membreño no difiere mucho de las otras cuatro viudas que demandan justicia al Estado de Honduras, al perder a sus compañeros de hogar en condiciones violentas y a manos de guardias de seguridad, que de acuerdo a denuncias operan con total impunidad en el Aguán.
A cuatro años de los trágicos eventos para estas familias campesinas, el caso se encuentra en un punto muerto, no hay avances y mucho menos, esperanzas de alcanzar justicia.
En febrero de 2014 la organización internacional Human Rights Watch publicó un informe sobre Honduras titulado: “‘Aquí no hay investigaciones’: Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras”.
Las autoridades hondureñas no han investigado adecuadamente la ola de homicidios y otros abusos presuntamente vinculados a conflictos por la tierra en la región del Bajo Aguán, señaló Human Rights Watch.
El informe examina 29 homicidios y dos privaciones ilegales de la libertad ocurridos en el Bajo Aguán desde 2009, así como violaciones de derechos humanos cometidas por soldados y policías. Human Rights Watch determinó que fiscales y policías ignoraron sistemáticamente medidas de investigaciones oportunas y exhaustivas que permitieran esclarecer estos delitos, y dicha omisión ha sido reconocida en entrevistas por fiscales, policías y militares hondureños.
“Incluso tratándose de un país con alarmantes niveles de violencia e impunidad, la situación en el Bajo Aguán es particularmente grave”, observó José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “La ausencia de las medidas más básicas para llevar a los responsables de crímenes ante la justicia, ha perpetuado un clima de impunidad que estimula nuevos delitos, e incrementa la desconfianza en las autoridades”.
En ninguno de los 29 homicidios documentados por Human Rights Watch en el Bajo Aguán se ha dictado condena, según surge de información proporcionada por funcionarios gubernamentales. Solamente un caso llegó a juicio: El asesinato de cinco campesinos, ocurrido en noviembre de 2010.
Pero en enero de 2013 se dictó el sobreseimiento provisional hasta que se presentaran nuevas evidencias, luego de que la justicia no encontrara elementos suficientes para seguir adelante con la causa, y desde entonces no se ha reanudado. Se trata del caso conocido como Tumbador, ocurrido en Trujillo, departamento de Colón.
En 13 de los 29 homicidios y privación ilegal de la libertad que investigó Human Rights Watch, las evidencias apuntaban a la posible intervención de guardias de seguridad privada. Los guardias privados están sujetos a las leyes nacionales sobre uso de la fuerza y están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos.
Las investigaciones de casos en que las víctimas indicaron que había guardias privados involucrados han estado marcadas por reiterados errores y omisiones, como situaciones en que los fiscales no exigieron los registros laborales donde consta qué guardias estaban trabajando cuando se cometió un delito.
Debido a la presunta participación de guardias de seguridad que trabajan para empresas agroindustriales del Bajo Aguán en delitos vinculados a conflictos por tierras, la Oficina del Ombudsman (CAO) —el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (IFC)— ha iniciado una investigación sobre préstamos otorgados por esta última a la Corporación Dinant, propiedad del terrateniente Miguel Facussé.
La IFC, organismo de préstamo al sector privado del Banco Mundial, cuenta con normas sobre las prácticas de sus clientes relativas a contratación, utilización y supervisión de guardias de seguridad privada, en particular ante denuncias creíbles de abusos. La Corporación Dinant indicó a Human Rights Watch que realiza investigaciones internas de todas las denuncias de abusos que afectan a su personal y coopera plenamente con las autoridades en relación con cualquier denuncia penal.
El informe del Ombudsman del Banco Mundial, que se difundió en enero de 2014, identificó graves problemas en el modo en que el personal de la IFC había manejado la situación, que incluyeron subestimar los riesgos relativos a seguridad y conflictos por tierras, y no actuar con la debida diligencia a pesar de que se había planteado públicamente la situación relativa al proyecto y los riesgos que suponía. Según concluye el informe, el personal de proyectos de la IFC tampoco informó a otros especialistas de IFC en este tipo de riesgos ambientales y sociales sobre los problemas que sabían que estaban sucediendo. La IFC ha reconocido públicamente que hubo falencias en la implementación por la IFC de sus propios estándares.
Durante su gobierno, de 2010 a 2013, el presidente Porfirio Lobo adoptó ciertas medidas tendientes a mitigar los conflictos por tierras en el Bajo Aguán a través de mediación y compra de tierras. Pero, en general, la estrategia de su gobierno para abordar la violencia en la región consistió en incrementar la presencia de fuerzas de seguridad y atribuir su origen a grupos delictivos. No obstante, esta estrategia no contribuyó a reducir los delitos ni mejorar la rendición de cuentas, sostuvo Human Rights Watch en su informe-
El gobierno del presidente Lobo tampoco adoptó medidas preventivas para proteger a personas que se encontraban en riesgo a causa de conflictos por tierras en el Bajo Aguán, incluso en casos en que las evidencias sugerían de manera persuasiva que era probable que se produjeran hechos de violencia. En al menos dos ocasiones desde 2010, fueron asesinadas personas que previamente habían sido beneficiadas formalmente con “medidas cautelares” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de las actividades que desarrollaban en el Bajo Aguán, y que exigían al gobierno hondureño brindarles protección inmediata.
Estas víctimas fueron un periodista y un activista campesino. En un tercer caso, un abogado de derechos humanos a quien el gobierno hondureño había prometido protección fue asesinado. Ninguna de estas tres víctimas contaba con protección del gobierno en el momento en que fueron asesinadas, concluyó Human Rights Watch.
En otras instancias de amenazas creíbles a comunidades o personas, los funcionarios no han investigado los hechos ni han ofrecido medidas de protección efectivas. Reiteradamente en 2013, militares en la región agravaron el riesgo al cual estaban expuestos ciertos activistas que trabajan en el Bajo Aguán, al hacer declaraciones difamatorias y cuestionar la credibilidad de su trabajo.
