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En la ampliación de la demanda de paternidad contra Juan Carlos I interpuesta este lunes por el abogado de Albert Solà -quien desde hace años asegura ser el hijo primogénito de Don Juan Carlos, y, por tanto, el legítimo heredero del trono español- en el Juzgado de Primera Instancia 34 de Madrid entra en escena otro hombre: Antonio Miguel Rodríguez Castillo, un perito judicial en criminalística documental afincado en Gerona.
Éste, supuestamente exmiembro de los servicios de inteligencia españoles y contratado por Solà, asegura que consiguió una muestra de ADN del abdicado Monarca. No se sabe ni cómo ni cuándo. Sólo, según el demandante, que no en fecha "reciente".
Atendiendo a la versión de Solà, hace apenas dos semanas le llegaron los resultados del estudio genético de su ADN y, supuestamente, el del Rey. Estos, según figura en la ampliación de la demanda, determinan con "una fiabilidad superior al 99,99%" su consanguinidad.
El abogado del que afirma ser hermano de Felipe VI basa su argumentación en que, una vez abdicó Juan Carlos I, la inviolabilidad que quiera conferirle el Gobierno "no sería extensible a la esfera civil o jurídico privada". "Cuando está copulando no está en el ejercicio de sus funciones", explica gráficamente Francesc Bueno.
El letrado advierte de que, si la Justicia española vuelve a denegar a su cliente una prueba de paternidad practicada a Don Juan Carlos, acudirá a los tribunales europeos.
Y desde luego no parece que su caso tenga futuro en España a juzgar por la prisa que se ha dado el Ejecutivo de Mariano Rajoy, colando el aforamiento en una reforma de la Ley del Poder Judicial a través de dos enmiendas que se aprobaron con el único respaldo del PP (el PSOE, que empieza a entender el desgaste que le ha supuesto el apoyo a la monarquía por parte del defenestrado Rubalcaba, se abstuvo).
(Fuente: http://www.elsemanaldigital.com/
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