
**El telón de la politiquería en Honduras se rasga una vez más, dejando al descubierto una preocupante alianza entre el bipartidismo y altos jerarcas de las iglesias.
El diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Marco Eliud Girón, lanzó este jueves una contundente denuncia al afirmar que muchos líderes religiosos se han alineado abiertamente con el Partido Nacional y el Partido Liberal.
Con esto, Girón se une al «clamor de los feligreses» que, según él, no están de acuerdo con que sus pastores y curas se involucren en política.
La denuncia del diputado cobra especial relevancia en un momento donde la Ley Electoral es clara y categórica en ese tema.
El Artículo 226 prohíbe explícitamente a los partidos valerse de «creencias o motivos religiosos» y utilizar «símbolos religiosos» en su propaganda política.
Sin embargo, en un giro alarmante, esta semana han trascendido videos que evidencian cómo líderes religiosos usan el púlpito para inmiscuirse en asuntos políticos, con la participación incluso del actual embajador de Israel en Honduras.
Un TREP fraudulento y una alianza cínica
El involucramiento de líderes religiosos en la política, lejos de ser una defensa de la democracia, parece ser un frente político y mediático que busca imponer lo que no pueden ganar en las urnas.
La situación del TREP es un claro ejemplo de ello. Girón explicó que el 29 de julio venció el plazo para el TREP, pero no hubo ambiente en el Congreso para extenderlo porque el bipartidismo insiste en mantener la «intervención humana».
«Nosotros estamos de acuerdo con la intervención humana, pero en la Junta de Receptores de Votos y en el escrutinio general, como dice la ley. Lo que ellos proponen no es legal», enfatizó Girón, comparando la propuesta con el «TREP fraudulento al estilo del narcotráfico del 2013 y del 2017».
El bipartidismo pretende que dos activistas en Tegucigalpa decidan qué acta se contabiliza y cuál no, lo que es una ilegalidad y un delito electoral, según la Ley Electoral.
En medio de este caos, también salió a relucir el tema de la consejera Ana Paola Hall. Girón reveló que la renuncia de Hall fue remitida a dos instancias: al Ministerio Público para que investigue las amenazas en su contra, y a una comisión especial en el Congreso para determinar si está siendo obligada a renunciar.
La connivencia de los partidos tradicionales con sectores religiosos, sumada a su intento por manipular el TREP y las presiones a la consejera Hall, demuestra la desesperación de un bipartidismo que se niega a aceptar el juego limpio.
Una vez más, la defensa de la democracia y la transparencia recae en las manos de quienes han sufrido el fraude en carne propia, mientras que otros, incluso desde el púlpito, parecen seguir los mismos manuales de corrupción.
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