Martinelli y su socio Valter Lavítola.
En la audiencia de ayer jueves en el aula 219 del Tribunal de Nápoles –en la que se juzga a Valter Lavítola por presunta extorsión– se dio a conocer la lista de los 13 testigos que deberán desfilar ante los magistrados en las próximas semanas.
Serán citados cinco políticos, entre ellos, el presidente saliente de Panamá Ricardo Martinelli y el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi.
Además, seis altos cargos de empresas, entre otros, Rogelio Oruña; un diplomático y un periodista.
Los abogados de Valter Lavítola, el berlusconiano Maurizio Paniz y el penalista Antonio Cirillo, consideraron “indispensable” el testimonio de Martinelli y de Oruña como perfectos conocedores de los hechos que se juzgan en el Tribunal de Nápoles.
Así lo manifestaron ayer a la presidenta del Colegio de Jueces de la Sexta Sección del Tribunal de Nápoles, Giovanna Cepalloni, mientras Lavítola asentía con la cabeza durante su comparecencia.
El detenido permaneció sentado entre sus abogados defensores y vigilado en todo momento por guardias de la policía penitenciaria.
El prestigioso fiscal Vinzenzo Piscitelli, recientemente promocionado a procurador adjunto, acusa a Lavítola de haber coaccionado a ejecutivos de la empresa Impregilo con el aliciente de futuras adjudicaciones de obras, e instigado por funcionarios del Gobierno de Panamá para que financiaran la construcción del hospital de Veraguas, promesa incumplida del ex primer ministro Silvio Berlusconi, condenado actualmente por un monumental fraude fiscal en Italia.
Aunque Lavítola esté imputado por extorsión, en el expediente judicial al que ha tenido acceso La Prensa, la promesa de Impregilo de asumir los gastos de la construcción del hospital era en realidad “un modo enmascarado e indirecto para ofrecer al presidente Martinelli, a través de Rogelio Oruña, empresario estrechamente ligado a él, indebidas utilidades económicas”.
La lista de testigos de la representación legal de Lavítola es “sustanciosa”, tal y como la definió la juez Cepalloni, y se completa con viejos conocidos de la vida política y económica de Italia, como el exministro de Exteriores Franco Frattini, el exjefe de la Banca Popular de Milán y expresidente de Impregilo Massimo Ponzellini, y el exadministrador delegado de Impregilo Alberto Rubegni.
Por su parte, la fiscalía citará como testigos al embajador de Italia en Panamá, Giancarlo María Curcio, al exdirigente de Impregilo en Suramérica Luciano Reguzzo –que declaró ante la procura de Nápoles que había pagado a Lavítola 50 mil euros– al representante en Panamá de Svemark, Mauro Velocci, empresa que debía construir las cárceles modulares en varias provincias del país, y al periodista Joan Solés.
“El ordenamiento jurídico italiano –declaró el fiscal Piscitelli a La Prensa– establece que toda persona está obligada a declarar en un proceso penal ante el juez y a responder la verdad a preguntas de la defensa y de la fiscalía”.
En caso de imposibilidad de presentarse en la sede judicial el día citado, el testigo deberá comunicar la causa al Tribunal de Nápoles, que, empero, no eximirá de comparecer, sino que se fijará una nueva fecha.
La fiscalía depositó en el Tribunal de Nápoles los documentos judiciales que prueban las acusaciones. Estas incluyen interceptaciones telefónicas, sentencias de condena a Lavítola, cartas del detenido a Berlusconi y conversaciones entre Impregilo, el Ministerio de Exteriores de Italia y la embajada de este país en Panamá.
La comparecencia del vicecomandante del departamento de investigación y operaciones especiales, Giuseppe Schittarella, se aplazó para el 22 de mayo próximo, fecha de la nueva audiencia en el juicio de Lavítola.
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