Las políticas neoliberales aplicadas a finales de los ochenta y principios de los noventa en América Latina devastaron las economías de nuestros pueblos y entregaron a las transnacionales los recursos naturales sin mayor resistencia, amén de las políticas de privatización de todos los sectores hasta el punto de dejar al Estado como un gendarme garante del saqueo y la expoliación que sufrimos.
En Venezuela, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional comenzaron a aplicar estas políticas con el inicio del gobierno de Carlos Andrés Pérez, lo que se tradujo en el estallido social popular del 27 de febrero de 1989, conocido como el Caracazo.
El gobierno de Rafael Caldera selló este proceso privatizador y la industria minera, de telecomunicaciones, electricidad, por poner varios ejemplos, terminaron en manos del capital transnacional. Petróleos de Venezuela continuaba el mismo camino hasta la llegada del Comandante Hugo Chávez y la Revolución Bolivariana.
Igual destino sufrió Colombia que, con la Constitución de 1991, comenzó su largo camino hacia el entreguismo de la clase política conservadora y la oligarquía, primero, y con la industria del narcoparamilitarismo con Álvaro Uribe Vélez, después, quien privatizó Ecopetrol al vender 10% de sus acciones en 2003 a particulares, para luego continuar con el reparto del banquete en 2011.
El despojo de las riquezas de Colombia da cuenta de una terrible guerra de más de 50 años que anteceden el proceso privatizador de los noventa.
La oligarquía, para consolidar la hora neoliberal arreció con lo que se conoce hoy como el Estado paramilitar o terrorista, que promovió estructuras paramilitares en las zonas de influencia de las guerrillas para acabar con la base social de apoyo y, en otras zonas, “limpiar” el terreno para que las transnacionales acabasen con los recursos, lo que quiere decir que la justificación de combate a la guerrilla siempre ha sido infundada.
Porque la guerra y la política minero energética han dejado 6 millones de campesinos desplazados, campesinos que fueron sacados de un volumen de entre 6 y 7 millones de hectáreas de tierra para el usufructo por parte de los terratenientes y las empresas agroexportadoras. Hoy 52% de las tierras está en manos del 1,15% de la población, como lo señala el estudio “Colombia rural, razones para la esperanza”, del Programa de Desarrollo de la ONU (PNUD).
Lo que quiere decir que la estructura económico social instaurada en Colombia en los últimos 25 años limitaron las funciones del Estado, se desarrolló la denominada “apertura” que no fue otra cosa que la internacionalización del capital, la precarización del trabajo, el arrase de las tierras cultivables, la privatización de los servicios públicos y la perpetuación del sistema social de exclusión; esta estructura tuvo como base jurídica la Constitución de 1991, aprobada durante el mandato de César Gaviria.
Paz con justicia social
Desde la Corriente Bolivariana Guevarista de Venezuela, como organización política revolucionaria de base, nos asumimos como internacionalistas y comprendemos perfectamente el costo de la guerra en Colombia porque, como afirmó el Comandante Hugo Chávez, “la paz de Colombia es la paz de Venezuela”.
En Venezuela logramos frenar el proceso privatizador de los años noventa con la Revolución Bolivariana y, aunque no sufrimos una guerra de más de 50 años como la colombiana, conocimos y sufrimos la tortura, la persecución y la desaparición durante el período de la cuarta República (1959-1999); también sabemos ciertamente las consecuencias de vivir en un sistema político y económico excluyente, donde el capital priva sobre lo humano, y donde las riquezas están puestas al servicio de las transnacionales.
Por esta razón esa paz en Colombia es imposible conquistarla sin un profundo proceso de transformación de las estructuras políticas, económicas, sociales, culturales; sin acabar con las murallas económicas impuestas por la oligarquía y las transnacionales, sin acabar con la muralla paramilitar, sin hacer justicia con los masacrados, desplazados, despojados, sin un repensar total de la sociedad.
De allí la importancia de la Cumbre Agraria Étnica y Popular que se celebra en marzo en Bogotá, Colombia, como fruto de un proceso de reflexión, movilización, debate y lucha que han dado las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles de Colombia en los últimos cinco años, a pesar de la persecución del Estado y el paramilitarismo.
La Corriente Bolivariana Guevarista se complace en saludarlos y a la vez agradecer la invitación para participar en este importante debate.
Como en otras ocasiones (Congreso de la Paz, Congreso de los Pueblos) participaremos y aportaremos nuestra humilde experiencia para contribuir con la transformación política y social de Colombia.
Corriente Bolivariana Guevarista de Venezuela
