BRUSELAS (apro).- Un reporte de la Comisión Europea estimó que la corrupción hace perder en conjunto a los 28 países que conforman la Unión Europea (UE) un monto de 120 mil millones de euros cada año, aunque la comisaria de Asuntos Internos, Cecilia Malmström, reconoció durante la presentación del documento, el pasado lunes 3, que dicha cifra seguramente es mucho más alta.
Sin embargo, el reporte no incluyó el estudio de la corrupción en los presupuestos que manejan las instituciones de la UE, lo cual había sido anunciado en un principio.
El dato del reporte oficial europeo se basó, entre otras, en estadísticas de 2009 del Pacto Mundial, un foro anticorrupción de empresarios auspiciado por Naciones Unidas, y de la Cámara Internacional de Comercio, un organismo con sede en París que se presenta como “la organización del mundo de los negocios” y cuyo presidente es Harold McGraw III, propietario del grupo McGraw Hill Financial, que a su vez es dueño de la calificadora Standard & Poor’s y de la compañía especializada en índices financieros Dow Jones, así como de otras agencias de “inteligencia económica”.
El reporte, el primero en su tipo y que será publicado de ahora en adelante cada dos años, apunta principalmente dos áreas donde la corrupción está más expandida: el financiamiento de los partidos políticos y las contrataciones o licitaciones públicas, en donde se mueve 20% de la economía total de la UE.
En este último apartado, señala el reporte, 32% de las empresas participantes en ofertas públicas afirma que perdieron el concurso a causa de prácticas de corrupción, siendo las más afectadas aquellas del ramo de la construcción y de la ingeniería.
El reporte menciona los vínculos entre la corrupción y el crimen organizado: “En los Estados miembros donde el crimen organizado plantea problemas considerables, la corrupción sirve para facilitarle las cosas. En uno de los Estados miembros, numerosos casos de presunto financiamiento ilegal de partidos, a nivel central o regional, estaban ligados a grupos criminales.
Los vínculos entre éstos últimos, las empresas y políticos continúan generando problemas en aquellos Estados, particularmente a escala regional y local, así como en los mercados públicos, la construcción, los servicios de mantenimiento, la gestión de desperdicios y otros sectores”.
Los 28 capítulos nacionales que acompañan el reporte “no contienen una descripción exhaustiva de la situación ligada a la corrupción”, se advierte, ya que, se explica, el objetivo de ellos es simplemente “poner en evidencia elementos claves”.
En el capítulo sobre Bélgica, el país que acoge a las instituciones de la UE, los expertos de la Comisión Europea indican que el gobierno federal ha lanzado iniciativas de prevención y detección de la corrupción, incluyendo auditorías internas más estrictas, pero, lamentan, no ha sido aún puesta en marcha una política integral preventiva.
Precisan que la Oficina de Ética Administrativa y Deontología, que a nivel federal coordina una política de esa naturaleza, sólo cuenta con cinco empleados.
Otra observación al gobierno de Bélgica refiere la falta de reglas específicas para el registro de los cabilderos y la poca atención que presta a las prácticas de soborno provenientes desde el extranjero, que casi no son detectadas.
“A pesar de que existen seis casos cuyas investigaciones están en curso, y otro en el que se ejerció una acción judicial, ningún ciudadano o compañía belga ha sido hasta la fecha procesado en un caso de este tipo”, acusa el reporte.
“Focos de atención”
España es uno de los países que más preocupaciones despierta en varios aspectos, casi todos conectados con la corrupción del mundo político, como es la falta de transparencia en el financiamiento de los partidos o la gestión de los recursos a nivel regional y local, cuyos gobiernos ejercen 13% del presupuesto público español.
Otras prácticas de corrupción ligadas a los fondos de desarrollo urbano y las licitaciones públicas son identificadas dentro de los “focos de atención”, además de remarcar la preocupación en materia de transparencia y acceso a la información, pues aunque después de muchos esfuerzos se adoptó en diciembre pasado una ley al respecto, su entrada en vigor fue pospuesta dos años por algunas administraciones regionales y locales, matiza el reporte.
El reporte incluye también los resultados de dos sondeos sobre las percepciones y la experiencia de los europeos en materia de corrupción, que se realizaron a principios de 2013 y que, subraya la Comisión Europea, coinciden con los del índice de Transparencia Internacional (TI).
“Pese a que la pequeña corrupción no es tan rampante como en otras partes del mundo, se conserva como un gran problema para muchos países de la UE”, señala un comunicado de TI publicado el mismo 3 de febrero, añadiendo que ciudadanos de Grecia, Lituania y Rumania todavía tienen que pagar una mordida para poder acceder a servicios básicos como la salud, lo que, expone, “es quizá el impacto más directo y tangible sobre la vida de la gente”.
De acuerdo con el reporte, en Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo y Suecia, menos de 1% de los encuestados declararon haber vivido una situación donde tuvieron que dar un
