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Buenos Aires • El gobierno argentino ofreció hoy una recompensa de dos millones de pesos (unos 365 mil dólares) a quienes aporten información para capturar a dos ex militares condenados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura (1976-1983) que se fugaron de un hospital militar de Buenos Aires.
El ex mayor Jorge Olivera, condenado en la provincia de San Juan a cadena perpetua, y el ex teniente primero Gustavo De Marchi, condenado a 25 años, se encuentran prófugos desde el jueves, cuando escaparon del hospital militar central, en el barrio porteño.
El ministro argentino de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, ordenó además “el pase a disponibilidad de oficiales y agentes penitenciarios responsables de la división traslados y seguridad”.
El ex mayor Jorge Olivera, condenado en la provincia de San Juan a cadena perpetua, y el ex teniente primero Gustavo De Marchi, condenado a 25 años, se encuentran prófugos desde el jueves, cuando escaparon del hospital militar central, en el barrio porteño.
El ministro argentino de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, ordenó además “el pase a disponibilidad de oficiales y agentes penitenciarios responsables de la división traslados y seguridad”.
Según Alak, “los detenidos presentaban una patología que por sus características podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos, ya que no existía riesgo de vida”.
Olivera y De Marchi fueron condenados hace tres semanas en el primer juicio por delitos de lesa humanidad desarrollado en la provincia de San Juan, en el noroeste de Argentina.
Olivera y De Marchi fueron condenados hace tres semanas en el primer juicio por delitos de lesa humanidad desarrollado en la provincia de San Juan, en el noroeste de Argentina.
Olivera, que era jefe de inteligencia, estuvo involucrado en el secuestro y desaparición de la modelo franco-argentina Marie Anne Erize Tiseau, en octubre de 1976.
El jueves “se evadieron del Hospital Militar Central (de Buenos Aires) los internos Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, ambos detenidos por haber cometido delitos de lesa humanidad” en la dictadura, informó el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a través de un comunicado del Ministerio de Justicia.
Olivera, de 62 años, y De Marchi, de 64, habían sido llevados desde la ciudad de San Juan (oeste), donde el 5 de julio fueron condenados, al hospital militar de Buenos Aires para ser “atendidos en distintas especialidades (psiquiatría, kinesiología, dermatología)”, añadió el comunicado.
El SPF señaló que solicitará a la justicia penal “una profunda investigación integral” desde el momento en que se decidió el traslado de ambos ex militares desde San Juan hasta la internación en el hospital castrense de Buenos Aires.
El ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofreció una recompensa de dos millones de pesos (364 mil dólares) por cada uno de los prófugos para quienes brinden información que permita dar con su paradero.
“Se ofrece como recompensa dentro de la República Argentina la suma de dos millones de pesos por el plazo de doce meses a partir del día de la fecha destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención” de los dos prófugos, señalan dos resoluciones firmadas por el ministro Julio Alak.
Olivera fue condenado a reclusión perpetua por la desaparición de Erize y otros 59 opositores durante el régimen militar, mientras que De Marchi recibió una pena de 25 años en el mismo juicio en San Juan (1,300 km al oeste de Buenos Aires), también por delitos de lesa humanidad.
En ese mismo juicio dos ex policías fueron sentenciados a cadena perpetua, mientras que otros dos acusados lo fueron a 25 años y uno más a diez años.
Olivera, quien fue además abogado de represores, era jefe de inteligencia en el Regimiento de Infantería de Montaña de San Juan y fue considerado el principal responsable de la desaparición de Erize, quien tenía 24 años cuando fue secuestrada en la vía pública en esa provincia el 15 de octubre de 1976.
En el año 2000, durante un viaje por Italia, Olivera había sido detenido en Roma a pedido de la justicia francesa, pero tras 42 días de cárcel fue liberado mediante un acta de defunción falsificada de la joven francesa, por lo que se consideró el crimen prescrito.
Tras la anulación de las leyes de amnistía en 2003 en Argentina, y la reapertura de centenares de causas por crímenes de lesa humanidad, Olivera volvió a ser encausado y detenido en 2007.
Luego de la condena contra Olivera, Francia aplaudió la “determinación de la justicia argentina” a no dejar impunes los crímenes de la dictadura.
El jueves “se evadieron del Hospital Militar Central (de Buenos Aires) los internos Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, ambos detenidos por haber cometido delitos de lesa humanidad” en la dictadura, informó el Servicio Penitenciario Federal (SPF) a través de un comunicado del Ministerio de Justicia.
Olivera, de 62 años, y De Marchi, de 64, habían sido llevados desde la ciudad de San Juan (oeste), donde el 5 de julio fueron condenados, al hospital militar de Buenos Aires para ser “atendidos en distintas especialidades (psiquiatría, kinesiología, dermatología)”, añadió el comunicado.
El SPF señaló que solicitará a la justicia penal “una profunda investigación integral” desde el momento en que se decidió el traslado de ambos ex militares desde San Juan hasta la internación en el hospital castrense de Buenos Aires.
El ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofreció una recompensa de dos millones de pesos (364 mil dólares) por cada uno de los prófugos para quienes brinden información que permita dar con su paradero.
“Se ofrece como recompensa dentro de la República Argentina la suma de dos millones de pesos por el plazo de doce meses a partir del día de la fecha destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención” de los dos prófugos, señalan dos resoluciones firmadas por el ministro Julio Alak.
Olivera fue condenado a reclusión perpetua por la desaparición de Erize y otros 59 opositores durante el régimen militar, mientras que De Marchi recibió una pena de 25 años en el mismo juicio en San Juan (1,300 km al oeste de Buenos Aires), también por delitos de lesa humanidad.
En ese mismo juicio dos ex policías fueron sentenciados a cadena perpetua, mientras que otros dos acusados lo fueron a 25 años y uno más a diez años.
Olivera, quien fue además abogado de represores, era jefe de inteligencia en el Regimiento de Infantería de Montaña de San Juan y fue considerado el principal responsable de la desaparición de Erize, quien tenía 24 años cuando fue secuestrada en la vía pública en esa provincia el 15 de octubre de 1976.
En el año 2000, durante un viaje por Italia, Olivera había sido detenido en Roma a pedido de la justicia francesa, pero tras 42 días de cárcel fue liberado mediante un acta de defunción falsificada de la joven francesa, por lo que se consideró el crimen prescrito.
Tras la anulación de las leyes de amnistía en 2003 en Argentina, y la reapertura de centenares de causas por crímenes de lesa humanidad, Olivera volvió a ser encausado y detenido en 2007.
Luego de la condena contra Olivera, Francia aplaudió la “determinación de la justicia argentina” a no dejar impunes los crímenes de la dictadura.
Unas 30 mil personas desaparecieron durante la dictadura argentina, según organismos humanitarios, incluidos 18 ciudadanos franceses.
