MIAMI HERALD – Claudio Rojas fue liberado de un centro de detención para inmigrantes en el condado Broward en agosto. Poco después, este ciudadano argentino obtuvo su permiso de trabajo, una licencia para conducir y la oportunidad de reincorporarse a su vida cotidiana.
Pero recientemente, cuando Rojas compareció a su visita semanal en una oficina de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE) en Miramar, unos agentes le colocaron un grillete electrónico en su tobillo derecho. Ahora no sabe cuándo se lo van a quitar.
“Después de meses de no representar ningún peligro, ahora me ponen este aparato”, dijo Rojas, quien permaneció en el centro privado de detención Broward Transtional de Deerfield Beach por siete meses a pesar de no tener antecedentes criminales. “No entiendo cuál es el punto”.
El gobierno federal dice que es más barato monitorear a los indocumentados con llamadas telefónicas, visitas a las casas o los grilletes en lugar de mantenerlos en las cárceles. Recientemente, con el fin de ahorrar dinero, el gobierno liberó a más de 2,000 inmigrantes que estaban detenidos.
Sin embargo, las 700 camas del Broward Transitional siguen estando llenas. Y no está claro cuántos inmigrantes hay en la misma situación que Rojas, que fueron liberados de esa cárcel y ahora están en el Programa de Supervisión Intensiva (ISAP).
Néstor Yglesias, un vocero de ICE, no dio la cifra local. Sin embargo, dijo que a nivel nacional hay un promedio diario de 21,634 inmigrantes en el programa de monitoreo.
Varios inmigrantes con grilletes y los activistas que los apoyan cuestionaron si el motivo real es generar mayores ingresos para BI Incorporated, la empresa privada con el contrato para administrar el programa de monitoreo.
En el 2010, un año después de que BI Incorporated obtuviera el contrato para monitorear a los indocumentados, esta empresa fue comprada por GEO Group Inc., una polémica corporación de cárceles privadas con sede en Boca Raton. GEO Group también es dueña del Broward Transitional Center, el único centro privado de detención para inmigrantes en la Florida.
“Esto se trata de dinero, es un negocio”, dijo Mohammad Abdollahi, un activista basado en el sur de la Florida que forma parte de la Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (NIYA, por sus sigla en inglés). “Además, si una persona calificaba para un grillete, ¿por qué lo detuvieron por varios meses, algo que es mucho más costoso?”.
Yglesias dijo que los métodos alternos a la detención se usan con individuos que representan bajo riesgo para la seguridad pública y la supervisión de cada persona se basa en un análisis de riesgo de fuga o incumplimiento de las demás condiciones de su liberación.
Sin embargo, la propia secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a ICE, admitió que no entiende por qué los inmigrantes que califican para métodos alternativos de vigilancia, han permanecido detenidos por varios meses.
“Estamos investigando la situación”, dijo Janet Napolitano durante una entrevista con CBS News en febrero.
El gobierno federal paga entre $0.17 y $17.69 diariamente a BI Incorporated por cada inmigrante indocumentado en el programa de monitoreo.
El costo por día de la detención de emigrantes varía dependiendo de las cárceles. En BTC el precio es de $120 al día por cada cama. Varias organizaciones han estimado un promedio nacional de entre $122 y $164 al día por cada detenido. Esto representaría entre $44,530 y $59,860 por un año de detención.
GEO Group afirmó que no tiene ningún poder de decisión en los casos de detención o monitoreo. En una declaración enviada a El Nuevo Herald, el portavoz Pablo Páez agregó que su compañía no cabildea o aboga con respecto a las políticas de inmigración.
“Por reglamento de nuestro contrato con ICE, no podemos contestar ninguna pregunta relacionada con el programa” de supervisión intensiva, escribió Páez.
En la página web de ICE hay disponible una copia del contrato que, sin embargo, omite todos los detalles de los costos, menos el precio total. ICE no explicó por qué los precios fueron ocultados. Pero según el documento, el total que ICE debió pagar por los servicios de monitoreo por cinco años fue de $372,814,176.
Tras una primera detención de tres meses en la misma cárcel de inmigración el 2010, Rojas no siguió la orden de un juez de abandonar el país, y fue arrestado nuevamente en el 2012. Estuvo detenido un total de 10 meses, lo cual representó al menos $35,000 en costos al gobierno federal.
“Ese dinero podría ser utilizado en cosas mas constructivas, de ayuda a la comunidad”, dijo Rojas, quien llegó como turista a la Florida en el 2000 junto con su familia. “Ellos saben que no me voy a ir a ningún lado después de luchar tanto por quedarme en este país con mi familia”.
Por más de una década, distintos grupos de activistas habían cuestionado por qué el gobierno federal seguía construyendo o alquilando cárceles de inmigración en lugar de implementar programas alternativos para monitorear a los inmigrantes en el sistema.
Entre el 9 de febrero y el 1 de marzo del 2013, ICE liberó a unos 2,228 inmigrantes en todo el país por razones relacionadas con el polémico embargo presupuestario ( sequester) en Washington. De estos, 225 fueron liberados dentro de la jurisdicción de la unidad de deportación de ICE en Miami, que incluye Florida, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
Para ello ICE identificó a detenidos que fueran candidatos apropiados para los programas alternativos a la detención, lo que provocó el cuestionamiento de grupos que abogan por los derechos humanos y las libertades civiles, y de activistas como Abdollahi.
“Muchos de los liberados permanecieron privados de su libertad por meses o años a pesar de calificar para salir de las cárceles”, dijo Abdollahi, quien junto a otros activistas ha usado su estatus de indocumentado para “infiltrarse” en centros de detención a nivel nacional y así sacar a relucir las historias de las personas encerradas.
“Imagínate todo el dinero del gobierno que no habría terminado en los bolsillos de GEO Group”.
