NAZARETH BALBAS / AVN – Una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) pidió al Estado venezolano “indemnizar” con 15.000 dólares al terrorista Raúl Díaz Peña, responsable de dos atentados a sedes diplomáticas de Colombia y España en Caracas, en 2003, y prófugo de la justicia desde 2010, cuando huyó de la cárcel a Estados Unidos.
Además de la indemnización para Díaz Peña, la corte, con sede en San José (Costa Rica), exigió al Estado venezolano cancelar 3.000 dólares a Venezuela Awareness Foundation (VAF), una organización de ultraderecha que se ha dedicado a “defender” a delincuentes procesados por delitos comunes pero que tienen vínculos con la oposición venezolana.
La presidenta de VAF, Patricia Andrade, es socia de UnoAmérica, una organización de ultraderecha dirigida por Alejandro Peña Esclusa, acusado en Venezuela por cargos de terrorismo y violencia.
En diciembre de 2005, parlamentarios venezolanos presentaron grabaciones de conversaciones telefónicas entre Andrade y una hija del general golpista Oswaldo Sujú, en la que mencionaban el uso de las valijas diplomáticas de la embajada norteamericana en Caracas para enviar correo a terroristas.
Asimismo, varias gráficas demuestran los estrechos vínculos de Andrade, supuesta “defensora de DDHH”, con el ex dictador de Honduras, Roberto Micheletti, sobre quien pesan numerosas denuncias de organizaciones civiles por graves violaciones a los Derechos Humanos en esa nación centroamericana.
Paradójicamente, la Corte condenó a Venezuela tras admitir el recurso interpuesto por Andrade a favor de Díaz Peña, pese a que el terrorista había evadido su condena de nueve años y cuatro meses de presidio por la comisión de delitos de agavillamiento, incendio en inmueble agravado en grado de facilitador y ocultamiento de sustancias explosivas.
La razón del fallo del tribunal es que supuestamente Venezuela violó “el derecho a la integridad personal” de Díaz Peña y le dio “tratos inhumanos y degradantes”. Sin embargo, la sentencia no hace alusión a que Díaz Peña se fugó mientras disfrutaba de beneficios procesales que le permitían salir del centro de reclusión para ir a trabajar y regresar a prisión a dormir.
En 2010, el mismo terrorista confesó en programas de televisión que la huída a Estados Unidos, país al que ingresó sin ningún problema migratorio, había sido tras el pago de 6.000 dólares en un vuelo “vía una isla caribeña” que resultó ser Trinidad y Tobago.
Indignación en Venezuela
Una vez que se conoció la decisión, el presidente venezolano, Hugo Chávez, instruyó el martes pasado al canciller, Nicolás Maduro, a “no esperar ni un día más para retirarnos de la inefable Corte Interamericana, que no merece llamarse de Derechos Humanos”.
El Jefe de Estado aseveró que el fallo “deja al descubierto su complicidad con la política de protección a los terroristas”. Horas más tarde del pronunciamiento del Jefe de Estado, el gobierno venezolano emitió un comunicado en rechazo a la determinación de la Corte-Idh.
El texto oficial señala que el organismo “continúa erosionando su credibilidad, al emitir una decisión aberrante en un caso que nunca debió admitir, pues en atención a los principios de complementariedad y subsidiariedad, ésta sólo debe actuar una vez que se han agotado todos los recursos internos”.
De igual forma, Venezuela reiteró su exigencia a la Corte para que aplique los principios de universalidad, imparcialidad, objetividad y no selectividad en el examen de las cuestiones de Derechos Humanos, “y cese su pretensión de colocarse por encima de la legislación interna de los Estados”.
Por último, el gobierno venezolano ratificó su compromido con la garantía y respeto absoluto a los DDHH en el país, conforme a la Constitución y a la voluntad popular, “independientemente de las manipulaciones y las mentiras de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Este miércoles, el canciller Maduro recalcó durante una entrevista en Venezolana de Televisión que el fallo de la corte “es uno de los casos que va acumulando un conjunto de decisiones aberrantes, abusivas, que viola la convención de la Corte-IDH y que ha llegado más allá del límite del desprestigio y de la falta de credibilidad”.
Protección en Miami
Pese a su comprobada vinculación en actos terroristas, fue la propia senadora estadounidense Ileana Ros-Lethinen quien solicitó al gobierno de Estados Unidos el asilo para Díaz Peña, a quien presentó como un “perseguido político”.
El apoyo de la republicana, quien de acuerdo con información del periodista Jean Guy Allard tiene nexos con “la conexión terrorista de Miami” que protege a otros delincuentes como Luis Posada Carriles y Orlando Bosh, fue admitida por el mismo Díaz Peña en un programa de la cadena de noticias CNN.
En 2009, la congresista señaló con respecto al terrorista Díaz Peña que su país tenía que “defender y ser la voz de esos presos políticos en Venezuela y en todo el mundo, que son castigados simplemente por ejercer sus derechos fundamentales”.
Desde que llegó a Miami, el apoyo de Ros-Lehtinen le permitió al dinamitero tener status de “preso político” y “estudiante venezolano” en los grandes medios de comunicación controlados por la derecha norteamericana
El 17 de septiembre de 2010, el gobierno venezolano envió una carte al Washington en la que solicitaba una explicación sobre la presencia del fugitivo en territorio norteamericana cuya recepción fue confirmada por el vocero del Departamento de Estado Mark Toner, quien sin embargo se negó a opinar al respecto.
“Puedo confirmar que sí, recibimos una nota diplomática, pero sobre su estatus, ese es un asunto para… o sea, él ya está aquí en Estados Unidos, entonces ahora es un asunto del Departamento de Seguridad Interior”, fueron las palabras de Toner para intentar evadir la responsabilidad sobre el otorgamiento de un visado a un criminal venezolano, fugitivo de la justicia y convicto por terrorismo-
Junto a Díaz Peña, otros terroristas hacen vida libremente en Estados Unidos, entre ellos José Antonio Colina y Germán Rodolfo Varela, ambos sentenciados a prisión en Venezuela por su colaboración en la colocación en los consulados de España y Colombia en Caracas, en 2003.
