El compromiso de los verdaderos rebolucionarios que se encuentran aquí llegan hasta las últimas consecuencias.
Los caídos en el combate y los condenados lo prueban.
Según informan los medios de comunicación, Rosalba ha sido condenada a 50 años de prisión por un atado montaje de delitos dentro de los que no faltaban los repudiables "terrorismo, secuestro y homicidio agravado".
Según informan los medios de comunicación, Rosalba ha sido condenada a 50 años de prisión por un atado montaje de delitos dentro de los que no faltaban los repudiables "terrorismo, secuestro y homicidio agravado".
De acuerdo con las noticias, la guerrillera punida fue capturada el 26 de noviembre en el Caquetá, tras el frustrado intento de rescate de los prisioneros de guerra.
No me hallo en condiciones de saber si lo firmado por la prensa acerca de su captura y las circunstancias en que se produjo tenga fuerza de verdad.
Son tan sucias las manipulaciones de los servicios de inteligencia militar y policial, que uno aprende a dudar de cuanta cosa afirman. Así como los acuciocios medios que ponen sello notarial a tales dichos.
Tampoco me es posible la verificación interna en las FARC acerca de la condición de esa muchacha. La compartimentación entre los Bloques es estricta y sólo las jerarquías máximas de la organización, gracias a su función, conocen de primera fuente todas las incidencias de la lucha.
Tampoco me es posible la verificación interna en las FARC acerca de la condición de esa muchacha. La compartimentación entre los Bloques es estricta y sólo las jerarquías máximas de la organización, gracias a su función, conocen de primera fuente todas las incidencias de la lucha.
Sin embargo, resultan tan simbólicas ciertas noticias que dan para opinar sobre ellas.
Que yo recuerde, en este país jamás se ha producido ninguna sentencia judicial en un término tan breve como el que se cumplió en este caso.
Que yo recuerde, en este país jamás se ha producido ninguna sentencia judicial en un término tan breve como el que se cumplió en este caso.
Dos meses bastaron a la justicia colombiana para imponer una pena tan ejemplarizante. Según alcanza uno a entender, su condena obedece a que pertenece a las FARC. Los demás hechos se le imputan por añadidura.
Para culparla de homicidio agravado, debió haberse probado que utilizó sus armas y que los proyectiles encontrados en los cuerpos de las víctimas fueron disparados efectivamente por el arma que ella portaba, lo cual requiere una serie de procedimientos técnicos.
Una buena tarea para medicina legal. Que por única vez en la historia habrá expedido un dictamen tan veloz… Obviamente los procedimientos técnicos ni se cumplieron, ni Rosalba pudo refutar la carencia de pruebas, sin la defensa adecuada.
De igual modo, para haberla condenado por secuestro, se requeriría haber probado que ella participó en esos hechos. Es decir, que estuvo presente en las acciones militares en las que la guerrilla propinó duros golpes a las fuerzas oficiales. Y eso, admitiendo en gracia de discusión, que a la toma de prisioneros tras una victoria militar en combate se la llamara así. En el DIH a los presos en combate se los llama presos de guerra.
Para no extender las cosas no voy hacer mención de lo que se necesitaría probar para condenarla por terrorismo. En un estado de derecho, claro, no en una dictadura constitucional disfrazada como la que existe en Colombia. Es fácil concluir que lo que se quiso hacer en el caso de Rosalba fue enviar un mensaje a todos los guerrilleros colombianos.
La experiencia nos enseña que cuando es capturado un guerrillero tras un combate o en cualquier situación de comprometedora flagrancia, lo primero que se le viene encima es el chorro de ofrecimientos de perdón y olvido, de ayuda para él y su familia, de garantías de todo tipo que incluyen hasta el traslado al exterior y pago de grandes sumas de dinero.
Ofrecimientos canallas en apariencia generosos, efectuados bajo la más infame presión sicológica, acompañados de crueles amenazas y advertencias, en las que el detenido es puesto a las puertas mismas del infierno en caso de que se niegue a aceptar. Es obvio que lo que menos vale en ese momento es la vida o la libertad de ese ser‘ desechable’.
Lo que cuenta para sus captores es la información que puedan obtener de él, la importancia de su confesión con fines de materializar golpes contundentes a la organización revolucionaria. La utilización práctica que para sus fines de guerra pueda tener la traición del capturado.
De igual modo, para haberla condenado por secuestro, se requeriría haber probado que ella participó en esos hechos. Es decir, que estuvo presente en las acciones militares en las que la guerrilla propinó duros golpes a las fuerzas oficiales. Y eso, admitiendo en gracia de discusión, que a la toma de prisioneros tras una victoria militar en combate se la llamara así. En el DIH a los presos en combate se los llama presos de guerra.
Para no extender las cosas no voy hacer mención de lo que se necesitaría probar para condenarla por terrorismo. En un estado de derecho, claro, no en una dictadura constitucional disfrazada como la que existe en Colombia. Es fácil concluir que lo que se quiso hacer en el caso de Rosalba fue enviar un mensaje a todos los guerrilleros colombianos.
La experiencia nos enseña que cuando es capturado un guerrillero tras un combate o en cualquier situación de comprometedora flagrancia, lo primero que se le viene encima es el chorro de ofrecimientos de perdón y olvido, de ayuda para él y su familia, de garantías de todo tipo que incluyen hasta el traslado al exterior y pago de grandes sumas de dinero.
Ofrecimientos canallas en apariencia generosos, efectuados bajo la más infame presión sicológica, acompañados de crueles amenazas y advertencias, en las que el detenido es puesto a las puertas mismas del infierno en caso de que se niegue a aceptar. Es obvio que lo que menos vale en ese momento es la vida o la libertad de ese ser‘ desechable’.
Lo que cuenta para sus captores es la información que puedan obtener de él, la importancia de su confesión con fines de materializar golpes contundentes a la organización revolucionaria. La utilización práctica que para sus fines de guerra pueda tener la traición del capturado.
El efecto político favorable que puedan conseguir con sus declaraciones públicas.
Ay de ellos si se niegan a violar su lealtad. Los cariños prometidos se transformarán en desprecios, el Estado se quitará su máscara y de sus nauseabundas fauces brotarán abominables sentencias como la que comentamos. A un revolucionario consecuente, auténtico, fiel a su pueblo, a su partido y a su movimiento armado no van a perdonarlo nunca.Ni siquiera sé qué aspecto tiene Rosalba.
Ay de ellos si se niegan a violar su lealtad. Los cariños prometidos se transformarán en desprecios, el Estado se quitará su máscara y de sus nauseabundas fauces brotarán abominables sentencias como la que comentamos. A un revolucionario consecuente, auténtico, fiel a su pueblo, a su partido y a su movimiento armado no van a perdonarlo nunca.Ni siquiera sé qué aspecto tiene Rosalba.
Pero terminar sentenciada en dos meses a cincuenta años de prisión por pertenecer a las FARC, da una idea de la inamovible fortaleza de las convicciones que la acompañan. Si contra ella, mujer, inerme, solitaria, esta oligarquía podrida obra así, es porque teme demasiado a su ejemplo, a su límpida virtud, a su decencia.
El proceso judicial contra el teniente sádico Muñoz, contra quien existen pruebas incontrastables de su bestialidad, como su propio ADN en las niñas violadas y luego asesinadas con sus hermanitos testigos en Tame, no ha tenido avances significativos (los niños fueron torturados y asesinados en octubre 2010). Ni los han tenido las centenares de investigaciones por los llamados ‘falsos positivos’.
El proceso judicial contra el teniente sádico Muñoz, contra quien existen pruebas incontrastables de su bestialidad, como su propio ADN en las niñas violadas y luego asesinadas con sus hermanitos testigos en Tame, no ha tenido avances significativos (los niños fueron torturados y asesinados en octubre 2010). Ni los han tenido las centenares de investigaciones por los llamados ‘falsos positivos’.
El listado de crímenes de toda índole imputables a los miembros de las fuerzas armadas directamente, o por su connivencia con bandas paramilitares, alcanza cifras escandalosas en este país. Cualquier sentencia en estos casos es producto de años y años de pleitos. Hasta han expedido recientemente leyes para garantizarles su defensa nacional e internacionalmente.
El Estado asumirá el costo de sus abogados y de todas las gestiones tendientes a asegurar su inocencia. Con la plata que pagan por impuestos las víctimas de sus atrocidades. La justicia se pierde entre las líneas de los procedimientos, se enreda en toda clase de argucias jurídicas. Siempre que se trate de ilícitos cometidos por los perros de presa del régimen.
Pero si se trata de investigar y condenar a humildes mujeres como Rosalba, que se alzan contra el horror que gobierna a Colombia, la eficiencia del aparato judicial brilla con fulgor. Los prisioneros de guerra muertos el 26 de noviembre no fueron víctimas de la justa nobleza de la guerrillera que condenan, sino de la brutalidad demencial del Estado que la juzga.
Doce o trece años privados de la libertad no es nada si se los compara con los 50 que pagará Rosalba, o los 60 años encadenado hasta para salir a orinar que purga Simón.
Los cuatro prisioneros de guerra muertos no valen más que los miles miles de guerrilleros y civiles ejecutados extrajudicialmente por el Estado durante décadas.
Es eso lo que es urgente mirar.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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