Entramos en un año muy importante para todos los procesos de
liberación en Latinoamérica; su consolidación en varios países, y el
avance de las fuerzas populares en otros, no solamente dependen de su
propio desarrollo interno, sino, además, de la forma en como la economía
mundial vaya configurando los intereses hegemónicos de los países con
mayor capacidad bélica en el planeta.
Es la economía la que determinará
los acontecimientos de 2012, y, seguramente de los años futuros.
No nos son extraños los acontecimientos en Siria, Irán, Rusia o
China; la información que circula en la red sobre la conclusión de
chinos y rusos sobre la vía militar como la única forma de frenar la
voracidad de la maquinaria guerrerista de los países capitalistas en
crisis aporta un nuevo factor, quizá decisivo, al mapa de correlación de
fuerzas en el mundo.
La inminente invasión a Siria, fácil de prever
hace solo seis meses, hoy contiene elementos que podría evitar esta
nueva atrocidad contra la humanidad, o elevar las tensiones a niveles
peligrosos.
Mientras eso sucede, España, Italia y Grecia han sido puestos a
disposición del Fondo Monetario Internacional; Mario Monti y Mariano
Rajoy, en una negación de absurda de los hechos han adoptado medidas que
ya han fracasado, y que, de hecho, han llevado a sus países por la vía
del desastre.
Irónicamente, los Estados Unidos en sus crisis y
descalabros económicos no permite la participación del FMI, acaso porque
sabe lo letal que puede ser esta medicina.
En todo caso, la crisis
capitalista se profundiza, lo que no significa necesariamente el colapso
del sistema, el que lucha incesantemente en recrear sus condiciones de
existencia.
Los países latinoamericanos han podido sortear, en su mayoría
esta crisis sistémica durante 2011, pero los desempeños de sus economías
se verán afectados en 2012 por la inestabilidad del dólar y del Euro,
así como por la volatilidad en los precios de los carburantes.
Si nos
atenemos a las evidencias, la integración de nuestros países ha traído
consigo la posibilidad de sortear mejor las dificultades de la crisis,
resaltando elpapel importante que tienen iniciativas como Petrocaribe,
el ALBA y las misma UNASUR; esto porque, a pesar de las dificultades de
la economía, la tendencia a reducir las brechas de desigualdad
neoliberales, permite mayor capacidad de operación a los gobiernos de la
región frente a la turbulencia financiera mundial.
Ahora bien, nuestros países más pequeños presentan realidades
disimiles, algunos se mantienen alejados del FMI lo que resulta en mayor
soberanía en la toma de decisiones sobre asuntos cruciales, mientras
otros, como Honduras, se rigen bajo los "acuerdos" (entiéndase mandatos)
del Fondo Monetario Internacional, y se conforma con cumplir con las
metas que este demanda.
Aquí debemos ser muy precisos, las medidas que
viene de este organismos buscan reducir la actividad del Estado y su
influencia sobre la actividad económica de los países, asumiendo la
falacia de que el Estado es corrupto y mal administrador, omitiendo por
completo que quien paga las coimas, hace las componendas, compra
magistrados y fiscales, y recluta generales para que den Golpes de
Estado son las elites económicas, las que siguen sin ningún tipo de
regulación, a las que se beneficia con mayores prebendas, jugosos
negocios y hasta se les condonan deudas.
El eje central de la corrupción
y la ineficiencia del Estado es históricamente el dinero de los
acaudalados empresarios, eso hoy es un axioma.
Según la CEPAL, Honduras tendrá un crecimiento de 3.2% en
2012, cifra que para la población no significa nada, y para el gobierno
apenas una cifra modesta que, de concretarse, le permitiría mantener el
nivel de atraso en el que ahora vive.
No podemos olvidar que el caso
hondureño es particular después del golpe de Estado de junio de 2009, y
es importante comprender dos cosas muy importantes al respecto:
a) El
impacto económico directo de la crisis lo han recibido el Estado y el
pueblo hondureño, que ahora está a campo abierto frente a las medidas
neoliberales, sin acceso a programas de reducción de la desigualdad
(claro este no es un propósito del sistema, al contrario); y
b) Los
mayores beneficiarios del mismo golpe de Estado han sido las clases
dominantes del país; la actividad bancaria fundamentalmente, cuyo
cliente principal es el Estado de Honduras, es decir el que le paga
mejores réditos por su dinero.
La deuda externa del país ha crecido nuevamente por encima de
los dos mil millones de dólares, según voceros de FOSDEH, haciendo
olvidar la condonación de que se jactaron durante la administración
Maduro, quien llego a hacer un cínico llamado a gastar dinero que no
existía, sino que, simplemente, dejaríamos de pagar, cuyo servicio era
un dolor de cabeza permanente para los gobiernos hondureños.
La deuda
interna cerca de tres mil doscientos millones de dólares, llega a la
nada despreciable suma de sesenta mil ochocientos millones de lempiras,
casi la mitad de todo el presupuesto aprobado para el 2012.
El pago de las obligaciones de esta deuda significará hasta el
30% del presupuesto aprobado por el congreso nacional, es decir
cuarenta y tres mil doscientos millones de lempiras, o, el equivalente a
SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y
CINCO SALARIOS MINIMOS (calculados a 5,500 lempiras), o el salario por
un año, incluidos 14 pagos, de medio millón de trabajadores.
Esa es la
dimensión desproporcionada que tiene que enfrentar el Estado de Honduras
para pagar a sus acreedores locales; aproximadamente la mitad, según
cifras brindadas por el mismo gobierno en julio de 2011, ira a parar a
las arcas de la banca privada, que hoy es un negocio bastante "prospero"
en medio de un país al borde de la quiebra.
Naturalmente, esta situación se traducirá en una drástica
reducción en el gasto social, y, si el gobierno sigue la lógica de la
mal llamada "disciplina fiscal", la calidad de vida de los hondureños se
verá drásticamente reducida en el año que recién comenzamos.
Importante
aquí mencionar los datos arrojados por la última encuesta de hogares
del Instituto Nacional de Estadística que indica que de poco más de 8
millones habitantes en el país, casi cinco millones y medio somos
pobres, cifra que seguramente aumentara en un año en el que, a menos que
se tomen medidas extraordinarias y soberanas, el país se enfrentara a
una crisis que aun en este momento es impensable.
Las reservas internacionales han caído durante los últimos 6
meses, y para diciembre último se estima que su valor era insuficiente
para cubrir 3 meses de importaciones.
Esta situación servirá para
acelerar, entre otros males, el deslizamiento de la moneda, que ya era
evidente para finales del 2011, lo que contradice abiertamente la
afirmación de la Presidenta del Banco Central de que la medida de
regreso a la banda cambiaria apoyaría una revaloración de la moneda.
El problema sistémico es serio en Honduras, y solo un cambio
drástico, con algunas medidas inmediatas que harían posible el escape a
una debacle.
Primero que nada, habría que hacer una evaluación de la
utilidad que tienen para el país algunos organismos, por ejemplo la
Comisión Nacional de Banca y Seguros que debería desaparecer y regresar
el control de la actividad bancaria al Banco Central de Honduras, visto
que esta Comisión sirve descaradamente los intereses de los Bancos, en
detrimento del pueblo de hondureño.
Asimismo, debería prohibirse de
inmediato la operación de los llamados Buros de Crédito, o Centrales de
riesgo privadas que cumplen una labor de sabotaje contra la población,
que está a merced del cruce de información entre empresas violando la
privacidad de los ciudadanos y cortando las opciones de impulso a la
inversión productiva.
Es tiempo también de repensar la estructura impositiva, pues
la misma premia la renta de los que más obtienen y castiga de mil
maneras al ingreso asalariado.
Las instituciones financieras, para el
caso, deberían tener un régimen tributario especial, que grave su renta
de acuerdo a su dimensión en referencia a la inversión que hacen en el
sector productivo.
A mayor inversión y riesgo, mejores las condiciones
para los entes financieros.
Debe contemplarse en la agenda legislativa el castigo ejemplar
de aquellos que cometen actos dolosos, con penas carcelarias contra
quienes hacen favores a cambio de regalos, coimas u otro tipo de
sobornos, y castigar con el doble de tiempo a quienes pagan por esos
"favores"; en cualquier caso, estas penas por fraude contra el Estado, y
contra el pueblo, no deberían ser menores de 30 años de cárcel para
quienes reciben y sesenta años de cárcel para quienes las pagan.
Aun no entramos en cambios estructurales, pero buscamos la
revitalización de la economía y la construcción de un sistema económico
interno sano y transparente de verdad.
Otro problema inherente a la
situación interna de la economía es el impuesto sobre ventas que castiga
a las mayorías (basta hacer una operación aritmética para saber
quiénes pagan más por este impuesto); por esta razón este impuesto debe
reducirse selectivamente a productos de alto consumo entre la mayoría de
la población, y recalcularse en productos suntuarios.
Estas no son
ideas originales ni mucho menos, son el resultado de un vistazo a la
situación económica nacional, y seguramente figuran en la mente de
muchos hondureños que comparten estas preocupaciones.
El asunto hoy es tomar en serio la situación económica del
país, en medio de un entorno complejo y hostil a las posibilidades
limitadas de una nación pequeña y dependiente.
No podemos seguirnos
preocupando porque se van los Cuerpos de Paz (de dudosa trayectoria en
todo el mundo) mientras somos indiferentes a un problema que se torna
cada vez más inmanejable para todos.