El Gobierno estadounidense no ceja en sus empeños por criminalizar
todo tipo de vínculo con Cuba.
Las represalias durante la actual
administración adquieren cada vez un tono mayor, y en estos casi tres
años muchas empresas y bancos han resultado multados por realizar
transacciones comerciales o financieras con la Mayor de las Antillas.
En esta cacería no ha importado si la compañía que le vende a la
Isla, o realiza negocios u otras operaciones de mercado relacionadas con
ella, es o no estadounidense.
Tan solo conque esté implicado, aunque sea por vía de terceros, un
producto o elemento que tenga la etiqueta Made in USA; o si la relación
con Cuba ha sido establecida por alguna sucursal de una empresa
estadounidense, la firma matriz puede ser castigada con severas multas,
la congelación y el bloqueo de activos. Sus directivos, incluso, hasta
corren el riesgo de ir a la cárcel.
Lo mismo sucede si sus subsidiarias en otros países incurren en la
violación de la absurda y enrevesada arquitectura jurídica que soporta
al bloqueo.
El alcance extraterritorial de este cerco, cobrado después
de la aprobación de las leyes Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996),
es cada vez más feroz.
De esta persecución se encarga la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados
Unidos.
Esta instancia controla e implementa unos 27 programas de
sanciones económicas que, según un informe suyo de 2004, constituyen un
«elemento crucial en la preservación y el avance de la política exterior
y la seguridad nacional de Estados Unidos, y usualmente, son puestos en
práctica a través de diplomáticos y los que hacen cumplir la ley, y,
«ocasionalmente con acción militar», asegura el texto.
En ese entonces la OFAC había crecido mucho, pues pasaba de ser una
oficina de diez empleados a un proyecto de mayor envergadura, con 144
personas a su servicio.
Además de Cuba, en su lista de lo que llama
«adversarios internacionales» se encuentran Siria, la República Islámica
de Irán y la República Popular Democrática de Corea, entre otros.
Organizada en varias divisiones, la OFAC también tiene oficinas en
Miami, Ciudad de México y Bogotá.
En los últimos días, esta agencia develó hasta dónde es capaz de
llegar el cerco contra Cuba, cuando multó a la empresa Flowserve Corp.,
con sede en Irving, Texas, por vender equipos de prospección petrolera a
compañías que mantienen relaciones con la Isla.
Acusada de violar el
bloqueo, la empresa deberá pagar 502 000 dólares, además de abonar 2 500
000 dólares al Buró de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de
Comercio para enfrentar acusaciones de transgredir las normas de
exportación de EE.UU.
Pero ese no es el mayor monto que han tenido que pagar compañías por
tener vínculos con Cuba.
En agosto, el poderoso banco estadounidense JP
Morgan Chase llegó a un acuerdo con el Gobierno y accedió a pagar una
multa de 88,3 millones de dólares por violar restricciones instituidas
por la Casa Blanca para tratados comerciales con Cuba, Irán y Sudán.
Según los expertos norteamericanos Thaddeus McBride y Mark Jensen, esa
fue una sanción «excesiva» en comparación con otras impuestas a empresas
que negociaron con otros países —presumiblemente también en la lista
negra— y se adujo que cometieron faltas más graves. Así y todo, el
castigo impuesto al JP Morgan Chase es inferior a lo que tuvieron que
desembolsar Lloyds TSB (350 millones), Credit Suisse (536 millones) y
Barclays (298 millones) o el holandés ABN Amro (500 millones).
En el caso de JP Morgan Chase, los investigadores estadounidenses
destacan la perseverancia de la OFAC en su rastreo cuando se trata de
relaciones con Cuba. Al parecer, la Oficina no quedó satisfecha con las
revelaciones confesadas por el mismo banco, y obtuvo información de un
tercero (otra institución financiera norteamericana).
«Tal intercambio
de información es un recordatorio de que, sobre todo, dada la
interconectividad del sistema financiero, incluso la presentación de
informes de rutina por las instituciones financieras, pueden ayudar a
identificar los objetivos de la OFAC», advierten McBride y Jensen.
Un expediente sucio de años
Según reconoce la misma OFAC y se lee en su página web, su misión es
«administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales, basadas en
los objetivos de la política exterior y la seguridad nacional de los
EE.UU. contra países extranjeros terroristas, traficantes de narcóticos,
y aquellos implicados en actividades relacionadas con la proliferación
de armas de destrucción masiva».
Sin embargo, este ágil espía está más interesado en hacer cumplir el
bloqueo contra Cuba, a juzgar por el tiempo y la cantidad de recursos
que destina a esa tarea, incluso en tiempos de reducción de presupuesto,
en contraposición con las energías gastadas en el cumplimiento de sus
objetivos declarados.
En 2004 el entonces director de la OFAC, Richard Newcomb, informó en
un comunicado por escrito, en respuesta a preguntas de un comité del
Senado, que la Agencia comprometía cerca del 17 por ciento de su fuerza
laboral en hacer cumplir el cerco contra nuestro país.
En ese momento el senador demócrata Max Baucus, quien se ha expresado
a favor de eliminar la prohibición a los viajes a Cuba, calculaba que
una sexta parte del potente equipo de la OFAC (profesionales con
experiencia en Derecho, especialistas bancarios y de inteligencia) se
dedicaba a rastrear a los estadounidenses que viajan a Cuba para
multarlos por violar una ley que les prohíbe ese derecho constitucional.
Así, por ejemplo, los que muchos denominan «perros de caza» han multado
a los participantes de la Caravana Pastores por la Paz y de la Brigada
Venceremos, porque vienen a Cuba a mostrar su solidaridad sin la
correspondiente licencia del Departamento del Tesoro.
Datos sobre el trabajo de la OFAC en años anteriores revelan la
malintencionada miopía de esta agencia, que dice haber nacido para
castigar a países o redes terroristas y a los proveedores de sus fondos.
Entre 1990 y 2003, sus agentes solo emprendieron 93 investigaciones
relacionadas con el terrorismo, y reunieron entre 1994 y 2003 la ínfima
cantidad de 9 425 dólares en multas relacionadas con esa práctica.
Mientras, en ese mismo período realizaron casi 10 700 investigaciones
relacionadas con Cuba, y recolectaron en ese empeño más de ocho millones
de dólares en sanciones.
Posteriormente, a fines de 2007, la Oficina de Responsabilidad del
Gobierno (GAO)—que ha llegado a asegurar que el bloqueo contra Cuba es
«la red más desarrollada de sanciones económicas impuesta por Estados
Unidos»—, precisaba que entre 2000 y 2006 el 61 por ciento del total de
casos de la OFAC estaban vinculados con la Isla, y que entre 2000 y 2005
las multas por las violaciones al bloqueo representaban más del 70 por
ciento de los castigos impuestos por esa dependencia del Departamento
del Tesoro.
Entre las estrategias de este acoso, la OFAC envía a los nombres en
su lista de «culpables» cartas en las que amenaza con poner multas que
pueden llegar a miles de dólares, o con llevarlos a una audiencia, con
la desventaja de que de antemano ya están condenados, a pesar de ser
inocentes.
En el orden individual, también acude a la artimaña del
arreglo para cobrar una menor cantidad. ¡Pero les cobra! Y lo peor es
que atemoriza para desestimular que otras firmas (o personas) sigan el
«mal ejemplo».
La OFAC ha llegado al extremo de preparar a inspectores aduanales
encargados de detectar a los pasajeros que violan las injustas leyes del
bloqueo, no solo en los aeropuertos de Estados Unidos, sino en puntos
de control establecidos en otros países como Bahamas, Bermudas y Aruba.
Y
no solo cazan a estadounidenses que desestiman la prohibición de viajar
a Cuba: también inspeccionan los vuelos directos y a los pasajeros
nacidos en la Isla que viajan a ella, a quienes les han confiscado
productos como tabaco y ron comprado en la Mayor de las Antillas.
Arodis, cubano residente en Estados Unidos y uno de nuestros
lectores, comentó hace unos meses a este diario la pesadilla que vivió
luego de regresar de unas vacaciones en Cuba.
«Hace aproximadamente seis
o siete años regresábamos de Cuba por Canadá y al llegar a la frontera
de Estados Unidos, ubicada en la ciudad de Buffalo, Nueva York,
detuvieron el auto en el que viajaba con mi esposa y mi hijo a las 2:45
a.m. Con una temperatura bajo cero y nevando me hicieron despertar al
niño, muy pequeño, que comenzó a llorar asustado.
Me dijeron que lo
sacara del auto para revisar y buscar exclusivamente una caja de tabaco y
un frasco pequeño de perfume que traía; me los decomisaron y me dieron
una advertencia; siempre sucede así cuando regresamos de nuestra patria;
te tratan con desprecio, amenazan para intimidar, y así dicen que
respetan los derechos humanos.
Ni un frasco de perfume que te regalaron
tus padres puedes traer».
Los servicios aduaneros de Miami habían realizado inspecciones
«secundarias» sobre el 20 por ciento de los pasajeros procedentes de
Cuba en 2007 con el fin de comprobar que no importaban tabaco, alcohol o
productos farmacéuticos cubanos, según la GAO. Sin embargo, solo el
tres por ciento del resto de los pasajeros fue sometido a revisiones.
La misma GAO llegó a reconocer que el ensañamiento contra Cuba
«reduce la aptitud de los servicios aduaneros para llevar a cabo su
misión, que consiste en impedir que terroristas, criminales y otros
extranjeros indeseables entren en el país».
De hecho, la Oficina
reconoció que hubo fallos en grandes puertos de EE.UU. que aumentan la
posibilidad de entrada de terroristas al país, lo que realmente debería
ser la principal preocupación de los servicios aduaneros, desde la
histeria desatada con los ataques terroristas del 11 de septiembre de
2001. Sin embargo, tienen órdenes de acosar a inocentes.
Cualquier incauto hubiera esperado que con las medidas anunciadas por
Barack Obama en enero de 2011, entre las cuales se encuentra la
autorización de viajes de norteamericanos a Cuba con fines académicos,
culturales y religiosos, Washington disminuiría también el acoso a los
estadounidenses que no califican en estas categorías pero insisten en
viajar a la Isla. Erich Ferrari, abogado y especialista en asuntos de la
OFAC, advirtió:
Por muy excitante que sea esta noticia, no rompan aún
sus guayaberas.
El gran cambio que todos han estado esperando aún no se
ha hecho.
Los viajes turísticos están aún prohibidos.
En efecto, Washington solo ha restablecido algunas disposiciones que
estuvieron en vigor en la década de los 90 bajo la administración de
Clinton, y que fueron eliminadas por Bush. Pero nada ha cambiado. El
bloqueo no solo sigue intacto: se ha recrudecido.
Jorge L. Rodríguez González
jorgeluis@juventudrebelde.cu
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