El hambre no es resultado de las sequías.
En estos días, muchos
medios de comunicación se han hecho eco de superficiales y mal
intencionadas declaraciones de funcionarios de organismos
internacionales, quienes para referirse a ese flagelo que tanto está
golpeando a Somalia y a otros países del Cuerno de África, culpan a la
Naturaleza, que en los últimos años se ha encaprichado en ser dura con
pueblos que históricamente han dependido de la agricultura y la
ganadería.
Sin embargo, estas versiones son insuficientes para explicar el drama
cotidiano de 12,4 millones de personas en lo que ya hoy se conoce como
el Triángulo de la Muerte (Somalia, Etiopía, Kenya) que sufren una
severa escasez de alimentos y necesitan desesperadamente, para
sobrevivir, una ayuda que, como siempre, es insuficiente y tarda en
llegar.
¿Cómo sostener que la mayor culpa recae en un clima duro y seco
cuando en el mundo se produce comida para 12 000 millones de personas,
según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO), y en el planeta habitan 7 000
millones? El problema no es de escasez de alimentos, sino de
distribución; de la especulación y del acaparamiento de las tierras.
Las
grandes empresas o fondos de inversión extranjeros las compran para
producir granos que se destinan a los mercados internacionales, donde
los precios andan por los cielos gracias a la especulación con los
alimentos.
La población somalí no escapa al fenómeno, agravado por problemas
políticos como el hecho de que hace 21 años en su país no existe un
Gobierno central.
Además de estos factores, se imbrican otros que junto a la actual
sequía, la mayor en 60 años, conforman una mezcla lo suficientemente
mortífera: una economía vulnerable y no diversificada heredada del
colonialismo, la dependencia de la ayuda externa y el resultado
desastroso de la aplicación de los programas de ajuste estructural del
Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El zarpazo neoliberal
Luego de su independencia en 1960, aún quedaban rezagos del
colonialismo que dislocaron la economía tradicional de Somalia, basada
en el intercambio entre los agricultores de los valles fértiles del sur
con las tribus pastoriles que ocupaban las partes más secas del
territorio.
Una vez rota esta forma de relación, los somalíes dependían
totalmente de la administración colonial.
No obstante, a partir de los años 60 del pasado siglo, esa nación
alcanzó indicadores económicos y sociales añorados hoy por ese pueblo,
que llegó a tener sanidad y enseñanza aceptables, mientras el desarrollo
de la agricultura y la ganadería lo convertían en autosuficiente para
alimentar a su población, a pesar de la recurrente ausencia de las
lluvias.
En ese momento, Somalia contaba con el respaldo de la antigua URSS;
pero luego de que sus autoridades de entonces decidieran atacar Etiopía
para anexarse la región del Ogadén, la mediación soviética logró un
acuerdo de paz que no fue respetado por Mogadiscio, y el país se alió a
Estados Unidos.
A partir de entonces comenzaron los problemas.
Con ese
viraje, el Estado somalí abrió las puertas de la nación al BM y el FMI
con sus recetas neoliberales, presentadas como el boleto al desarrollo y
la prosperidad y que resultaron, como en todos los demás países en los
que se aplicaron, un total fracaso, y condujeron a una dependencia
completa de esos organismos financieros internacionales.
El amplio paquete dictado por el Fondo y el Banco Mundial incluía las
fuertes devaluaciones de la moneda nacional que engrosaron hasta
niveles asfixiantes las deudas contraídas; la reducción del gasto
sanitario en un 78 por ciento desde 1975 a 1989; el de educación, de 82
dólares anuales por niño a apenas dos dólares en 1986. Sin embargo, los
gastos militares alcanzaron los 200 millones de dólares en la década de
los 80.
La entrada masiva de productos subvencionados de multinacionales
agroindustriales norteamericanas y europeas, hizo desleal competencia a
los campesinos de Somalia. Así, la imposición de la importación de
alimentos resultó funesta para la agricultura y la ganadería, base de la
subsistencia del pueblo somalí.
Ello, además del fomento de la política
de monocultivos para la exportación, forzó paulatinamente el abandono
del campo.
Estas acciones, junto a las privatizaciones y medidas de
liberalización financiera, también impulsadas por el FMI y el BM,
dispararon la deuda de poco más de mil millones de dólares en 1981 a 2
300 millones en 1990.
En la actualidad, el monto es de 3 000 millones de dólares (más del
300 por ciento en relación a su PIB) y podría ser mayor, de no ser
porque una vez que colapsó el Estado, las entidades financieras
occidentales dejaron de prestarle dinero sabedoras de las dificultades
para recuperarlo en un país donde no existe siquiera un banco central.
Según la Campaña Quién debe a Quién, en estos años el aumento de la
deuda externa somalí se debió principalmente a intereses por impagos que
se acumulan a la deuda pendiente (incluyendo la principal y los
intereses por créditos).
Desde 1991, el Gobierno de Somalia solo ha
realizado un pago de servicio de deuda en 1996 (2,7 millones de dólares)
por lo que, de facto, se trata de un Estado en suspensión de pagos.
La destrucción de la economía y la caída de los indicadores sociales
constituyeron la base de la guerra en ese país a partir de 1991, y de la
desintegración de la sociedad y del Estado.
Luego de varios años en los que se disparaban las cifras de los
cientos de miles de afectados por la hambruna y enfermedades como la
malaria, la acción de las organizaciones internacionales ha sido muy
criticada, no solo por su respuesta ineficiente.
Después de los
atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos y la consiguiente
«clasificación» de Somalia como «nido de terroristas» según la potencia
norteamericana, muchas organizaciones no gubernamentales abandonaron el
país.
El 2006 prometía ser un año de recuperación después de los estragos
de la guerra y la pérdida de muchos cultivos por la sequía.
Sin embargo,
el Programa Mundial de Alimentos (PMA) comenzó a distribuir toda la
ayuda de años, justo cuando los campesinos somalíes llevaban sus
cosechas a los mercados locales, por lo que les resultó casi imposible
vender sus granos y tuvieron que enfrentarse a un gran desastre.
Lo
mismo ocurrio un año después, contribuyendo al desestímulo de la
agricutura, bastante golpeada ya por las políticas neoliberales.
Los mares robados
En este complejo escenario heredado del colonialismo y las políticas
draconianas de los países ricos, Somalia tampoco puede contar con los
ingresos que recibía de la pesca antes de 1991.
Las grandes flotas del
Primer Mundo han aprovechado la inexistencia de un Estado para saquear
los grandes bancos pesqueros somalíes. Solo en 2005, más de 800
pesqueros operaban allí.
El robo de la riqueza piscícola está valorado
en los 450 millones de dólares anuales.
Ahora, ese saqueo es protegido por barcos de guerra de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y de las principales
potencias que justifican su presencia allí con el auge de la piratería.
Sin embargo, este también es un fenómeno que se ha disparado en 21 años
de lo que se ha dado en llamar Estado fallido; pues muchos de los
primeros corsarios modernos fueron pescadores que protegían sus mares,
luego que la ONU no escuchó sus denuncias al respecto.
También, a partir de los años 90 del siglo pasado, buques europeos
comenzaron a utilizar los mares somalíes como un basurero de desechos.
El tsunami de 2004 que golpeó el sureste asiático trajo a las costas la
prueba de ello: residuos nucleares y sustancias pesadas como uranio,
plomo, cadmio y mercurio.
El saldo de la irresponsabilidad de las
compañías europeas, principalmente de la mafia italiana muy vinculada al
negocio del traslado de esos desechos, no solo fue poner en peligro la
fauna de los mares somalíes, sino la muerte de más de 300 personas y 5
000 desplazados.
Muchos sufrieron agudas infecciones en las vías
respiratorias, hemorragias intestinales y reacciones químicas atípicas
en la piel.
También nacieron niños malformados.
En este caso, como en el del robo de los recursos pesqueros, el
pueblo somalí no tuvo otra respuesta por parte de la comunidad
internacional que no fuera la militarización de sus costas y del Golfo
de Adén, para poner a resguardo a las transnacionales expoliadoras de
sus países, las cuales continúan saqueando el mar somalí al tiempo que
se aseguran una de las principales rutas de transporte del petróleo.
Viejas señales, pero no escuchadas
•Noviembre de 1998: 700 000 somalíes afectados por
la hambruna, según el PMA. La epidemia de malaria y diarreas
hemorrágicas que se desató luego de fuertes inundaciones dejó unos 1 500
muertos.
•2001: 300 000 personas, en el sur, en riesgo de hambruna.
•Septiembre de 2004: La falta de comida llega a
afectar al millón de personas. Se necesitan 119 millones de dólares para
paliar su hambre, pero la ONU dispone de solo 35 millones.
•2007: La tasa de malnutrición estaba en el 17 por
ciento, apenas a dos puntos de lo que se considera como catástrofe
humanitaria; la quinta parte de los menores de cinco años sufrían ese
flagelo en diez regiones del país.
•Mayo de 2008: Según la FAO, 2,6 millones de personas (35 por ciento de la población) necesitan ayuda.
•2009: 200 000 niños desnutridos, 60 000 de ellos en peligro de muerte.
•Marzo de 2010: el 40 por ciento de la población depende de la ayuda humanitaria.
•2011: 3,7 millones de personas, cerca de la mitad
de la población, necesitan asistencia para sobrevivir. 640 000 niños se
encuentran desnutridos y 140 000 niños enfrentan una muerte inminente,
según UNICEF.
Sin embargo, de 1 060 millones de dólares que se necesitan para
Somalia, solo se han recibido unas pocas donaciones y promesas de ayuda
que apenas frisan los 429 millones.
