La muerte de nuestros queridos compañeros Jerónimo y Emo
Sadloo, símbolos de la lucha contra la dictadura, y ahora la reciente
ofensiva del Operativo “Xatruch II” en la región del Valle del Aguán,
han sacudido a la Resistencia hondureña.
De igual manera el retiro de
Oscar Alvarez y de la cúpula policial ha sacudido al gobierno de
Porfirio Lobo.
Muchas interrogantes se han levantado a partir de estos y otros hechos similares, en busca de entender hacia dónde camina Honduras.
Este escrito pretende hacer un aporte para tener una comprensión global de la coyuntura actual y de su tendencia futura, para que podamos estar preparados con mejores estrategias.
Mi tesis principal es que en Honduras estamos viviendo la profundización de un modelo de dominación basado en el terrorismo de estado al estilo Colombia y México, caracterizado por la creciente militarización de nuestra sociedad y por una mayor intervención de las fuerzas militares norteamericanas, que conducirá a Honduras a una vorágine de violencia aún superior en el contexto de una guerra contra la “subversión” y el “narcotráfico”, cuyos contornos comienzan a verse en el horizonte.
Es a esto que llamamos la “colombianización” de Honduras.
He dividido la exposición en tres partes.
En la primera hacemos un rápido
repaso a lo que pasa en Colombia y México, países donde esta estrategia
se modela; en la segunda parte analizamos los antecedentes inmedidatos
de esta estrategia en Centroamérica, particularmente sobre la “Guerra
contra las Maras”; y en la tercera, analizo la situación actual, los
retos que plantea para el Pueblo hondureño y algunos lineamientos de
estrategia que podrían servir frente a ese escenario.
PRIMERA PARTE
LA EXPERIENCIA COLOMBIANA Y MEXICANA
El Plan Colombia
En Colombia existe un viejo conflicto político militar entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la más fuerte de las organizaciones guerrilleras de ese país, y el estado burgues colombiano.
Este movimiento insurgente ha sobrevivido por décadas a las embestidas
militares apoyadas por Estados Unidos, gracias a su base de apoyo en el
campesinado y a su elevada capacidad estratégica.
En el año 1999, el gobierno del Presidente Pastrana pactó con el presidente norteamericano Bill Clinton un plan de cooperación denominado “Plan para la Paz, la Prosperidad y el Fortalecimiento del Estado”, conocido como Plan Colombia. Este fue presentado inicialmente como un plan de desarrollo del Estado de Derecho colombiano que canalizaría recursos de la cooperación externa hacia el fortalecimiento de una sociedad democrática.
Pero la intención era otra.
El plan de Estados Unidos era fortalecer a las
Fuerzas Militares en su lucha contra las FARC, dado que este movimiento
armado se fortalecía en lugar de debilitarse. Otro motivo de
preocupación para los Estados Unidos fue el triunfo de gobiernos
progresistas y de izquierda en América del Sur desde el ascenso de Hugo
Chávez al poder en 1998.
De ahí que el Plan Colombia nunca fue una iniciativa para fortalecer la democracia colombiana, sino una operación político-militar del imperio para tender un cerco a la guerrilla de las FARC y de otros movimientos insurgentes, y para ejercer presión sobre los gobiernos progresistas latinoamericanos.
El Plan incluye la presencia directa de centenares de “asesores” militares norteamericanos, el apoyo con servicios de inteligencia, la venta masiva de equipo bélico y entrenamiento a los militares colombianos, al costo aproximado de siete mil millones de dólares en los últimos diez años.
El estado colombiano “justifica” la militarización asegurando que es necesaria en la guerra contra el narcotráfico. De igual manera, Estados Unidos justifica su apoyo al Plan Colombia con el pretexto de ayudar al gobierno colombiano en su lucha contra las drogas, para lo cual hacen una campaña presentando a las FARC como “narco terroristas”.
La realidad es que con el Plan Colombia, la producción de droga aumentó en lugar de disminuir. John Walters, Director de la Oficina de Control de Drogas de la Casa Blanca, brinda información que es resumida asi: En 2002 se produjeron 900 toneladas metricas, en 2006, se produjeron 1000 y en 2007 TM, 1400 TM (citado en: lacocalocacompany.
Para Mark Schneider, vicepresidente del International Crisis Group, el Plan Colombia es un fracaso. “No redujo los cultivos, no bajó la producción, ni detiene la venta en los mercados. En 1999 se cultivaba hoja de coca en nueve departamentos colombianos, las fumigaciones han esparcido las siembras a 23 departamentos”[2].
Es obvio que el Plan Colombia no ha servido para frenar el narcotráfico. ¿Entonces para qué ha servido? Ha servido para intentardebilitar a las organizaciones revolucionarias colombianas, presionar a los gobiernos de izquierda de Suramérica y mantener oprimido al movimiento obrero y campesino colombiano.
En los últimos años, la acción combinada del ejército colombiano y del apoyo norteamericano en el marco del Plan Colombia y de su sucesor el Plan Patriota, tuvo como resultado importantes golpes militares a las FARC[3], pese a lo cual esta organización sigue activa, asi como el “ablandamiento” del gobierno de Hugo Chavez quien ahora colabora con el gobierno de Manuel Santos en la represión a la organización guerrillera[4], y, por otro lado, ha logrado la más brutal represión del movimiento obrero y campesino colombiano.
Colombia es hoy el país donde se asesinan más sindicalistas en el mundo[5] y es el segundo país donde hay más desplazados en su propio territorio[6]. En total han sido desaparecidas 62 mil personas, de las cuales 38 mil ocurrieron entre 2007 y 2009.[7]
Además de lo anterior, el Plan Colombia entró en 2010 en una nueva fase: la intervención militar directa de Estados Unidos. Un pacto hecho con el Presidente Obama en 2010, incluyó el establecimiento de siete bases militares estadounidenses que le permitirán intervenir en cualquier lugar de América del Sur.[8]
Eso significa que el combate a las drogas es solo una excusa para salirse con sus intereses geo estratégicos en la región.
La “Guerra contra el Narco” y la “Iniciativa Mérida” en México
El modelo del Plan Colombia fue posteriormente ensayado en México a partir de 2006 en la llamada “Guerra contra el Narco”.
Debe recordarse que México estaba en ebullición política desde la insurrección zapatista de 1994 y que sufrió una crisis de dominación a partir de 2006 cuando el actual presidente mexicano, Felipe Calderón, se impuso mediante un escandaloso fraude electoral al candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador.
La mayoría del pueblo mexicano se levantó en una insurrección pacífica
en 2006 saliendo por millones a las calles contra el gobierno
fraudulento, de manera similar al levantamiento popular que hemos tenido
en Honduras en respuesta al Golpe de Estado.
Para contrarrestar esa crisis política, el gobierno de Felipe Calderón y los estrategas norteamericanos diseñaron un escenario de “Shock”[9] ; esto quiere decir un escenario en el que, mediante una serie de acontecimientos traumáticos, se induce a la población a un estado de máxima alerta contra una supuesta amenaza, con el efecto de disminuir su atención a otros temas.
En ese estado de “shock” la población se vuelve
dócil ante el poder del Estado para aceptar un trato que en condiciones
normales no permitiría.
Es la misma estrategia que ha aplicado George
Bush desde el 11 de septiembre 2011, para hacer aprobar leyes
autoritarias que contradicen la tradición de respeto a los derechos
civiles hasta entonces existente en los Estados Unidos.
Estudiosos han demostrado que ninguno de los argumentos esgrimidos por Calderon para justificar la “Guerra contra el Narco” estaba sustentado en la realidad.[10] De todos modos, la “Guerra” fue impuesta.
Los objetivos del gobierno mexicano han sido introducir el autoritarismo militar-policial en la vida cotidiana de los y las mexicanas, colocar en segundo plano la demanda social, criminalizar la protesta social y cerrar el conflicto político desatado con Lopez Obrador.
Por su parte
los Estados Unidos buscan fortalecer sus nexos con el ejército mexicano y
crear una situación que justifique su creciente intervención militar
directa, incluida la instalación de bases militares en ese pais.
La estrategia del gobierno fraudulento de Calderón fue aprovechar las disputas que los distintos cárteles del narcotráfico tienen por el mercado de la droga en Estados Unidos, exacerbándolas e interviniendo con una masiva presencia militar supuestamente para eliminar su poder.
De esa forma Calderón le declaró la guerra a los narcos, arrastrando a
toda la nación a un conflicto en donde los gringos ponen los dólares y
los mexicanos y mexicanas los muertos.
En 2008 el gobierno de Felipe Calderón pactó con el Presidente George Bush la denominada “Iniciativa Mérida” que contempla un plan de apoyo al ejército mexicano en su campaña militar contra las bandas de narcotraficantes, a un costo de 1,600 millones de dólares en tres años (2008-2010). Además de México, este proyecto abarca también a Centroamérica, República Dominicana y Haití que recibirían una porción de esa cantidad, como veremos más adelante.
Estados Unidos ha donado una gran cantidad de equipamiento militar al ejército mexicano,[11] y este ha realizado miles de operativos contra los carteles de la droga.
La reacción de los narcos ha sido espantosa. En cinco años (2006-2011)
se cuentan alrededor de 35 mil personas asesinadas por ambos bandos,
20,000 desaparecidos y un número indeterminado de desplazados forzados
por la violencia (en dos distritos de Chihuahua, por ejemplo, bajaron la
cantidad de habitantes con relación al 2005 un 30 por ciento en
promedio); son cientos los decapitados, descuartizados, quemados en
ácido y enterrados en fosas comunes; asimismo muchos centroamericanos
migrantes han muerto en decenas de masacres, como la reciente ocurrida
en Tamaulipas, donde murieron decenas de hondureños y hondureñas[12].
La “Guerra contra el Narco” ha tenido efectos devastadores sobre el
tejido social mexicano, disparando los niveles de inseguridad como pocas
veces ha vivido ese país desde la guerra civil del siglo pasado.
Pese a ese costo, el Plan Mérida ha fracasado en su objetivo declarado de la lucha contra la droga. La provocación a los carteles de la droga derivo en una violencia aún mayor que la que supuestamente se quiso evitar, a la vez que se expandió a todo el país.
Lo reconocen los mismos norteamericanos: “La forma de seguir adelante no es la Iniciativa Mérida…ha fracasado en colocar fechas concretas, metas tangibles o guías estratégicas para asegurar el uso exitoso de estos fondos…
Y mientras tanto los carteles
de la droga han continuado trabajando a partir de una estrategia
coordinada para minar al Estado Mexicano a través de acciones
insurgentes que incluyen violencia, corrupción y propaganda… Desde 2006,
los cárteles de la droga han evolucionado hacia una forma de
organización más resistente, más diversificada y más transnacional”, ha dicho Connie Mack, representante republicano ante la Cámara de Representantes por el Estado de Florida.[13] Por ello los republicanos abogan ahora por una política más “agresiva”, léase intervencionista.
Ese fracaso no impide a la oligarquía mexicana y a los Estados Unidos tener importantes beneficios de orden político, económico y militares. Estos son los efectos no declarados, ocultados por el gobierno mexicano:
a) México, país orgulloso por su formalidad democrática, ha visto reducidas sus libertades públicas, tanto por el temor del público a la violencia, como por la introducción de reformas a las leyes primarias y secundarias que restringen la libertad de expresión, manifestación, asociación y el derecho a la protesta social;[14]
b) han aumentado, como pocas veces en su historia, los casos de violaciones a los derechos humanos (se contabilizan 6,518 quejas por violar derechos humanos contra la SEDENA y la Policía Federal)[15];
c) se criminaliza a los defensores de derechos humanos y muchos de estos han sido ejecutados extrajudicialmente;
d) ha aumentado la represión al movimiento obrero y campesino mexicano y el incumplimiento de los acuerdos con las comunidades zapatistas del Sur de México;
e) se utiliza de la “Guerra contra el Narco” como un mercado en beneficio de la industria armamentista de Estados Unidos (por ejemplo, el 85% de las 104 mil armas decomisadas a narcotraficantes fueron vendidas en tiendas de Estados Unidos).[16]
Estos efectos han sido muy convenientes a la oligarquía mexicana y a la industria militar norteamericana y en eso el Plan Mérida no ha fracasado, desde el punto de vista de sus intereses.
Más bien, existen
indicios de que la continuación del narcotráfico y la sangrienta guerra
contra este son convenientes a los sectores de poder por lo que podrían
estarlo fomentando para tener logros aún mayores.
Existen evidencias
sobre la entrega clandestina de armas de parte de autoridades de Estados
Unidos a bandas de narcotraficantes, como fue revelado en el
escandaloso caso “Rápido y Furioso”[17].
Incluso existen investigaciones que responsabilizan al gobierno de
Calderón de favorecer al Cartel de Sinaloa en su guerra contra los otros
carteles[18] acusación que también extienden a la DEA y al FBI[19], como una forma de prolongar el conflicto.
Las lágrimas de cocodrilo de los republicanos que se lamentan de los pocos resultados del Plan Mérida, no se deben a que les preocupe la salud de los jóvenes drogadictos de su país, sino que es un discurso para justificar el paso a una etapa superior de su intervencionismo. De hecho, se comienzan a dar denuncias sobre la construcción de una base militar norteamericana en Puebla[20].
Como bien ha dicho el Sub Comandante Marcos, del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, “¿Qué mejor guerra para los Estados Unidos que una que le otorgue ganancias, territorio y control político y militar sin las incómodas body bags y los lisiados de guerra que le llegaron, antes, de Vietnam y ahora de Irak y Afganistán?”[21]
La Doble moral de la lucha contra las drogas
En ambos casos existe una doble moral sobre el tema de las drogas de parte de Estados Unidos y de los gobiernos colombiano y mexicano. Esa ambivalencia no es nueva.
En los años 80s quedó en evidencia la
hipocrecía del discurso antinarco con elescándalo Irán-Contras,
el cual reveló que muchas operaciones encubiertas de la CIA incluían el
fomento del tráfico de drogas hacia Estados Unidos para financiar a sus
aliados anti-sandinistas (ver recuadro). Conducta que ha sido común en
otras regiones donde los norteamericanos han intervenido, como también
sucedió y sigue sucediendo en Afghanistán[22].
Conclusiones de la 1a parte:
Algunas conclusiones de los casos colombiano y mexicano son:
1. Ambas experiencias indican que los Estados Unidos desarrolla estrategias para contrarrestar movimientos de insurgencia armada (como las FARC en Colombia) y de insurrección pacífica (como la convocada por Lopez Obrador en México) fortaleciendo las Fuerzas militares y policiales en esos países mediante la inyección multimillonaria de recursos, lo que a su vez beneficia su industria armamentista.
2. La lucha “anti drogas” sirve a los Estados Unidos como una cobertura política para justificar la militarización de las sociedades, aunque en realidad se trata de un pretexto con el que encubre sus verdaderos objetivos geo políticos, económicos y militares; éstos son apuntalar a regímenes opresores que estan en crisis, combatir la insurgencia armada o pacífica, presionar a gobiernos progresistas, generar una mayor dependencia de su “ayuda” militar, abrir mercado para sus armas, posicionarse estratégicamente con personal “asesor” o combatiente, e incluso establecer bases militares en territorio local para para realizar sus objetivos de fondo, así tenga que eventualmente fomentar el narcotráfico.
3. La política militarista es aplicada por los gobiernos locales con sus propios objetivos de consolidación política, con el efecto de fortalecer los rasgos más autoritarios y fascistas de sus Estados, dándole poderes omnímodos a sus cuerpos armados con el apoyo de los norteamericanos.
4. El costo para la población de estas políticas militaristas y autoritarias es el sacrifcio de miles de vidas, la violación masiva de derechos humanos, la implantación de la violencia extrema en la cotidianidad, el cercenamiento de libertades y derechos ciudadanos y el desarrollo de tendencias autoritarias desde sus gobiernos.
[1] http://lacocalocacompany.
[2] (http://lacocalocacompany.
[3] Algunos de los más duros golpes que la ofensiva militar colombiana-norteamericana han dado a las FARC son: la eliminación de algunos de los líderes de más alto nivel en la organización (Raul Reyes, el “Mono Jojoy” e Iván Ríos) las que se suman a la muerte por causa natural de Manuel Marulanda “Tiro Fijo”, líder histórico de la organización, y el operativo de rescate de la candidata presidencial Ingrid Betancour.
[2] (http://lacocalocacompany.
[3] Algunos de los más duros golpes que la ofensiva militar colombiana-norteamericana han dado a las FARC son: la eliminación de algunos de los líderes de más alto nivel en la organización (Raul Reyes, el “Mono Jojoy” e Iván Ríos) las que se suman a la muerte por causa natural de Manuel Marulanda “Tiro Fijo”, líder histórico de la organización, y el operativo de rescate de la candidata presidencial Ingrid Betancour.
[4] Los episodios de esta colaboración son múltiples pero el caso que desbordó la indignación latinoamericana fue el del periodista Joaquín Perez Becerra y del cantautor Julián Conrado, ambos opositores al represivo gobierno de Bogotá, que fueran entregados por el gobierno venezolano a la policía colombiana, no sin antes despertar la condena de centenares de organizaciones y personalidades democráticas y populares de todo el mundo.
[5] Según la Confederación Sindical Internacional, en Colombia se presentó el 63,12% de los asesinatos de sindicalistas en el mundo durante la última década. Entre el 1º de enero de 1986 y el 30 de abril de 2010, se han cometido al menos 10.887 hechos de violencia contra sindicalistas, de éstos 2.832 han sido homicidios. Durante el período de Gobierno del Presidente Uribe han asesinado a 557 sindicalistas (http://www.
[6] Hasta mayo de 2011 el Gobierno de Colombia ha registrado a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país. ONG como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) consideran que la cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80 supera los 5 millones de personas (http://www.acnur.org/t3/
[7] www.diariocritico.com/
[8] Las bases son las de Malambo, en el departamento del Atlántico; La Base Militar de Palanquero, en la región del Magdalena Medio; La Base Militar Apiay, en el departamento del Meta; las bases navales de Cartagena y Bahía Málaga el Pacífico; y ahora, el centro de entrenamiento deFuerte Militar Tolemaida y el Fuerte Militar Larandia en el departamento de Caquetá.
[9] La Teoria del Shock ha sido desarrollada por la investigadora Naomi Klein a partir de su trabajo “La Doctrina del Shock. EL Auge del Capitalismo del Desastre”, Editorial Paidos (2007)
[10] Puede verse una refutación a todos sus argumentos en el análisis de Oyarvide Morales, Cesar, “Guerra contra el Narcotráfico en México. Debilidad del Estado, orden local y fracaso de una estrategia”, Universidad complutense, Madrid, http://www.apostadigital.com/
[11] Para 2011 se habían entregado 612 millones de dólares en equipo, capacitación y otros materiales, según un Comunicado del Departamento de Estado de fecha 16 de septiembre de 2011 (“Estados Unidos defiende el Impacto Positivo de la Iniciativa Mérida”, Proceso Digital, 16-9-2011, disponible en; http://www.proceso.hn/2011/09/
[12] Comité Cerezo de Derechos Humanos, “Informe 2009-2010” (http://www.comitecerezo.org/
[13] “Urgen en EU plan Contrainsurgente”, EL Universal, Mexico , edición del 14 de septiembre de 2011.
[14] Comité Cerezo, obre citada.
[15] Comité Cerezo, obra citada.
[16] “Industria armamentista de EU, responsable de muertes en México: Calderón. sábado 11 de junio de 2011 , en;http://www.mundonarco.com/
[17] Operación “Rápido y Furioso” fue el nombre con el que se denominó el plan de acción que tomó la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (BAFT, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, para vender armas a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera con México con el objetivo de poderlas rastrear y darle seguimiento, esperando identificar a los responsables que traficanarmamento que luego va a parar a manos de narcotraficantes.
Esto sucedió de octubre de 2009 a septiembre de 2010, tiempo en el cual se calcula que se traficaron de 1.500 a 2.500 armas que
ingresaron a territorio mexicano de forma ilegal, de las cuales 797
fueron recuperadas.
Todo esto pasó sin que las autoridades
norteamericanas informaran o alertaran al Gobierno de México sobre el
operativo y las posibles consecuencias que podría acarrear.
El agente de
la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, John
Dodson, asignado a la zona fronteriza de Phoenix, Arizona, declaró a la
cadena de televisión CBS y a The Center of Public Integrity (CPI),
detalles sobre el operativo “Rápido y Furioso” en el que participó por
órdenes de sus superiores, permitiendo la venta y el tráfico de armas en
la zona fronteriza.
En sus afirmaciones, Dodson aseguró que el programa
tuvo muchas críticas y que a pesar de eso, se mantuvo hasta septiembre
de 2010. También señaló que uno de los argumentos que recibieron de sus
superiores para no detener este operativo fue que “no se puede tener omellet sin romper algunos huevos”,
como referencia al riesgo que implicaba esta acción.
Pero según este
agente, el peligro todavía no termina ya que la mayoría de las armas
andan en la calle y en manos de grupos criminales: “no hay nada que podamos hacer para reunir las armas, se han ido”, dijo. (http://www.suite101.net/news/
[18] Ver: http://www.noticiasaldia.com.
[18] Ver: http://www.noticiasaldia.com.
[19] “DEA poya a `El Chapo`: `El Vicentillo`”. La Parada Digital, disponible en www.laparadadigital.com/
[20] La denuncia fue realizada por Enrique Alcántara Dzgaip, miembro de Izquierda Democrática Nacional (parte del PRD), quien alertó sobre la construcción de una base militar de forma subrepticia en el estado de Puebla, en la zona central de México. Alcántara Dzgaip dijo en Orizaba, Veracruz, que la presentación del proyecto estuvo a cargo del gobernador Rafael Moreno Valle y Keith W. Mines, director general de Iniciativa Mérida. Aparentemente el Buró Federal de Investigación (FBI) Servicio Secreto, ICE, NCSI, entre otros tendrán injerencia directa en esta base, según recoge sus declaraciones el sitio Pluma Libre.
La construcción de la base militar habría iniciado este de 10 de mayo en la zona Los Encinos de la junta auxiliar de San Salvador Chachapa un lugar destinado para reserva ecológica que ahora pasaría a ser reserva militar. Enrique Alcántara Dzgaip es coordinador del Frente Amplio Regional de Orizaba (FARO) del PRD (Denuncian que USA ya construye bases militares en México, Urgente24.com, 17-5-2011. Disponible en: http://www.urgente24.com/
[21] “Subcomandante Marcos cuestiona la guerra contra el crimen organizado”, CNN, edición del Lunes, 14 de febrero de 2011
[22] Sobre el caso del fomento del opio en Afghanistan: “la adormidera (opio) financió la guerra contra las tropas soviéticas, con el beneplácito de EEUU. Según Alfred McCoy, Afganistán, productor de adormidera, y Pakistán, base de cientos de laboratorios, se convirtieron en los mayores productores de heroína del mundo.
Los
enormes beneficios de la heroína sirvieron además para financiar el
programa nuclear del dictador islámico-integrista de Pakistán, general
Zia Ul-Haq.
En 1984, Osama Bin Laden fundó y organizó a instancias de la
CIA la Oficina de Servicios para canalizar los millones de dólares que
habían de poner en pie de guerra un ejército de mujahidines contra los
soviéticos; una fuente importante de esos millones era el tráfico de
heroína.
Como ha reconocido Charles Cogan, que fue director de esa
agencia para el sector de Afganistán, se sacrificó la guerra contra la
droga por la Guerra Fría. (…)”. Fuente: Xavier Caño Tamayo La heroína como telón de fondo de la guerra en Afganistán, Las razones ocultas de la guerra. Centro de Colaboraciones Solidarias , Opinión – 09/12/2001
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