Una fosa común que podría contener centenares de víctimas de la
represión franquista fue descubierta en Jerez de la Frontera (sur) y
podría ser la segunda mayor hallada hasta el momento en el estado
español, anunciaron hoy defensores de la recuperación de la memoria
histórica. "Se calcula que hay centenares, se estima que podría haber unos 600 cuerpos", dijo Edurne Rubio, portavoz del Foro por la Memoria, una de las asociaciones dedicadas a descubrir las fosas donde yacen miles de víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior represión franquista.
La fosa podría ser la segunda mayor descubierta en el estado, después que en 2008, según datos oficiales, se descubriera una fosa con 2.840 cuerpos en San Rafael, en la provincia de Málaga.
La fosa ahora descubierta se encontraría en un lugar conocido como el Cortijo del Marrufo, en el término municipal de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz, y los cuerpos pertenecerían a ejecutados durante la Guerra Civil, según la misma fuente.
"Se han hecho catas (prospecciones) y se han descubierto cuerpos a una profundidad pequeña, de 30 o 40 cm", añadió Rubio, antes de agregar que también se pasó un detector de metales por la zona, que permitió la recuperación de restos de proyectiles.
El descubrimiento de esta fosa es fruto de diez años de "investigaciones, recogidas de testimonios orales", concluyó la portavoz.
El gobierno español publicó en mayo pasado un mapa con más de 2.000 fosas comunes con víctimas de la Guerra Civil (1936-1939) y de la represión franquista, en el marco de la denominada Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, destinada a rehabilitar a las víctimas de la dictadura franquista (1939-1975) y que incluye ayudas para la localización y apertura de fosas.
En la Guerra Civil y los primeros años del franquismo desaparecieron unas 114.000 personas, según datos de la investigación iniciada por el juez español Baltasar Garzón en 2008.
Por esas pesquisas, el magistrado fue suspendido de sus funciones y será juzgado por el Tribunal Supremo español tras ser denunciado por grupos de ultraderecha que estiman que Garzón actuó sin tener competencia para ello.
